Invitó Javier Ruiz a su programa al juez Baltasar Garzón el martes por la mañana. Tocaba hablar de procedimientos meticulosos y de injerencias políticas en la judicatura y TVE no tuvo mejor idea que recabar la opinión de un condenado por prevaricación, al intervenir de forma ilegal conversaciones que mantuvieron en la cárcel los acusados del caso Gürtel con sus abogados. Preguntado por el auto del magistrado Hurtado sobre el fiscal general del Estado (FGE), Garzón afirmó que no había visto nada igual, alentando la teoría de la conspiración. La que afirma que Álvaro García Ortiz es un objetivo colateral, dentro de una batalla mafiosa que está centrada en tumbar al Gobierno progresista.

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Varios ministros habían expresado a esa hora su total confianza en el FGE, al igual que los contertulios de confianza de los principales grupos españoles de televisión. Mención especial merecen tres declaraciones. Una es la de Félix Bolaños, quien aseguró ya el propio lunes que García Ortiz no iba a dimitir, lo que pudo hacer sospechar a los más desconfiados que a lo mejor el máximo representante del ministerio público guarda un cierto nexo profesional con el Ejecutivo, cosa que en absoluto nadie podría haber llegado a deducir. El segundo mensaje que merece la pena resaltar es el de Irene Montero, definiendo como “golpismo” esta decisión. En esa línea abundó la tertuliana de cabecera de Mañaneros 360, quien el miércoles por la mañana expresó que “en España, hay jueces, políticos y periodistas que trabajan cada día para destruir la democracia”. Mientras tanto, Ruiz apoyaba el bolígrafo en su barbilla, sin cuestionar lo que escuchaba.

El común de todos los papagayos progubernamentales sostenía que García Ortiz va a ser procesado sin la existencia de indicios para ello. A la vista de esta denuncia y de la probabilidad de que encontráramos aquí un ejemplo similar al de Josef K. -yo estaba un buen día en mi casa y vinieron a por mí-, merecía la pena leer las 51 páginas del auto del juez para entender bien esta tragedia. Es curioso porque en la exposición de los hechos, Hurtado detalla que el 13 de marzo de 2024, a las 21.29 horas, el diario El Mundo publicó una noticia titulada: “La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales”.

La cuestión principal

Unos minutos después, la fiscal jefe de la Provincia de Madrid, María Pilar Rodríguez, realizó “un par de llamadas telefónicas” a su compañero encargado del caso, Julián Salto, para solicitarle, por encargo de García Ortiz, interesado, curioso..., que le remitiera los correos electrónicos que se había intercambiado con el letrado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la intención de hacer una nota de prensa para desmentir la información. Querían imponer su relato frente a uno que consideraban falso. ¿Es esto acaso una cuestión jurídica o más bien política? He aquí el primer indicio de que, a lo mejor, y sólo a lo mejor, el FGE se extralimitó en su labor.

Podríamos aquí recordar que, en aquel entonces, la prensa había comenzado a abordar con una especial intensidad la cuestión relacionada con Begoña Gómez; y que, en aquellos días, no mucho después, intentaron buscar un escándalo a la esposa de Núñez Feijóo a través de una información falsa que difundió Infolibre -José Miguel Contreras- y reprodujo María Jesús Montero en el Congreso. Pero estos no son indicios. Son simplemente elementos que sirven para contextualizar todo lo relacionado con este caso de presunta revelación de secretos.

Lo que a lo mejor lleva a sospechar sobre la actuación del FGE es que solicitara a Pilar Rodríguez que le enviara los citados correos a una cuenta personal de Gmail y no a la profesional. O que ese día, de repente, un rato después, aparecieran referencias al contenido de esos mensajes en la web de la Cadena SER y en el programa Hora 25, de esa emisora. Su autor, Miguel Ángel Campos, negó ante el magistrado que la filtración procediera de García Ortiz y decidió proteger a su fuente.

Hurtado hace entonces un razonamiento interesante: si el correo estaba en manos de la defensa de González Amador y de la Fiscalía; y Campos llamó al abogado para contrastar la información, parece evidente de dónde podría proceder la información. Pese a todo, no acusa al periodista de la SER de mentir, sino que entiende su deber de mantener su secreto profesional. La noche del lunes, este periodista acudió al programa de el gran Wyoming y acusó al magistrado del Tribunal Supremo de tener “un relato predeterminado” para intentar “cazar al FGE” haya indicios o no.

"Proceso sin garantías"

Al día siguiente, el diario El País publicaba un editorial en el que hablaba directamente de un “proceso sin garantías”. Defendía la actuación de los periodistas que el 13 de marzo de 2024 intentaron “restituir la verdad” tras la filtración interesada que había realizado previamente Miguel Ángel Rodríguez -asesor de Isabel Díaz Ayuso- y la emprende contra Hurtado. Por lo que sea, no hace referencia a acciones que quizás -y sólo quizás, ojo- le llevaron a continuar con el procedimiento, como el borrado de los mensajes y el cambio de terminal por parte de García Ortiz, que, según declaró uno de sus compañeros, no se debía a ningún protocolo interno de seguridad.

Tampoco parece relevante para la cabecera presidida por Joseph Oughourlian que Pilar Sánchez Acera -asesora en Moncloa- remitiera a Juan Lobato el famoso correo electrónico antes de que ningún medio de comunicación publicara 'el pantallazo', advirtiéndole: “cuidado con los datos personales”. El objetivo era que lo enseñara en la Asamblea de Madrid, en una mañana en la que Pedro Sánchez -según trasladó Santos Cerdán- tenía pensado pedir la dimisión de Díaz Ayuso por los problemas de su pareja. Todo ello, en un contexto, en el que lo de Begoña Gómez comenzaba a oler a chamusquina.

Son varios periodistas de la SER, LaSexta, eldiario.es y El País -José Manuel Romero incluso colaboró con el FGE con una especie de declaración jurada- los que aseguran que conocieron el contenido de ese correo electrónico -del 2 de febrero- hasta 36 horas antes que García Ortiz. El magistrado Hurtado expone una serie de indicios que le llevan a desconfiar de esa versión y, por tanto, a continuar con el proceso. A avanzar, sin declarar culpable a nadie, pero sí sospechoso, dados los indicios expuestos anteriormente.

Defensa numantina

El tiempo dirá si el FGE es responsable de revelación de secretos y condenado por ello. De momento, no lo está. Lo que llama la atención es la obstinada defensa de determinados periodistas a García Ortiz, en comunión con los intereses del Gobierno. Podríamos pensar que su posición se debe al intento de defender la verdad en este caso, frente a la infamia, e incluso a loar su valentía, dado que esto, a fin de cuentas, sitúa a alguno -pensemos que de forma involuntaria- en la órbita de interés del Gobierno, más que en una redacción periodística.

Lo que ocurre es que los medios de comunicación para los que trabajan tampoco se han esmerado especialmente en los últimos años en cultivar una imagen independiente. De hecho, los directores de dos de estas empresas informativas defendieron en una tertulia de la Cadena SER el borrado de mensajes -y de posibles pruebas- que efectuó García Ortiz, al considerar que, dadas las filtraciones constantes a las que asistimos en este país, era una forma de proteger su intimidad. El argumento es tan burdo e interesado que sólo logra conmover a los más cafeteros, frente a la carcajada que provoca en quienes todavía conservan cierta racionalidad o vergüenza torera.

Sobra decir que estos medios también se pusieron a la cabeza de la defensa del Ejecutivo cuando inició su batalla oportunista y mendaz contra la fachosfera y presentó su Plan de Acción por la Democracia. En sus editoriales, transmitieron a los españoles la idea de que hay una prensa, progresista y esforzada por hacer aflorar la verdad, que tiene el derecho a equivocarse y a la que le honra rectificar; y otra, esclava de los intereses de la derecha y partícipe de una conspiración, que enfanga y lanza bulos para que le inyecten el día 1 de cada mes varios millones en publicidad institucional del Partido Popular.

Este miércoles, una tertuliana de Javier Ruiz comparaba el “acoso” actual de la prensa al Gobierno con el que sufrió Felipe González en su día. Como buena ignorante e indocumentada, cosa que es un secreto a voces, hacía referencia implícita a casos como Filesa, Luis Roldán, los GAL o Mariano Rubio, que merecieron penas que, en algunos casos, ascendieron a varias décadas de cárcel, al considerar probada la corrupción a varios niveles. Hubo periodistas que entonces hicieron su trabajo y relataron todos estos pufos. Otros, inventaron aquello del “sindicato del crimen”. Lo de ahora es exactamente igual. Lo que sorprende es que alguno se juegue incluso la apertura de un procedimiento judicial por su particular fervor en la defensa del FGE.

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