El 18 de julio de 2023, en vísperas de las elecciones generales, le preguntaron a Pedro Sánchez acerca de la posibilidad de impulsar una Ley de Amnistía para los políticos implicados en los sucesos de octubre de 2017 en Cataluña. El presidente y candidato negó esa posibilidad, que, dijo, no tenía encaje constitucional. A las pocas semanas de aquello, Àngels Barceló defendía en un editorial en la Cadena SER el proyecto, que había comenzado a ser defendido por los socialistas, después de sufrir una epifanía, provocada, sin duda, porque los votos de Junts y ERC eran necesarios para la investidura.

El Tribunal Constitucional validaba este jueves el texto y la cuenta oficial de los socialistas en X expresaba: "La amnistía es plenamente constitucional, como se dijo siempre, y todo el ruido del mundo no puede tapar que hoy Catalunya es un lugar mejor tras siete años de gobierno progresista". Hete aquí una falacia que el PSOE quiere que se escriba en los libros de historia, en un intento de camuflar su abrupto cambio de posición sobre este asunto.

Un Gobierno siempre tiene la posibilidad de ocultar, a falsear, a manipular y a engañar. Diría que en ocasiones es incluso sano para mantener la salud mental de los ciudadanos. Si se considerara esto como algo evidente e incluso incuestionable, sería imposible que cualquier presidente de una nación anunciara un plan para imponer la verdad frente a la mentira. Llevaría a sospechar en su interés por lanzar piedras contra su propio tejado.

En la España polarizada, hay quien todavía adjudica cualidades virtuosas a Pedro Sánchez e incluso considera que es enemigo de la mentira, cuando, en realidad, uno de sus principales esfuerzos como gobernante ha sido el de amplificar la potencia de los canales de propaganda de los que dispone. Su fijación a este respecto ha sido tal que, tras regar durante años ese ecosistema, emprendió una batalla contra quienes no estaban intramuros. Es decir, contra la prensa crítica, a la que los medios 'del sistema' atacaron de una forma sorprendente. Quizás porque asumieron la falsa máxima de que el presidente sólo defendía la verdad; o porque, en realidad, sus números rojos sin la ayuda gubernamental serían todavía más graves que su falta de vergüenza.

Un sector en crisis

Es curioso porque la situación que refleja el último informe del Reuters Institute sobre el periodismo en España -que ha pasado sin pena ni gloria por la prensa nacional- refleja ciertos comportamientos que permiten concluir que, a lo mejor, y sólo a lo mejor, la batalla contra la prensa crítica que emprendió el Ejecutivo hace más de un año no pretende limpiar de elementos nocivos el paisaje informativo, sino más bien moldear este sector para que los medios afines ganen competitividad por la vía del dinero público, mientras los críticos la pierdan a través de castigos dinerarios, modificaciones legales y argucias varias.

El citado trabajo reconoce que "el panorama de los medios en España ha estado marcado por las presiones políticas, las disputas legales y los debates sobre la radiotelevisión pública". A partir de ahí, lanza una afirmación lapidaria: "Los cambios regulatorios y las intervenciones gubernamentales han motivado cierta inquietud sobre la libertad de prensa y sobre la independencia y la sostenibilidad económica de los medios".

Los autores reconocen que la intromisión política en los medios ha suscitado preocupación en torno a la libertad de prensa en España. "Tanto el Gobierno como la oposición se han señalado mutuamente por presionar a los periodistas y moldear las narrativas de los medios", expresan.

Los medios públicos

También ponen el foco sobre el control político de RTVE y sobre la modificación legal que se aprobó en el Parlamento el pasado otoño, que no sólo sirvió para que el Ejecutivo situara a José Pablo López al frente de la corporación, sino también para incrementar sus competencias, por ejemplo, a la hora de firmar contratos con productoras audiovisuales.

La oposición ha criticado estos movimientos, pero habría que preguntarse acerca de otros, de similar espíritu y efecto similar, que realizaron en otras televisiones públicas que se encontraban o se encuentran bajo su control. Hay pocos ejemplos más escandalosos que aquel que impulsó María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha Televisión, con Ignacio Villa al frente. Quizás sólo es superado por el de TV3 en 2017.

El fenómeno es triste, caro y generalizado; y no sólo se registra en los medios audiovisuales. Es una dinámica común en toda la Administración: quien Gobierna tiene una serie de derechos sobre las empresas estatales que le permiten utilizarlas como si fueran de su propiedad, aunque las pérdidas las enjuague el dinero de los contribuyentes.

El Reuters Institute se refiere en su informe al neologismo de 'pseudo-medios' con el que Pedro Sánchez bautizó a la prensa crítica. También al sensacionalismo que le atribuye a los diarios digitales conservadores por el mero hecho de serlo. Cierto es que España ocupa el puesto 23 de entre los 180 países sobre los que Reporteros sin Fronteras analiza la situación de la libertad de expresión, pero en su análisis se exponen problemas que podrían empeorar la situación. No sólo son responsabilidad del Gobierno ni del PSOE, pero es precisamente ese partido el que ha iniciado una batalla contra "los bulos" y "el fango", pese a ser parte de ese problema. Lo cual debería hacer reflexionar a cualquiera que no sea militante o roce la idiocia.

Es curioso porque, allá por el otoño de 2023, cuando la prensa crítica había comenzado a denunciar la sinrazón de la Ley de Amnistía, desde Moncloa se transmitió la orden a las empresas público-privadas de cortar la publicidad institucional a los 'pseudo-medios'. Beatriz Corredor (Red Eléctrica) fue una de las primeras en 'actuar'.

Hubo medios que entonces actuaron con una sorprendente ceguera ante esta medida. Ahora, albricias, han visto la luz e incluso denuncian la escandalosa arbitrariedad con la que Moncloa distribuye estas campañas, por cierto, mientras mantiene su proyecto de reformar la Ley Orgánica de Publicidad Institucional. Alguna de las cabeceras afectadas, que cuenta la audiencia por millones, incluso prepara junto con sus abogados futuras demandas para intentar recibir una compensación.

Mientras tanto -como señala el informe- el Gobierno anunciaba el reparto de 120 millones de euros de dinero público para ayudar a los grupos mediáticos en su proceso de digitalización. Otra medida para alterar el mercado. Otro atropello. Otro motivo más para desconfiar del presidente que dijo, mientras mentía, que sólo aspiraba a imponer la verdad frente a los bulos.