A Gabriel Rufián ya le conocemos. Debimos sospechar que su tono el pasado miércoles, mucho menos agresivo hacia Pedro Sánchez que el que exhibió hace dos semanas, se debía a algo. El portavoz de ERC ya sabía antes de que comenzara el pleno sobre la corrupción en el Congreso que el Gobierno (Hacienda) había accedido a conceder a Cataluña la deseada "financiación singular". A Puigdemont Sánchez le prometió la amnistía, a Junqueras que Cataluña recaudaría todos los impuestos. Ya está.

El presidente se garantiza así la fidelidad de los siete diputados republicanos en el Congreso y consolida el pacto PSC/ERC para gobernar en Cataluña. ¿A qué precio?

De manera progresiva, la Agència Tributària de Catalunya –dependiente de la Generalitat– recaudará primero el IRPF, y después el resto de impuestos. Además, el Gobierno (Hacienda) acepta el criterio de "ordinalidad", según el cual Cataluña no puede quedar por debajo de la financiación por habitante de otras comunidades menos ricas, como Asturias, Cantabria, Rioja, Galicia o Extremadura.

Hasta ahora, la financiación de las Comunidades Autónomas se establecía en un marco común: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una ley, la LOFCA, era la que marcaba las reglas de juego. Todo eso ha saltado por los aires. Por primera vez, se establece un acuerdo bilateral entre una comunidad (Cataluña) y el Estado, que será llevado al Congreso como proyecto de ley. El Gobierno cede políticamente a la Generalitat el establecimiento de una relación de igual a igual con el Estado. Cataluña actúa ya, de hecho, como una nación.

Cataluña podría recibir unos 10.000 millones más de lo que ahora obtiene tras el acuerdo firmado con ERC

Esta negociación, a la que sólo le faltan flecos, y cuyos aspectos se harán públicos el lunes próximo, se ha llevado en el máximo secreto y el Gobierno la ha acelerado para que ERC no guardara en un cajón la amenaza de dejar de apoyar a Sánchez en Madrid y a Illa en Cataluña. En fin, silencio sobre la corrupción a cambio de dinero y de poder. A esto quieren que le llamemos un "pacto de izquierdas".

El primero en salir a degüello contra el pacto ha sido Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y socialista. Ha dicho que no se quedará con los brazos cruzados. Normal. Con los datos de 2021, el pacto significa que Cataluña podría recibir 10.000 millones más de lo que ahora recibe. ¿De dónde saldrán? De la Comunidades menos ricas que ahora, según la Generalitat, están "sobrefinanciadas".

Pero puede que no sea el único presidente de comunidad del PSOE que se enfade. Si Adrián Barbón es coherente, se opondrá al acuerdo. Aunque su confesado sanchismo tal vez le obligue a hacer de tripas corazón.

Las comunidades que, sin duda, pondrán el grito en el cielo serán las del PP. No olvidemos que son un total de trece.

Esta guerra parece no importarle a Pedro Sánchez. Enfrentar a unos territorios con otros no le preocupa, siempre y cuando mantenga la mayoría parlamentaria.

La que queda en peor lugar es María Jesús Montero, negociadora en jefe de esta cesión sin precedentes a Cataluña. Recordemos que, además de vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, es candidata a presidir la Junta de Andalucía. Con este pacto, si ya tenía pocas posibilidades de ganar, ahora sus expectativas se aproximan a cero.

En fin, Sánchez ha abierto el tenderete y está dispuesto a dar lo que le pidan para seguir en el poder. ERC ya se ha adelantado. Luego le toca al PNV, que conseguirá para el País Vasco la cesión de las políticas activas y pasivas de empleo. ¿Qué le pedirá Puigdemont? No tardaremos mucho en ver una fecha para un referéndum en Cataluña.