El martes detuvieron al comediante británico Graham Linehan al bajarse de un avión. Cuenta la BBC que fueron cinco policías quienes acudieron a la puerta de la aeronave en busca de un hombre de 50 años que el pasado abril había incitado a la violencia contra una minoría, tras escribir tres tuits en los que criticaba las políticas para con los transexuales.

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No es el primer caso de este tipo que deriva en escándalo en el Reino Unido. El de Lucy Connolly todavía ocupa portadas. Fue mucho más sonado. Esta mujer escribió un mensaje en sus redes sociales, en agosto de 2024, tras un triple crimen, en el que apelaba a la quema de los hoteles donde se alojaba a los solicitantes de asilo. Esta asquerosa salida de tono retrata a esta mujer como poco inteligente e impulsiva; y, desde luego, como alguien extremista, seguramente. Sospecho que ella lo supo desde el primer momento, dado que aquel tuit lo borró un rato después de publicarlo, tras haber sido leído por 310.000 usuarios. Unos meses después, fue condenada a 31 meses de prisión, en virtud de la Ley de Orden Público. El tribunal consideró que había incitado al “odio racial” y que debía dormir en la cárcel durante unos cientos de días.

Los gobiernos occidentales han hecho durante los últimos años diferentes esfuerzos para controlar los discursos del odio en internet y eso ha provocado situaciones como las descritas, en las que una boutade o simplemente el activismo contra el discurso trans pueden llevar a alguien a tener que responder ante un juez. Diría que hay momentos históricos en los que se hace necesario reclamar los derechos que no se tienen, pero, en este caso, en el actual, a lo mejor es más relevante defender los existentes, pese a que implique oponerse a que una cretina, como Connelly, sea encarcelada por pedir “deportaciones masivas” y hogueras medievales.

Diría que hay momentos históricos en los que se hace necesario reclamar los derechos que no se tienen, pero, en este caso, en el actual, a lo mejor es más relevante defender los existentes

Soy contrario a cualquier discurso xenófobo, pero también a que alguien sea juzgado por orinar fuera del tiesto en un momento de conmoción social. Primero, porque encarcelar a alguien por un “mensaje de odio” siempre implica aceptar que la frontera del ‘odio’ está situada en el lugar correcto. Históricamente, ha sido movediza y en no pocas ocasiones ha estado supeditada a intereses políticos o religiosos con cierto peligro. La mujer de Mao llamó a repudiar y a perseguir como a “ratas delincuentes” a aquellos que leían libros, al considerar que ejercían un privilegio burgués y menospreciaban de ese modo a los campesinos, que, aunque analfabetos en buena parte, eran la base de la Revolución cultural. ¿Por qué ahora ha de ser arrestada una persona que disiente de los tratamientos hormonales a adolescentes con disforia de género? 

Hay un ejemplo cercano en España. Es el de la histórica líder feminista Lidia Falcón, quien fue denunciada por un delito de odio después de referirse a una niña trans como un niño "disfrazado" y sugerir que "su madre tendría que estar en la cárcel". Mi pregunta es: ¿Podemos llegar a considerar que alguien que se expresa en esos términos no es un peligro para el sistema, aunque se equivoque o aunque sea despreciable? ¿De veras las democracias no tienen más recurso para imponer los argumentos moderados -y no considero que la doctrina queer tampoco lo sea- que la represión?

La tendencia es esta última. A los gobiernos democráticos -amenazados por autoritarismos como el chino o el ruso- les generan cierta tensión los discursos que se difunden por internet y eso les ha llevado a actuar con la misma falta de habilidad y de estrategia con la que se tratan las emergencias. Sobra decir que los extremistas se están beneficiando de esta enorme torpeza. The Telegraph destacaba este miércoles en su newsletter diaria que uno de los asuntos que Nigel Farrage iba a poner sobre la mesa en su visita a Washington era precisamente el de Connolly. Los oportunistas suelen sacar un especial provecho de los desmanes del sistema, aunque no tengan ninguna intención de corregirlos… y aunque no les interesen en absoluto.

El caso español

Es curioso porque la detención de Linehan coincidía con un episodio que se ha registrado en España, como es la aprobación por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados de los criterios que regularán la concesión de acreditaciones para los periodistas que trabajan en la Cámara. Esta decisión se tomaba dos meses después de la aprobación de un reglamento sobre el desempeño de estos profesionales en el Parlamento. 

Hablaba este miércoles con fuentes de total confianza, de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), y afirmaban que estas nuevas normas servirán para plasmar por escrito las rutinas que se seguían hasta ahora en el palacio de la Carrera de San Jerónimo y para evitar determinadas actitudes que habían alterado la relación entre los diputados y los profesionales de la información. Esto último, como consecuencia de los conflictos que algunos periodistas y portavoces han tenido con reporteros especialmente incisivos, como Vito Quiles o Bertrand Ndongo. El primero, a mi entender, más inteligente y menos agresivo que el segundo.

Sostenían estos informantes que se ha montado un gran escándalo con respecto a este reglamento, dado que, a la hora de la verdad, no cambiará en exceso la rutina actual. Lo que sucede es que durante los últimos cuatro años se ha producido un fenómeno curioso sobre el que se puede extraer una interesante conclusión. Diría que hay compañeros de profesión que han caído en una trampa bastante rudimentaria utilizada por el Gobierno, como ha sido la de utilizar la figura de estos “agitadores” -así los llaman- para reivindicar la necesidad de regular sobre el sector de los medios de comunicación, donde, podríamos decir, hay quien ha confundido la libertad con el libertinaje.

Deje autoritario

España no es ninguna excepción, en el contexto occidental, y aquí también se han observado dejes preocupantes por parte del Gobierno que podrían derivar en la limitación de la libertad de expresión. Sorprende que haya periodistas que hayan expresado más preocupación por Quiles o por Ndongo que por el hecho de que un presidente atribuya a una parte de la prensa la participación en conspiraciones, “junto a lobbies oscuros” que pretenden derrocar al Ejecutivo.

Todavía llama más la atención que ninguno parezca preguntarse acerca de la legitimidad para abordar el debate sobre la salud de los medios de comunicación de un Gobierno que permite, e incluso ampara, que la televisión pública se haga eco de informaciones falsas que, por ejemplo, mostraron capturas de pantalla manipuladas que transmitían la falsa idea de que uno de los responsables de la UCO quería atentar contra el Gobierno… mientras la UCO investigaba sus corruptelas.

¿De veras es más preocupante lo de Vito que el hecho de que el Ejecutivo no sólo no condenara estos hechos, falsos y maliciosos, sino que los utilizara para incrementar el volumen de sus críticas contra los investigadores de la Guardia Civil? ¿De veras todavía hay quien piensa que es más pernicioso reventar una rueda de prensa de Patxi López que permitir que un Ejecutivo con esa voracidad regule sobre el derecho a la rectificación, sobre el reparto de la publicidad institucional o sobre las penas que merecerá en el futuro la publicación de secretos oficiales?

Habrá quien piense que, efectivamente, estos agitadores son más peligrosos, en cuanto a que los consideran ultras y, por tanto, siervos del principal peligro para las democracias occidentales. Quien firma estas líneas piensa que es más arriesgado que un Gobierno de este tipo proponga estas medidas… o que un comediante, en Reino Unido, pueda enfrentarse a un proceso judicial por criticar en un tuit la legislación sobre la transexualidad.

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