Conviene recordar, para empezar, que hace poco más de dos meses fue necesario suspender la última etapa de La Vuelta Ciclista a España porque varios grupos de manifestantes bloquearon la carretera y se abalanzaron sobre algunos corredores, entre soflamas incendiarias. Protestaban contra la decisión de la organización de no expulsar a un equipo israelí —Israel Pro Tech— con licencia canadiense. Madrid registró disturbios que dejaron 22 policías heridos. El delegado del Gobierno celebró el carácter pacífico de aquella manifestación.

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Nueve días después, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Sucedió algo curioso en esos últimos días de septiembre: no sólo había que estar en contra de esa campaña militar, sino que también había que demostrarlo. Cualquier referencia a Netanyahu, su gobierno o su ejército debía estar acompañada de un adjetivo peyorativo, a riesgo de que al orador que no lo hiciera le tildaran de inmoral. Moncloa se puso a la cabeza de esa campaña política y espiritual.

Este pasado martes, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la compañía metalúrgica comparecieron en la Audiencia Nacional para defenderse de las acusaciones de presunto contrabando y complicidad en un genocidio, tras vender acero a Israel Military Industries (IMI), fabricante de armamento pesado y ligero. Jainaga respondió durante 40 minutos a las preguntas de sus abogados y negó tajantemente los cargos. Aseguró que, en el momento en el que se consumaron esos negocios, no existía ninguna medida política ni comercial contra el país hebreo, y que tampoco necesitaba autorización expresa del Gobierno de España para realizar la venta.

La armada vasca

Sidenor es una pieza fundamental del consorcio de empresas y entidades financieras vascas —apoyadas por el Gobierno autonómico— que acaba de cerrar la compra del 29,7% de Talgo por algo más de 156 millones de euros. La operación es estratégica para el PNV, un partido que continúa al frente de la Lehendakaritza, pero que observa en el horizonte negros los negros nubarrones que anteceden el fin de una época de dominio político. Así que necesita logros para intentar remontar en las encuestas, ante la amenaza de perder su posición.

Lo que sucede es que en el caso de Talgo se juntan actualmente algunos ingredientes aparentemente indigestos para los nacionalistas vascos y para la izquierda autonómica y nacional. Son Sidenor, Israel y genocidio.

Ciertamente, el mundo actual es un lugar complejo, aunque existen normas no escritas que conviene interiorizar para entenderlo un poco mejor, al margen de catecismos absurdos. Una de ellas es que la supervivencia de empresas e instituciones obliga a dedicar tiempo y esfuerzo a alcanzar acuerdos con actores cuyos códigos éticos no siempre coinciden con los propios. El concepto de “responsabilidad social corporativa” ha servido para maquillar esa realidad, pero, a la hora de la verdad, hay caramelos difíciles de rechazar.

Que se lo digan, por ejemplo, al autoproclamado Gobierno más transparente de la democracia española, que enviaba hace unos días una misión diplomática a China para mejorar las relaciones comerciales con uno de los países más opacos del mundo. Incluso el rey Felipe VI participó en ese viaje.

Ese mismo Gobierno no tuvo reparos en situar a Antonio Hernando como secretario de Estado de Telecomunicaciones tras haberse desempeñado en Acento, la consultora de Pepe Blanco, que por entonces tenía a Huawei como cliente privilegiado. La OTAN y la Comisión Europea han advertido por activa y por pasiva de los riesgos para la seguridad nacional que implica el alcanzar acuerdos con una compañía china que, llegado el caso, puede ser obligada por el Gobierno de Xi Jinping a compartir datos confidenciales de sus clientes. Ahí no se aplicó el principio de precaución.

El doble rasero

Por lo que sea, no ocurrió lo mismo con el veto al consorcio húngaro Ganz-Mavag / Magyar Vagon, que intentó adquirir Talgo ofreciendo 620 millones de euros. Moncloa tumbó la operación por “riesgos insalvables” para la seguridad nacional y para el orden y la salud pública, al intuir que detrás del conglomerado magiar estaba la sombra de Viktor Orbán, considerado el principal aliado de Vladimir Putin en la Unión Europea. Parece lógico que, ante la sospecha de introducir un caballo de Troya en la industria española del transporte, el Gobierno frenara la operación haciendo uso del escudo anti-OPAS, un mecanismo proteccionista aprobado durante la pandemia y aún en vigor.

La pregunta es: ¿por qué ese razonamiento se aplica en unos casos y en otros no? ¿Por qué a Huawei no se le juzga de la misma forma? La respuesta es evidente: porque conviene. Porque la diferencia entre lanzar una campaña propagandística contra algo o mirar hacia otro lado depende exclusivamente del interés del Gobierno. Es decir: la política exterior y la económica están subordinadas al cálculo partidista. Y conviene añadir que esta actitud no es exclusiva del PSOE.

Talgo y el arte de mirar hacia otro lado

Hace algunos meses, Bildu celebró la operación de Talgo al considerar que el interés público prevalecía sobre el privado. Más tarde, cuando la sociedad española se inflamó por la guerra en Oriente Medio, Arnaldo Otegi afirmó que el País Vasco podía prescindir sin problemas de los contratos con Israel. ¿Qué sucede ahora, tras conocerse el caso Sidenor? Pues nada especialmente relevante. O sí, dependiendo de la importancia que se conceda al silencio, que es lo que ha prevalecido en ese espacio político.

La izquierda dogmática que antepone en su discurso los derechos humanos cuando intenta arrogarse con la legitimidad, renuncia a sus principios cuando le conviene. Sobra decir que aquí el problema no está en la política comercial de una multinacional, ni mucho menos en el libre comercio o en los sapos que de vez en cuando conviene tragarse para garantizar la prosperidad en el territorio en el que uno vive. Aquí lo verdaderamente penoso es la visión de túnel de un Gobierno que, hasta hace no mucho, buscaba cómplices de genocidio debajo de las piedras, pero que ahora no muestra reparo alguno ante el procedimiento judicial al que se enfrenta Sidenor por la venta de acero a la industria militar israelí.

La multinacional defiende su inocencia y sostiene que no cometió ninguna irregularidad. “Sidenor acordó unilateralmente suspender las relaciones comerciales con Israel a partir de julio de 2025, casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo, lo que finalmente tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025. La compañía canceló, por voluntad expresa, el embarque previsto en el puerto de Barcelona para el 1 de julio”, señala en un reciente comunicado.

La cuestión es: ¿habría sido distinta la reacción del PSOE, del PNV o de Bildu si la operación Talgo–Sidenor no contuviera un ingrediente político favorable para ellos?

¿Y qué pasa con Sumar?

Conviene tener presente que el Gobierno de España aprobó el pasado julio que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) invierta 75 millones de euros en Talgo: 45 millones mediante una ampliación de capital para obtener cerca del 7,9 % del capital social ampliado, y 30 millones mediante la suscripción de obligaciones convertibles en acciones. Todo, después de que se consume la refinanciación de la deuda de la compañía industrial. Esto, por supuesto, es algo que tampoco ha generado un gran dilema moral en Sumar, tan preocupado por la ética y la moral algunas veces, pero no aquí.

No será en esta tribuna donde se cuestione el libre comercio, pero sí conviene señalar la inconsistencia de la postura de las tres partes. Especialmente la del Gobierno, que abre o cierra rutas comerciales, debates y oportunidades en función de su conveniencia; y que incluso parece dispuesto a dejar a los españoles sin Vuelta a España o sin Eurovisión por sus sólidos principios, pero que, llegado el momento, cuando interesa, se la envaina, mira hacia otro lado y aquí paz y, después, gloria.

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