Lo que comenzó el 28 de diciembre en el bazar de Teherán no fue una reacción gremial más frente a una nueva dificultad económica, sino el síntoma visible de una ruptura más profunda. Persianas bajadas en tramos del bazar de Teherán interrumpieron una rutina comercial que durante décadas había resistido crisis y sanciones. Por primera vez en décadas, uno de los pilares sociales históricamente más conservadores de la República Islámica aparecía no solo como actor de protesta, sino como detonante de una movilización que muy pronto adquirió un carácter político. El cierre parcial del bazar, la rapidez con la que la protesta se extendió a la calle y la dureza de la respuesta estatal indican que la crisis ha entrado en una fase distinta.

Este artículo propone una lectura analítica externa de ese episodio a partir de datos económicos, relatos oficiales y marcos de análisis sociopolítico, con el objetivo de explicar por qué el bazar ha dejado de funcionar como amortiguador del sistema y qué implicaciones tiene ese cambio para la relación entre Estado, mercado y sociedad en Irán.

Las protestas muestran el rechazo de la República Islámica como sistema y la exigencia de un cambio de orden político

Los relatos oficiales, incluidos los difundidos por la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, han presentado las protestas del bazar como fenómenos puntuales, desorganizados y motivados exclusivamente por problemas económicos. Sin embargo, las imágenes difundidas, la persistencia de la huelga y la rápida aparición de consignas políticas sugieren un escenario más complejo. Para muchos manifestantes, el problema ya no se limita al encarecimiento de la divisa o a una dificultad coyuntural, sino a una crisis de expectativas y de confianza en el futuro.

El contexto económico ayuda a entender esta transformación. El rial iraní ha llegado a cotizar en torno a los 135.680 riales por dólar en el mercado paralelo, mientras la inflación supera el 40 %. En este entorno, la cuestión central no es simplemente el aumento de precios, sino la desaparición de cualquier horizonte mínimo de previsibilidad. La economía cotidiana entra así en una situación de inestabilidad permanente que afecta tanto a comerciantes como a consumidores.

A diferencia de lo que a menudo se supone desde fuera, el problema al que se enfrentan hoy muchos comerciantes del bazar no es la imposibilidad de comprar o vender mercancía. El comercio sigue funcionando formalmente. El punto crítico aparece entre una operación y la siguiente.

Muchos bazaríes trabajan con el dólar como referencia implícita. Importan mercancía, fijan precios, calculan márgenes y organizan pagos, incluidos cheques y deudas a corto plazo, sobre la base de un tipo de cambio que asumen relativamente estable durante un periodo mínimo. Cuando esa estabilidad desaparece, el ciclo elemental del comercio se rompe. En la práctica, esto significa cheques que no pueden cubrirse, deudas a corto plazo que dejan de ser sostenibles y compromisos comerciales que se rompen no por mala gestión, sino por una depreciación acelerada de la moneda.

En estas condiciones, planificar deja de ser posible. No se trata de una mala previsión puntual, sino de la imposibilidad estructural de calcular costes, márgenes o compromisos futuros. Vender deja de garantizar continuidad y el comercio se transforma en una apuesta diaria. Lejos de tratarse de grandes actores financieros, muchos comerciantes del bazar operan con márgenes reducidos, por lo que incluso fluctuaciones relativamente pequeñas del tipo de cambio pueden tener efectos devastadores sobre su subsistencia.

Este fenómeno no afecta solo a los comerciantes. La pérdida sostenida de poder adquisitivo ha deteriorado la capacidad de consumo de amplias capas de la población: alimentos básicos, acceso a la vivienda y, en muchos casos, incluso la compra de medicamentos han dejado de estar garantizados. Para una parte creciente de la sociedad, el salario o el ingreso diario ya no cumplen su función básica: permitir reproducir la vida cotidiana con un mínimo de estabilidad. En ese contexto, la frontera entre crisis económica y malestar político se vuelve cada vez más difusa.

Del bazar a la calle: extensión del descontento y aumento del coste político

Lo que comenzó en un espacio comercial relativamente protegido, a partir del segundo día de la huelga, la protesta desbordó el espacio del mercado y se trasladó a la calle. La participación ciudadana en distintas ciudades y la aparición de consignas directas contra la República Islámica mostraron que la movilización del bazar actuó como un catalizador social: no generó el descontento, pero lo activó. Lo que estaba latente encontró un punto de salida visible.

Con esta expansión, el Estado dejó de enfrentarse a una demanda negociable dentro del marco de la política económica y activó una lógica de seguridad. La intervención de las fuerzas de seguridad y la represión de manifestaciones pacíficas indican que la crisis cruzó un umbral a partir del cual los instrumentos administrativos y las promesas económicas pierden eficacia. Según medios locales y organizaciones de derechos humanos, los agentes del gobierno mataron al menos 65 personas en el contexto de estas protestas, cientos han resultado heridas y las detenciones se cuentan por más de 2.300. Cabe destacar también el elevado número de niños y adolescentes detenidos, de entre 7 y 17 años. Que las protestas se hayan extendido ya a 222 puntos del país indica que el malestar va mucho más allá del sustento de un colectivo específico y que el impacto político y social del conflicto se ha ampliado de forma considerable.

Desde la sociología política, este momento puede interpretarse como un cambio del campo de acción. El bazar ha sido históricamente un espacio donde la negociación era posible; la calle, en cambio, es un ámbito en el que la correlación de fuerzas es más directa, la represión más probable y el control de las consecuencias mucho más limitado. Al producirse este desplazamiento, incluso las demandas vinculadas a la subsistencia adquieren inevitablemente un significado político.

En la historia contemporánea de Irán, el bazar no fue únicamente una institución económica, sino una red social estrechamente ligada al clero. Esa alianza permitió articular acciones colectivas decisivas, desde el boicot del tabaco hasta la revolución de 1979. “Cerrar el bazar” era una señal inequívoca de entrada en protesta, y la legitimidad religiosa funcionaba como elemento de cohesión.

Tras la revolución, esta relación se transformó. Los sectores más poderosos del bazar, integrados en redes institucionales y beneficiarios de rentas estatales, pasaron a formar parte del orden dominante. El bazar dejó así de ser una fuerza relativamente autónoma para convertirse, en gran medida, en un actor conservador alineado con el poder. Desde entonces, quedó fijada una fractura interna entre los grupos integrados en el sistema y los sectores periféricos excluidos de esas redes. Lo que ocurre hoy sugiere que esa arquitectura ha empezado a resquebrajarse. Cuando incluso actores históricamente adaptables pierden la capacidad de planificar y de proteger su reproducción económica básica, la lealtad deja de ser funcional.

La conexión entre la huelga del bazar, las protestas callejeras y su represión no representa una escalada coyuntural, sino la señal de que la crisis ha entrado en una fase más compleja. La experiencia de episodios anteriores, como las protestas de noviembre de 2019, muestra que la violencia estatal puede contener temporalmente la movilización, pero tiende a profundizar a medio plazo la brecha entre Estado y sociedad.

En este contexto, la pérdida de poder adquisitivo y la imposibilidad de planificación económica dejan de ser únicamente un problema material. Cuando esa erosión se prolonga en el tiempo y se combina con la desaparición de cualquier expectativa de corrección dentro del sistema, el malestar deja de expresarse como demanda económica y pasa a articularse como rechazo político. El bazar, que durante décadas funcionó como amortiguador social y económico, aparece hoy como indicador de que ese mecanismo ha dejado de operar. No es casual que, una vez más, en las calles, las consignas ya no apunten a mejoras materiales ni a reformas concretas, sino a la negación explícita del marco político vigente: el rechazo de la República Islámica como sistema y la exigencia de un cambio de orden político.

Ryma Sheermohammadi es analista especializada en Irán y Medio Oriente.