Justo antes del accidente de Adamuz, Óscar Puente, ministro de Transportes y adicto a los tuits, escribía en X: "La verdad de lo que sucede en España hay que leerla en la prensa extranjera...". Por regla general, esto no es cierto. Por lo general, esta opinión se corresponde con un prejuicio un tanto provinciano: todo lo que viene de fuera es mejor. Pero, si el ministro se cree sus propios mensajes, supongo que no le habrá gustado nada la portada de ayer de The New York Times, en la que un titular ponía en cuestión uno de los símbolos de la modernización patria: "El choque en alta velocidad en España golpea a un país que depende del tren".

En efecto, el AVE, la alta velocidad, se convirtió a partir de 1992 en un emblema de la nueva España. Desde entonces, se han construido casi 4.000 kilómetros para este tipo de trenes super rápidos, en los que nuestro país es la segunda potencia mundial detrás de China. Tenemos más kilómetros cubiertos por la alta velocidad que Francia o Alemania. Y el prestigio de nuestros profesionales en esa materia ha hecho que España exporte el modelo a otros países, como Arabia Saudí.

Hasta no hace mucho, la mayoría de los españoles estábamos encantados con el AVE. El tren era no sólo rápido, sino cómodo y puntual. Tanto, que todas las autonomías reclamaron un AVE para sus territorios como si se tratara de un derecho como las pensiones o la seguridad social. Ahora se puede ir en AVE no sólo a Andalucía, sino a Levante, Cataluña, Galicia, Castilla y León, etc. Extremadura suspira por el AVE.

En 2021, ya con un gobierno de izquierdas se produjo la liberalización de la red de alta velocidad, que ha atraído la competencia a Renfe de la mano de Ouigo (francesa) e Iryo (una empresa con mayoría de capital italiano y participación española). En 2025, unos 43 millones de personas utilizaron este medio de transporte. No olvidemos que España es una potencia turística y la facilidad de moverse por el país, en alta velocidad, es uno de sus atractivos.

El sueño se transmutó en pesadilla hace un par de años. Los trenes comenzaron a llegar con retraso (de hecho se modificaron las condiciones para devolver el precio del billete si no se cumplía el horario); hubo convoyes que se pararon a mitad de trayecto y sin aire acondicionado o sin calefacción; hubo problemas con las catenarias; con la señalización... Según publicamos hoy en El Independiente, desde 2018 a 2024 (último año del que ofrece datos el Ministerio de Transportes), los accidentes han aumentado en un 23% y los descarrilamientos un 50%.

La imagen del AVE, antes del domingo, ya no era la que fue. Pero, el trágico accidente de Ademuz ha venido a constatar el desastre en la gestión de nuestra joya de la corona.

Un accidente siempre es un acontecimiento fortuito. Puente no tiene la culpa de lo que ocurrió el domingo. Pero su ministerio es el responsable del estado de la infraestructura y todo apunta -hasta el momento- a que ha habido un problema en la vía que es el que produjo el descarrilamiento del Iryo que viajaba hacia Madrid, con cuyos vagones de cola chocó a los 20 segundos un Alvia que se dirigía a Huelva, causando la muerte de 41 personas.

Puente reclama mesura y sensatez a los medios y a la oposición; todo lo contrario de lo que él ha practicado durante sus más de dos años al frente del ministerio

Según reiteró ayer en Onda Cero el ministro de Transportes, el tramo de vía donde se produjo el accidente, se renovó el pasado mes de mayo. En su opinión, se han cumplido todos los protocolos de seguridad y reclamó a la oposición y a la prensa mesura a la hora de lanzar hipótesis. Sin embargo, el indicio de que ha sido el estado de la vía la causa del siniestro no es un infundio de periodistas, sino la pista más sólida que manejan los investigadores. Adif (gestor de la infraestructura) había notificado, después de la revisión que constató el ministro, varias incidencias en ese tramo de vía. Los maquinistas también habían denunciado que en ese tramo se producía inestabilidad en los trenes y, de hecho, pidieron bajar la velocidad 100 km. por hora sobre el máximo al que pueden viajar. Sin ir más lejos, ayer, se redujo a 160 km. por hora en un tramo de 150 kilómetros en el AVE Madrid/Barcelona por las mismas causas.

En estos momentos, hay dos indagaciones abiertas: la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cuyos vocales son nombrados a propuesta del gobierno; y la de la Guardia Civil, que trabaja como policía judicial a las órdenes del juzgado de instrucción de Montoro, que instruye el caso. La CIAF ha informado por boca de su presidente, Ignacio Barrón, que su informe tardará meses en estar concluido, apelando al rigor que su labor requiere. Sin embargo, ni el Congreso, ni la oposición, ni la opinión pública pueden esperar tanto tiempo para conocer la causa del siniestro y para exigir responsabilidades a los responsables, si es que las hubiere.

La petición de calma, serenidad y seriedad por parte de Puente más parece una burla. El ministro se ha caracterizado durante sus poco más de dos años de mandato por sus constantes descalificaciones a diestro y siniestro. Recordaba ayer Rubén Arranz en este periódico su insultante tuit cuando se produjeron los incendios en Castilla y León ("En CyL la cosa está calentita"). Gestionar un ministerio como el de Transportes, el que tiene mayor presupuesto, requiere mucha profesionalidad, seriedad y diálogo con el resto de las administraciones. Todo lo contrario de lo que ha hecho Puente. Tras un ministro, Ábalos, que ahora está en prisión acusado de corrupción, su sustituto se ha centrado en atacar a la oposición y a los periodistas críticos y, sobre todo, a defender a su jefe. Se ha olvidado de lo fundamental: gestionar la red de transportes.

Independientemente de lo que determine la investigación, España va a tardar años en recuperar el prestigio que tuvo hace un tiempo con la apuesta por la alta velocidad. En ese empeoramiento de nuestra imagen como país ha tenido mucho que ver la gestión pendenciera del ministro Puente.