Una parte importante de la Economía es sencilla. Trata de explicar cómo se comportan las personas cuando toman decisiones racionales: todos intentamos obtener el mayor beneficio posible de lo que hacemos, aunque condicionados por nuestras circunstancias y preferencias. Esa diversidad de situaciones explica que no decidamos igual.

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Una de las primeras lecciones que se aprenden al estudiar economía es el análisis de la oferta y la demanda. Cuando el precio de un bien sube, a los productores les resulta más atractivo ofrecerlo y ponen más cantidad en el mercado. Por eso se dice que la oferta aumenta con el precio. Con la demanda ocurre lo contrario: cuanto más caro es un bien, menos se compra.

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Si representamos ambas relaciones en un mismo gráfico, hay un punto en el que se cruzan. Ese punto determina el precio y la cantidad de equilibrio: el precio al que los productores están dispuestos a ofrecer exactamente lo mismo que los consumidores quieren comprar. No es ideología, es una herramienta de análisis. Y las políticas públicas que la ignoran suelen acabar generando efectos no deseados.

Las curvas de oferta y demanda no son fijas. Cambian constantemente porque los factores que las afectan también cambian. Un ejemplo sencillo es la energía: en invierno demandamos más calefacción y estamos dispuestos a pagar más por ella, porque pasar frío es muy desagradable.

El debate actual sobre el mercado del alquiler de vivienda puede entenderse perfectamente desde esta perspectiva. El fuerte crecimiento de la población en España, impulsado en gran parte por la inmigración, ha incrementado la demanda de vivienda. Este efecto es aún más intenso en determinadas ciudades con mayor crecimiento económico, que atraen población del resto del país. Cuando la demanda aumenta y la oferta no lo hace al mismo ritmo, el resultado es previsible: los precios suben.

Desde el lado de la oferta, una serie de regulaciones recientes, claramente ideologizadas, han provocado una reducción del número de viviendas disponibles en alquiler. En términos sencillos: muchos propietarios han decidido retirar sus pisos del mercado.

Gráficamente esto se traduce en un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda: hay menos viviendas disponibles a cualquier precio. Las razones son conocidas. La menor protección frente a la okupación, las dificultades para desahuciar a inquilinos morosos cuando se los considera vulnerables o la imposibilidad de actualizar libremente los alquileres han trasladado un coste social a los particulares.

Para protegerse, muchos propietarios suben precios para cubrir seguros de impago o, directamente, optan por no alquilar. El resultado es exactamente el contrario al que se pretendía: menos pisos disponibles y alquileres más caros.

¿Y qué soluciones se proponen desde el Gobierno? Endurecer aún más las condiciones para los caseros siguiendo modelos como el catalán, cuyos resultados son nefastos. Estas medidas no corrigen el problema: lo agravan.

La ideología impide ver la evidencia. Si los precios suben es porque la oferta es insuficiente. En lugar de incentivar que los propietarios pongan sus viviendas en el mercado, se los señala como responsables del problema, con un efecto claramente contraproducente.

La otra solución recurrente es la creación de un gran parque público de vivienda. En teoría, aumentar la oferta reduciría los precios. En la práctica, sin presupuestos, esta propuesta es irrealizable y solo sirve para construir un relato político.

En definitiva, todo sea por el relato, en el que los “malos” son los propietarios. Pero la realidad termina imponiéndose: una oferta insuficiente provoca precios al alza y un problema cada vez mayor de acceso a la vivienda. Y esa realidad, más allá de la ideología, puede acabar teniendo consecuencias políticas en las próximas elecciones.