Hasta hace apenas unos días, los grandes debates políticos se centraban en la lamentable deriva de un Gobierno obsesionado con mantenerse en el poder a cualquier precio: sacrificando su credibilidad, sus principios —si es que alguna vez los tuvo— y su honestidad, mediante un engaño permanente a los españoles y una traición sistemática a todas sus promesas electorales. “Nunca pactaré con Bildu”, “haré que el prófugo Puigdemont vuelva a España y sea juzgado”, “amnistía inconstitucional”. Palabras huecas, enterradas bajo una lluvia de dádivas a todo aquel que tuviera un chantaje que ejercer o unos votos que vender, a derecha e izquierda, indistintamente.

A ello se ha sumado una corrupción rampante, a todos los niveles, pero especialmente en los más altos escalones del Estado: ministros, secretarios de Estado, fiscales generales, esposas, hermanos, acólitos y paniaguados de todo pelaje que han proliferado como malas hierbas al calor de la ausencia de escrúpulos y valores del máximo dirigente; ora ignorante de todo, ora beligerante contra todos.

Aunque pueda parecer increíble a ojos de cualquier demócrata, este Gobierno vive en la cuerda floja desde el mismo día de su nacimiento: sin presupuestos, sin estrategia y sin otra ambición que resistir. Y, aun así, no ha mostrado ni un ápice de responsabilidad —ni siquiera de vergüenza— ante una situación que habría hecho caer a cualquier equipo gestor de una empresa o a cualquier Gobierno de una democracia homologable.

Campábamos en esta insólita normalidad cuando, de repente, se abrió la caja de Pandora.

Hasta el luctuoso accidente de Adamuz, nuestras diatribas eran esencialmente políticas. Poco tenían que ver con la gestión. El dinero parecía fluir de los enchufes como el agua en Grazalema: ora de fondos europeos, ora de un IRPF sin deflactar, ora de una presión fiscal que asfixia a ciudadanos y empresas como nunca. Fluía después, manso, por las suaves pendientes del clientelismo: dádivas a catalanes y vascos, bonos culturales para jóvenes, cines subvencionados para mayores, bonos de transporte, memorias históricas y un sinfín de gasto público —en su acepción más literal— destinado a mantener a las masas convenientemente calmadas. El viejo “pan y toros” del franquismo, en versión progresista.

La gestión de estos más de siete años de Gobierno 'de progreso' ha sido pobre, improvisada y carente de visión estratégica

Pero hete aquí que el trágico accidente de Adamuz, con su saldo devastador de cuarenta y seis muertos, ha destapado una caja de los truenos que parecía dormida: España ha dejado de funcionar.

Más allá de la corrupción y de la manipulación sistemática de la verdad, la gestión de estos más de siete años de Gobierno “de progreso” ha sido pobre, improvisada y carente de visión estratégica. Probablemente como consecuencia de la falta de pericia de los responsables designados, de la politización de los cuadros intermedios de la Administración y de la empresa pública, y del clientelismo como método de gobierno.

De golpe, nos hemos encontrado frente a una realidad que nos golpea a diario. Un apagón aún sin explicación clara, pero que apunta a la falta de inversión y modernización de la red eléctrica para adaptarla a las renovables. Una infraestructura ferroviaria que ha desperdiciado ocho años sin prepararse para una liberalización prevista —y positiva para el país—, con presupuestos de mantenimiento menguantes y mal gestionados, hasta el punto de tener máquinas auscultadoras de vías apartadas en el banquillo.

Abierta la caja de los truenos, han ido apareciendo más verdades incómodas: el lamentable estado de nuestras carreteras, con un déficit de inversión en mantenimiento cercano a los 3.000 millones de euros anuales, como vienen denunciando asociaciones del sector del transporte; o las infraestructuras hídricas, con presas y pantanos abandonados desde hace décadas, que parecían haber quedado en el olvido tras su construcción —sí, entonces— durante el franquismo, hasta que DANAs, tormentas y borrascas las han devuelto a la primera línea informativa. Hoy se denuncia que entre el 40 % y el 50 % de las presas estatales tienen los desagües de fondo inoperativos o una capacidad de evacuación insuficiente.

A esta letanía, me atrevo a vaticinar, se sumarán pronto muchas otras evidencias del abandono gestor, camuflado durante años bajo el eslogan de que “España va como un cohete”. A esta suma y sigue cabe añadir un SEPE que apenas logra colocar entre el 2 % y el 5 % de los desempleados; una Administración pública con tasas de absentismo laboral cercanas al 8 %, inéditas en Europa y muy superiores a las del sector privado; o una educación pública incapaz de reformarse, que cede terreno sin límites a la enseñanza privada mientras arroja algunos de los peores resultados del continente en los rankings de Bolonia.

La caja de Pandora se ha abierto. Y de ella surgirán, estoy convencido, en las próximas semanas y meses, decenas de pruebas adicionales del enorme déficit de gestión de un Gobierno atrapado en la politización y el clientelismo. De lo que ya no estoy tan seguro es de que ni siquiera este nuevo frente —sumado al del chantaje político y la corrupción— sea suficiente para despertar la conciencia y el pundonor necesarios para convocar elecciones generales.

Está claro, Sancho, que los españoles ladramos.
Lo que ya no tenemos tan claro es que el Gobierno cabalgue.