Pakistán ha lanzado la operación militar Furia Justa, una ofensiva contra posiciones afganas, controladas por los talibanes, después de que se registraran disparos contra enclaves fronterizos paquistaníes. La tensión entre Pakistán y Afganistán viene de lejos. Ya hubo en otoño escaramuzas en la frontera.

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El ministro paquistaní de Defensa, Khawaja Mohammad Asif, ha acusado a los talibanes, al mando en Kabul, de actuar a las órdenes de la India. Y el titular de Información mantiene que el terrorismo puede resurgir en Pakistán si no se combate a los talibanes. Todo el espectro político se ha volcado en apoyar a las fuerzas armadas, y ha pedido unidad nacional.

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Después de la moción de censura contra el primer ministro, Imran Khan, del Movimiento por la Justicia de Pakistán (PTI), en abril de 2022, el país se polarizó hasta los extremos. Las tensiones constantes entre el gobierno paquistaní y la oposición han sido una constante desde entonces, y más aún desde el encarcelamiento de Khan. Está sentenciado a 17 años de prisión por corrupción junto su esposa, Bushra Bibi.

Esta división entre paquistaníes ha sido una de les principales causas de la desafección, como también de la desconfianza entre la sociedad y las instituciones. Hay que destacar, además, que el intrincado sistema paquistaní es uno de los pocos casos de democracia donde los militares tienen un peso político estable, como sucede en Tailandia, desde la dictadura del general Muhammad Zia-ul-Haq entre 1978 y 1988.

La última reforma constitucional, la 27ª Enmienda, otorga al Ejército la centralidad de las fuerzas armadas, a través de la figura del jefe del ejército. El general Asim Munir, de cinco estrellas, es actualmente el principal comandante de todas las fuerzas armadas. Tienen inmunidad vitalicia y conservan rango, privilegios y el uniforme toda la vida. Además, se ha cambiado el sistema de revisión legislativa y constitucional, con la creación del Tribunal Constitucional Federal, para dirimir los conflictos entre las diferentes regiones. De la misma manera que se fulmina la separación de poderes otorgando al presidente del Tribunal Supremo la potestad de cambiar de tribunal a un juez. Se fulmina así la revisión judicial del gobierno y de las fuerzas armadas, con toda la oposición en contra, y parte de las organizaciones judiciales internacionales.

Ahora, toda la visión política se ha dejado atrás alrededor de las fuerzas armadas y la agresión afgana contra la integridad y la soberanía paquistaní. El jefe de gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, del PTI, ha indicado que hay que mantenerse unidos porque lo prioritario es el deber nacional. Esta región se ubica en la frontera afgana, y su jefe de gobierno pertenece a la oposición nacional.

Las fuerzas armadas se han reforzado en Pakistán como un punto de unión de todas las facciones paquistaníes"

El Senado se ha declarado de forma unánime contra los actos de agresión y las acciones hostiles llevadas a cabo por Afganistán. En el documento del Senado, se afirma que se mantiene unido, más allá de las divisiones políticas, en defensa de la soberanía de Pakistán. Apoya al Estado para salvaguardar el país y el honor nacional. El presidente del PTI, Gohar Khan, ha dicho en redes sociales que se dará respuesta completa a la agresión afgana, y que, a pesar de querer la paz, no se dudará en contrarrestar cualquier amenaza.

Desde que los talibanes se hicieron con el poder, Pakistán acusa al gobierno afgano de promover el terrorismo regional, y de no facilitar la eliminación de células terroristas del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Esto se suma a la presión que ejercen los miles de refugiados afgano. Suelen ser acusados potenciales terroristas por algunos sectores políticos. Estos hechos, para Islamabad, son una constante fuente de desestabilización e inseguridad, que se suman al riesgo de que Pakistán es una potencia nuclear.

Las relaciones económicas entre Pakistán y China, como también la vinculación paralela que tiene la Inteligencia, el ISI, y las fuerzas armadas paquistaníes, con los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos, convierten este conflicto en un escenario relevante para la región.

En conclusión, después de la operación Furia Justa es posible que se generen dos escenarios posibles: el primero, vinculado a la situación doméstica de Pakistán; y el otro relacionado con la situación afgana. Es posible que el debate sobre la 27º Enmienda termine de repente y se normalice que los comandantes militares desempeñan un papel constitucional, como también que no se trate el asunto de la falta de separación de poderes. Por otro lado, se presiona al gobierno talibán afgano para que haga frente a la normalización institucional que prometió, y continuamente incumple.

Debemos ser conscientes es que con un conflicto así las fuerzas armadas se convierten en un punto de unión de todas las facciones paquistaníes, un hecho que hemos de tener en cuenta en la siguiente crisis institucional. 

Guillem Pursals es doctorando en Derecho (UAB), máster en Seguridad (UNED) y politólogo (UPF), especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.