No estoy en contra de la reinserción de los presos de ETA. Nunca lo he estado. Al contrario: ojalá hubiera muchos más terroristas verdaderamente reinsertados, capaces de reconocer con honestidad la injusticia radical de lo que hicieron, de romper con el mundo que les sostuvo y de dar pasos reales para reparar, siquiera mínimamente, el injusto daño causado. Lo que denuncio, y seguiremos denunciando desde COVITE, es otra cosa: que se disfrace de reinserción lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas y fraudulentas; que se presenten como arrepentidos quienes no lo están; y que se concedan terceros grados y semilibertades a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a presos de ETA que no cumplen el requisito esencial para acceder a esos beneficios: el arrepentimiento verdadero.
Conviene decirlo con claridad porque en este debate se está tratando de imponer una gran trampa. Se nos quiere hacer creer que basta con una carta, con una fórmula ambigua de reconocimiento del daño para acreditar un arrepentimiento que, en el caso de los terroristas de ETA, solo puede medirse por los hechos. Y los hechos son inequívocos. La inmensa mayoría de los presos de ETA que están accediendo a estos privilegios penitenciarios siguen integrados en el espacio político y social de la izquierda abertzale, el mismo entorno que durante décadas justificó, amparó y jaleó el terrorismo —y todavía hoy sigue legitimándolo—.
Quienes están saliendo de prisión o disfrutando de regímenes de semilibertad sin haber roto con ese entramado no están demostrando arrepentimiento alguno
No puede haber arrepentimiento mientras se siga perteneciendo al entramado que considera a los asesinos «presos políticos», reclama su impunidad y los sigue presentando como héroes de una causa supuestamente noble. Y lo más importante: les prohíbe expresamente que se arrepientan. No puede hablarse de reinserción mientras se mantenga intacto el vínculo con las redes de influencia, apoyo material y protección del mundo que sostuvo a ETA.
El caso reciente de Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, lo ilustra con especial crudeza. Es una exdirigente de ETA, estrechamente identificada tanto con su aparato político como con el militar, vinculada a múltiples asesinatos, a la que se ha concedido el artículo 100.2 tras muy poco tiempo de cumplimiento de prisión en España. Más allá de las circunstancias concretas del caso, lo relevante es lo que vuelve a poner de manifiesto: que una vía excepcional de flexibilización penitenciaria se está utilizando de forma generalizada con los presos de ETA que están en la órbita de Bildu, como atajo para facilitar sus excarcelaciones sin que exista una ruptura pública, visible e inequívoca con ese mundo. Por todo ello, es muy importante subrayar algo que a algunos no les interesa que se diga: sí hay etarras arrepentidos de verdad. Sí existen. Y precisamente su existencia deja todavía más en evidencia este fraude que estamos denunciando.
Sabemos que algunos exmiembros de ETA están colaborando con la justicia en causas como el sumario por la autoría intelectual del asesinato de mi hermano, Gregorio Ordóñez, así como en otros procedimientos. Esos sí están arrepentidos de verdad. No porque lo digan en una carta, no porque participen en un programa institucional de supuesta justicia restaurativa, no porque pronuncien palabras más o menos emotivas, sino porque han dado el único paso que de verdad demuestra una ruptura con la lógica mafiosa de ETA: situarse frontalmente fuera del pacto de silencio de la organización terrorista y de su entorno político.
Eso tiene un precio altísimo. Y me consta que lo están pagando. Quien hace una autocrítica sincera de su pertenencia a ETA o colabora con la justicia es expulsado inmediatamente de las redes de influencia de la izquierda abertzale. Queda fuera de su sistema de apoyos, fuera de sus canales de protección, fuera de sus privilegios. Vive en condiciones muy distintas, mucho más duras, que las de tantos otros presos de ETA que son tratados como referentes por ese entorno mientras obtienen beneficios penitenciarios. Esa es la gran diferencia entre el arrepentimiento sincero y su simulación: el arrepentimiento de verdad tiene un precio. Tiene consecuencias. Obliga a renunciar a la comunidad política y afectiva que durante años arropó al terrorista. Nadie paga ese precio por oportunismo.
En cambio, quienes están saliendo de prisión o disfrutando de regímenes de semilibertad sin haber roto con ese entramado no están demostrando arrepentimiento alguno, y por tanto no están en proceso de reinserción, sino todo lo contrario. Lo que estamos viendo es la ejecución, por fases, de la última gran exigencia que queda por cumplir del final de ETA negociado que vivimos: «vaciar las cárceles», tal y como lo exigió la izquierda abertzale y dejó documentado en el Acuerdo de Gernika de 2010. Hoy ese objetivo avanza con cobertura institucional, mediante terceros grados fraudulentos y 100.2 que aparentan legalidad, pero que sirven para un único propósito: sacar de prisión a presos de ETA sin exigirles arrepentimiento.
Las víctimas no vamos a aceptar que nos tomen el pelo. Sabemos que el arrepentimiento verdadero existe, porque algunos —muy pocos, por desgracia— lo han demostrado en el pasado y lo están demostrando hoy mismo, con hechos y pagando un precio altísimo por ello. Precisamente por eso reconocemos el engaño cuando lo tenemos delante.
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