Prorroga de los alquileres: entre pillos anda el juego

El pasado 20 de marzo el Consejo de Ministros estuvo a punto de no celebrarse por un plante de los cinco miembros de Sumar. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, abanderó la revuelta que pretendía incluir en el decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la guerra en Irán la congelación de los alquileres. Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Carlos Cuerpo -entonces sólo ministro de Economía- intentaron convencer a sus socios de gobierno de que esa pretensión condenaba al fracaso el decreto, ya que tanto el PP, como Vox, y Junts, habían anunciado que votarían en contra de su convalidación en el Congreso si la norma incluía la congelación de los alquileres. Ni siquiera tenían seguro el apoyo del PNV.

Sumar, que ya había recibido dos varapalos electorales en Aragón y en Castilla y León, necesitaba foco para que se viera que servían para algo más que para dar cobertura y apoyo parlamentario al Partido Socialista. Sus ministros se conjuraron en secreto para boicotear la reunión del Consejo, haciendo bandera de la vivienda, y le dieron cancha a Pablo Bustinduy (ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), como artífice de la propuesta, lo que era también una forma de animarle a aceptar el papel de líder de Sumar (aunque él sólo aspira a ser el número dos).

El pulso no tenía fácil salida (ya lo contamos en estas mismas páginas), así que se llegó al consenso -creo que la idea fue de Montero- de aprobar dos decretos por separado: uno, con las medidas fundamentalmente dirigidas a paliar la subida de los carburantes, y otro, con la propuesta de congelación de los alquileres como exigía Sumar.

Todos sabíamos que el primer decreto tenía posibilidades de salir adelante. De hecho, fue aprobado el pasado día 26 de marzo con el voto favorable del PSOE, sus socios, y Junts, y con la abstención del PP. Pero todos, incluidos los diputados de Sumar, sabían que su decreto, el de los alquileres, sería rechazado. Pero, y he aquí lo perverso de la situación, en vez de votarse el mismo día que el decreto que contempla la rebaja del IVA a los carburantes, su validación por el Congreso se aplazó hasta finales del mes de abril.

Es decir, que ahora hay un decreto en vigor (Real Decreto ley 8/2026) que permite a los inquilinos cuyos contratos vencen desde el pasado día 20 de marzo hasta el próximo día 31 de diciembre, solicitar a sus caseros que les congelen los alquileres durante dos años (muchos de esos alquileres ya estaban congelados por las medidas que se adoptaron para paliar los efectos del Covid).

Al dar varias semanas de plazo entre la aprobación del decreto y su convalidación por la Cámara, el gobierno ha creado falsas expectativas a los inquilinos y ha dejado en el desamparo a los caseros

El propio ministro Bustinduy ha animado a los arrendatarios a solicitar la medida y ha lanzado improperios contra los fondos y grandes tenedores para que cedan a esas demandas.

El lío que se ha montado es monumental. Miles de inquilinos están remitiendo burofaxes a sus caseros pidiendo la prórroga, mientras que estos no saben lo que hacer porque el decreto en el que se ampara esa petición será tumbado dentro de tres semanas.

Las interpretaciones jurídicas son para todos los gustos. Pero lo que llama la atención es el descaro del gobierno al quitarse de encima la presión de Sumar trasladándosela a los arrendadores (la inmensa mayoría son familias que necesitan la renta del alquiler de su segunda vivienda para vivir un poco dignamente).

¿Acaso no sabía Sánchez que eso iba a ocurrir? ¿Cómo se permite que varios ministros del gobierno -no sólo Bustinduy- estén alentando a los inquilinos a solicitar unas prórrogas que se sustentan en un decreto ley que va a ser derrotado en el Congreso?

Conociendo el paño, me temo que todos lo sabían, pero que actuaron con premeditación y alevosía. Política de hechos consumados: Sumar se puede apuntar el éxito de haber logrado la prórroga de todos los alquileres que vencen en los próximos nueve meses; mientras, que la parte socialista del gobierno hace la vista gorda y se comporta como si no hubiera previsto lo que está ocurriendo (hay algún ministro que, por lo bajinis, está diciendo que lo que tienen que hacer los caseros es no dar por recibidos los burofaxes).

Bustinduy trata a los caseros como si todos fueran fondos buitres o grandes tenedores (como el Gran Wyoming), pero la realidad es muy distinta. Más del 80% de los pisos en alquiler son propiedad de personas o familias que sólo tienen una segunda vivienda y que necesitan esos ingresos para vivir. Pues bien, ahora muchos de esos pequeños propietarios tendrán que gastarse el dinero en abogados para poder subir el precio de los alquileres sin temor a consecuencias que desconocen.

Lo que está ocurriendo con el decreto de los alquileres es coherente con la política de vivienda de este gobierno. En lugar de dar respuesta a las familias que no tienen recursos para pagar los alquileres, prohibe sus desahucios, con lo que el problema se lo traslada a los propietarios de esas viviendas.

La decisión de retrasar un mes la aprobación del decreto de prórroga de los alquileres tiene un efecto parecido: para que Sumar pueda apuntarse un tanto, sin tener los apoyos suficientes en el Congreso para sacar adelante la norma, traslada el problema a los caseros que, o bien aceptan pasar por el aro, o se arriesgan a ser demandados por hacer caso omiso de un decreto que está en vigor desde el sábado 20 de marzo.

Este es modus operandi del gobierno que sólo piensa en mejorar la vida de la gente.