El feudalismo en América Latina fue uno de los debates más intensos de las ciencias sociales de la región durante el siglo XX hasta la caída del Muro de Berlín. En ese momento no había teorías decoloniales ni epistemologías del sur que nos advirtiesen que ese enfoque era eurocéntrico, o del norte o, mejor aún, colonial, como dirían los decoloniales que lo explican todo con esa categoría y se quedan tan contentos. Entonces lo que se llevaba era el marxismo o, mejor dicho, el materialismo histórico.

Como es bien sabido, la teoría "científica" de Marx organizaba la historia en una serie de etapas marcadas por el modo de producción y la lucha de clases que se sucedían como superación de la anterior hasta llegar al comunismo, entendido como el fin de la historia. Esto suponía un grave problema para todos los fieles devotos del santo de Tréveris que querían dar una revolución comunista, pues antes era necesario haber pasado por las etapas previas y eso en América Latina tenía lo suyo.

Los más dogmáticos eran los académicos con carné del partido comunista, pero no de cualquiera, que había muchos, sino del auténtico, del alineado con la III Internacional. Para ellos estaba claro que las doctrinas y encomiendas, esas grandes extensiones de tierra donde se obligó a trabajar a los indígenas cual siervos de la gleba bajo las órdenes de los colonizadores y la Iglesia, no eran más que una forma de feudalismo mantenida en las repúblicas independientes. Por suerte, José Carlos Mariátegui se alejó de la rigidez del etapismo al analizar desde el marxismo las particularidades de la historia de su país, a la vez que mostró la especificidad que "el problema del indio" introduce en cualquier intento de análisis de la región.

Pero el feudalismo no era solo un asunto de propiedad de la tierra, sino también una arquitectura política fragmentada donde el poder se distribuía en centros autónomos unidos por lealtades personales a un primus inter pares. La obediencia no era debida al reconocimiento de una subordinación institucional, sino la moneda de cambio para preservar el propio dominio. Es decir, ese control sobre parcelas de poder no respondía a un principio de orden general, sino a una lógica instrumental: los señores ejercían su autoridad para consolidar su posición, negociar lealtades y extraer beneficios. Aunque reconocían al rey, su prioridad era preservar su dominio, incluso a costa del equilibrio del conjunto político.

Feudalización institucional en Latinoamérica

En varias democracias latinoamericanas asistimos hoy en día a una forma de feudalización institucional que no implica la desaparición del Estado, sino su transformación interna. Órganos que deberían actuar como contrapesos —tribunales, autoridades electorales o fiscalías— se convierten en espacios capturados que operan como dominios autónomos. Su función deja de ser controlar el poder para pasar a gestionarlo en favor de quienes lo detentan. Como en el orden feudal, estas parcelas institucionales se utilizan de manera instrumental: se negocian lealtades, se reparten beneficios y se consolidan posiciones. No se trata de instituciones débiles, sino de instituciones alineadas que han dejado de cumplir su función democrática.

La desvirtuación es evidente: estas instituciones no fueron creadas para formar parte del poder, sino para limitarlo. La división de poderes, la accountability o rendición de cuentas y la autonomía institucional surgieron precisamente como respuesta al peligro de su concentración. Se diseñaron como barreras frente al abuso, protegidas deliberadamente de la injerencia del gobierno para garantizar su independencia. Su función no era gobernar, sino controlar a quienes gobiernan. Sin embargo, cuando esas mismas garantías de autonomía son utilizadas para blindar lealtades políticas en lugar de ejercer control, el diseño institucional se invierte: lo que debería ser un freno se convierte en instrumento del poder.

No se trata de un fenómeno clásico de captura o de simple partidización. En esos casos, las instituciones se alinean con un proyecto político concreto y mantienen, al menos, una lógica de fidelidad a mediano plazo. Aquí ocurre algo distinto: quienes ocupan esos órganos de control no responden a la ley, ni a los partidos, ni a los ciudadanos, sino a sus propios intereses. Ejercen la autoridad como un recurso intercambiable, ofreciendo sus decisiones, interpretaciones o silencios al mejor postor. La institución deja de ser un espacio de control para convertirse en un activo que se administra estratégicamente.

La clave de este proceso está en la apropiación funcional de la autonomía. Lo que en teoría democrática se concibe como un diseño institucional para aislar a los órganos de control de presiones políticas, en la práctica se transforma en un espacio sin supervisión efectiva. La independencia deja de ser un medio para garantizar imparcialidad y se convierte en una oportunidad para ejercer poder sin rendición de cuentas. Así, quienes ocupan estas instituciones no necesitan someterlas formalmente al Ejecutivo; basta con colonizar sus decisiones, orientar sus tiempos y modular sus interpretaciones. El control no se ejerce mediante órdenes explícitas, sino a través de incentivos, expectativas y beneficios cruzados. Como en el feudalismo, la estabilidad del sistema no depende de la ley, sino de la red de lealtades que sostiene cada parcela de poder.

Cuando los límites institucionales se convierten en instrumentos del poder, como en el Ecuador de Noboa, la democracia no desaparece: se vacía"

En ese contexto, el comportamiento se asemeja más al de un señorío feudal que al de una institución moderna. No hay sujeción a reglas impersonales, sino ejercicio discrecional del poder desde una posición relativamente autónoma. Quien controla ese espacio —junto con su círculo de lealtades— actúa como un señor que dispone de su jurisdicción, negociando apoyos y distribuyendo beneficios. No es el gobierno quien controla plenamente estas instituciones, sino redes que las habitan y las utilizan. El resultado es un poder fragmentado, pero no neutral: cada parcela opera como dominio propio dentro de un orden que ha dejado de ser institucional para volverse relacional.

Señorío institucional en Ecuador

El mejor ejemplo de esta lógica de señorío institucional es el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Formalmente autónomo y muy blindado, en la práctica ha operado como una parcela de poder controlada por una mayoría de vocales que no se deben a la ley ni a los ciudadanos, sino a sí mismos. Sus decisiones recientes —desde la inacción frente a las obligaciones del presidente en campaña hasta el adelanto del calendario electoral bajo argumentos climáticos jurídicamente débiles— muestran un patrón: el uso discrecional de sus competencias para favorecer al poder de turno. No actúa como árbitro, sino como actor; no garantiza la competencia, la administra.

Este comportamiento no responde a una captura clásica ni a una fidelidad ideológica estable, sino a una lógica más cercana a la del orden feudal: quienes controlan la institución gestionan su poder como un dominio propio, ofreciendo servicios y favores a cambio de preservar su posición. La autonomía deja de ser garantía de imparcialidad para convertirse en blindaje. Y cuando el árbitro entra al juego, la democracia deja de ser competencia para convertirse en reparto. En este contexto, lo ocurrido no es un episodio aislado, sino un paso más en la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Noboa. No porque concentre todo el poder, sino porque lo articula a través de instituciones que han dejado de controlarlo. Y cuando los límites institucionales se convierten en instrumentos del poder, la democracia no desaparece: se vacía.

Francisco Sánchez es director del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca. Aquí puede leer todos los artículos que ha publicado en www.elindependiente.com.