Fernández Díaz y Ábalos se unen al club de los "ministros en el banquillo"

Una larga trayectoria política puede granjearte toda clase de reconocimientos. Una gestión brillante puede llevar a merecer un puesto en los rankings de prestigio, publicando libros por los que los lectores hagan cola en las librerías o, por el contrario, acabar haciendo cola en el comedor de un presidio.

En España, todavía no hemos visto a ningún presidente del Gobierno sentado en el banquillo de los acusados. Eso sí, ya hemos tenido tres que han tenido que declarar como testigos: Adolfo Suárez (caso Banesto), Mariano Rajoy (caso Gürtel) y Felipe González,—este último, por partida doble (caso Filesa y caso GAL)— . La declaración de Rajoy fue, con diferencia, la más espectacular: se produjo mientras aún ejercía como jefe del Ejecutivo.

Lo que sí tenemos ya es un nutrido club de exministros que pasaron de compartir mesa con los prohombres del Boletín Oficial del Estado a compartir banquillo flanqueados por los funcionarios de seguridad. A ese selecto grupo de “ministros en el banquillo” acaba de sumarse Jorge Fernández Díaz.

Los primeros de la lista

Gran parte de la etapa felipista-guerrista acabó desfilando por los tribunales: desde la cúpula de la Guardia Civil hasta la dirección del Boletín Oficial del Estado, pasando por el Banco de España y las finanzas del grupo parlamentario socialista. Y, aunque se intentó evitarlo, el escándalo terminó alcanzando a los ministros.

Julián García Valverde fue ministro de Sanidad con Felipe González, pero los verdaderos quebraderos de cabeza se los llevó de su etapa anterior como mandamás de Renfe. Contratos controvertidos, intermediarios que se forraban como “conseguidores”… Aquel episodio le costó la carrera política, pero también se convirtió en el ejemplo más paradigmático de la velocidad judicial española: dimitió en 1992 y el juicio no llegó hasta 2005, es decir, trece años después.

Consuelo para García Valverde: al menos salió absuelto. Quedaron acreditadas las comisiones y las falsificaciones de facturas, pero el ministro no apareció directamente vinculado. Un triunfo agridulce.

El ministerio que se convirtió en la arteria carótida del felipismo fue el de Interior, donde florecieron dos de los casos que más dieron que hablar: los fondos reservados y el GAL. El primero sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional a los exministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera. El segundo llevó a Barrionuevo directamente al Tribunal Supremo. En el caso de los fondos, Corcuera respiró tranquilo: la sentencia reconoció que el reparto ilegal existía, pero cargó las culpas sobre sus subordinados (Rafael Vera, Julián Sancristóbal y compañía) y dejó al margen al “ministro electricista”.

Barrionuevo también se salvó en ese juicio, pero no en el del GAL por el secuestro de Segundo Marey. Su entrada en prisión, aplaudida por toda la plana mayor socialista —Felipe González, Almunia, Borrell y hasta unos jovencitos entonces desconocidos como Pedro Sánchez y Óscar Puente—, marcó un hito histórico.

También soportó investigaciones judiciales el vicepresidente Narcís Serra, tanto en el caso CESID como en el caso Kroll. Aquellos expedientes arruinaron su carrera política, pero no le llevaron al banquillo. Décadas después sí tuvo que sentarse como acusado por posibles sobresueldos en su etapa al frente de Caixa Catalunya. Afortunadamente para él, salió absuelto. Como testigos en distintos juicios desfilaron ministros como Josep Borrell (caso Hacienda) o el propio Alfonso Guerra (caso Filesa).

La foto maldita

Los enemigos del Partido Popular difundieron por internet una foto de un posado de ministros del Gobierno de Aznar asegurando, con cierta malicia, que todos ellos habían acabado “empapelados” por la justicia. La interpretación era algo tramposa: ponía en el mismo saco a quienes solo habían declarado como testigos y a los procesados y, curiosamente, se olvidaba de incluir a uno que luego sí resultó condenado.

Eso no quita que la imagen de limpieza que José María Aznar tanto presumía al dejar el poder en 2004 —“conmigo no ha pasado lo de Felipe”, venía a decir— quedara bastante maltrecha conforme los jueces siguieron tirando del hilo.

Jaume Matas se convirtió en “el ministro apestado” para el aznarismo tras ser condenado en firme por partida doble por su manejo del dinero público como presidente de Baleares. Un camino muy parecido parece seguir Eduardo Zaplana, condenado en primera instancia por chanchullos en su etapa valenciana y a la espera de que la sentencia sea firme. Aznar podrá insistir en que las corruptelas no ocurrieron mientras fueron ministros, pero el titular ya está servido: ministros nombrados por él han acabado condenados por corrupción.

El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos tuvo que sentarse en el banquillo por el manejo de las cuentas del partido que fundó tras dejar el PP, aunque al final logró la absolución. Más dura fue la caída de Rodrigo Rato, el símbolo viviente del “milagro económico” popular. En lo que parecía su gran juicio —la estafa de la salida a bolsa de Bankia— salió absuelto. En cambio, el caso que parecía menor —las "tarjetas black", aquel complemento salarial opaco y sin retenciones— le dejó una condena de cárcel firme y humillante para quien un día acarició la presidencia del Gobierno.

¿Oasis Zapatero?

En política todo se mide por comparación. Y a favor de Rodríguez Zapatero cabe decir que la imagen de corrupción de su etapa fue notablemente menor que la de sus dos antecesores (Felipe González y José María Aznar) y también que la de sus dos sucesores (Mariano Rajoy y Pedro Sánchez). Podría haber sido el oasis. Sin embargo, en su mandato también hubo ministros que acabaron en el banquillo: concretamente tres, Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán, todos implicados en el caso de los ERE.

Zapatero podría argumentar—al igual que Aznar con Matas y Zaplana— que los juzgaban por su gestión en la Junta de Andalucía, no como ministros. El asunto acabó con condena en primera instancia, ratificada por el Tribunal Supremo y luego anulada por una discutida interpretación del Tribunal Constitucional.

Turno de Fernández Díaz y Ábalos

Varios ministros de Mariano Rajoy dimitieron por escándalos. José Manuel Soria dimitió, más que por corrupción, por el ridículo de negar sociedades en el extranjero que no tardaron en aparecer. Ana Mato fue imputada como partícipe a título lucrativo en el caso Gürtel; la justicia reconoció que ignoraba el origen ilícito de los fondos, pero no deja de sorprender que Rajoy la nombrara ministra cuando el escándalo ya era vox populi.

El juicio a Jorge Fernández Díaz vale casi más por lo que simboliza que por lo concreto de la acusación. Las “cloacas” —término comodín para el uso de recursos del Estado en operaciones políticas— tuvieron en el comisario Villarejo una pieza clave entre 1994 y 2017. Con nadie parecieron disfrutar de tanto margen como con Fernández Díaz. Es cierto que el caso Kitchen nada tiene que ver con filtraciones contra Podemos o independentistas: se trataba de captar a un chófer para espiar a Luis Bárcenas. Pero el destino, con su fino sentido del humor, ha querido que sea precisamente en este caso donde el exministro haya llegado al banquillo.

Paralelamente, el ministro que gozó de la máxima confianza de Pedro Sánchez —en el Consejo de Ministros, en la ejecutiva del PSOE y en el grupo parlamentario— José Luis Ábalos, se sentará ahora en el banquillo por la primera trama de corrupción en la que aparece implicado. Aunque ahora parezca que Sánchez lo presenta como un gran desconocido.

Ábalos y Fernández Díaz ya forman parte del club de los ministros en el banquillo. Su última esperanza es que el juicio acabe como los de Corcuera, García Valverde o Cascos: con una absolución. Es verdad que su imagen política está tan hecha trizas que ni siquiera una sentencia favorable la recompondría. Pero, teniendo en cuenta que se juegan años a la sombra, en estos momentos la imagen pública es, seguramente, lo que menos les preocupa.