Hay alianzas que sobreviven a quienes las firmaron y alianzas que solo existen mientras dura el relato que las sostiene. El eje entre Varsovia y Budapest pertenece, hasta hoy, a la segunda categoría. Durante años fue una de las construcciones más eficaces de la derecha iliberal europea: dos capitales centroeuropeas dispuestas a confrontar con Bruselas en nombre de una soberanía reinterpretada, dos primeros ministros, Viktor Orbán y, en su momento, Mateusz Morawiecki, guiado por Jarosław Kaczyński, se exhibían como hermanos de armas frente al federalismo continental.
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Aquel andamiaje empezó a tambalearse el 24 de febrero de 2022. La invasión rusa de Ucrania reveló lo que la complicidad ideológica había logrado disimular: finalmente, la geografía pesa más que la afinidad doctrinal. Polonia, con la frontera ucraniana a las puertas, no podía permitirse el tacticismo prorruso que Orbán cultivaba desde Budapest. Aún así el partido que lidera Kaczyński, Ley y Justicia (PiS), mantuvo sus lazos con Orbán aunque con discreción.

La victoria de Péter Magyar el pasado 12 de abril ha reabierto, con un guion completamente distinto, esa misma conversación. Su partido, Tisza, obtuvo 141 escaños sobre 199. Es decir, la mayoría constitucional que permite tocar la arquitectura institucional que el Fidesz de Orbán tardó dieciséis años en construir. Tomó posesión el 9 de mayo, el Día de Europa. En la ceremonia los parlamentarios entonaron la Oda a la Alegría, el himno de Europa.

El primer destino de Magyar en el exterior como primer ministro será Varsovia, donde se le espera el 19 de mayo. Es toda una toma de posición. El primer ministro polaco, Donald Tusk, la formuló en términos que conviene retener: "Primero Varsovia, luego Bucarest, Chisinau y ahora Budapest". La lectura es transparente: una secuencia de reversiones democráticas que dibujaría una nueva geografía política en la mitad oriental de la Unión.

Conviene, sin embargo, no caer en la euforia de las simetrías fáciles. El eje que ahora se reconstruye no es el de 2010-2022 con otro signo, pues hay tres apuntes que parecen diferenciarlos.

El primero es jurídico-constitucional. Magyar dispone de algo que Tusk no tiene: una mayoría de dos tercios. El primer ministro polaco lleva más de dos años intentando reconstruir el Estado de derecho contra los vetos del presidente, Andrzej Duda, primero, y ahora, Karol Nawrocki. Los dos recibieron el apoyo del PiS. Las piruetas legales del Tribunal Constitucional, heredado del PiS, han desgastado tanto su capital político como la credibilidad de la propia reforma. Por el contrario, Magyar podría reescribir la Constitución de 2011 si quisiera.

Esta asimetría convierte a Budapest, paradójicamente, en el laboratorio donde podría ensayarse de manera ordenada lo que Varsovia solo ha podido hacer a empujones. La pregunta de fondo es si una mayoría democrática puede desactivar legítimamente una mayoría democrática anterior, atrincherada en el texto constitucional, no es menor: es un problema clásico de teoría de la Constitución, ahora con dos casos vivos al mismo tiempo.

La segunda restricción es geopolítica, y se llama Ucrania. Tusk ha hecho de la solidaridad con Kiev la columna vertebral de su política exterior. Magyar ha sido cuidadoso: aceptó levantar el veto al préstamo de 90.000 millones de euros, pero se opone a acelerar la adhesión. En el Parlamento Europeo el partido Tisza ha coincidido con Fidesz en materia migratoria. La frase de Tusk sobre que Polonia "cuidará de" Magyar para reconstruir la confianza con Kiev tiene mucho de gesto y algo de tutela. La cuestión es si Varsovia aceptará un eje en el que Budapest siga teniendo voz propia y discrepante, o si lo concebirá como operación de alineamiento.

La tercera es regional. El Grupo de Visegrado (V4) lleva años clínicamente muerto. Resucitarlo exigiría que Praga y Bratislava sigan el ritmo, lo que con el checo Andrzej Babiš de vuelta y el eslovaco Robert Fico en su trinchera proeslava parece, cuando menos, optimista.

Hay un episodio que lo ilustra mejor que cualquier comunicado. En diciembre de 2024 Hungría concedió asilo a Marcin Romanowski, antiguo viceministro de Justicia polaco imputado por la apropiación de cerca de 40 millones de euros. Poco después hizo lo mismo con Zbigniew Ziobro, ministro de Justicia y fiscal general entre 2015 y 2023, sobre quien pesan veintiséis cargos que incluyen liderar una organización criminal y el uso irregular de Pegasus contra opositores. La maniobra fue tanto una afrenta diplomática como una operación de protección política entre familias ideológicas. Varsovia respondió con el boicot diplomático al embajador húngaro. Y emitió una orden de búsqueda europea.

Ahora existe la posibilidad de que el Consejo de la Unión Europea deje de funcionar como un campo de minas construido veto a veto"

Magyar prometió en febrero que los extraditaría en cuanto tomara posesión. Cuando llegó ese día, Ziobro había aterrizado en Newark con un pasaporte de Ginebra; De Romanowski se desconoce el paradero pero ha dejado el apartamento que alquilaba en Budapest desde el 1 de mayo. El gesto que se quería simbólico ha terminado convertido en advertencia: los eslabones de la antigua internacional iliberal saben moverse a tiempo, y los procedimientos de extradición, ahora hacía unos Estados Unidos poco dispuestos a colaborar, pueden estirarse, según el portavoz de la Fiscalía polaca, "no meses, sino años". Las redes que el iliberalismo tejió durante dieciséis años se reconfiguran más deprisa de lo que tardan en desmontarse jurídicamente.

Lo que queda, más allá del episodio, es algo más sólido que un eje y más modesto que una alianza estratégica: la posibilidad de que el Consejo de la Unión Europea deje de funcionar como un campo de minas construido veto a veto. Durante dieciséis años, Hungría ha sido la anomalía que permitía a otros Estados esconderse detrás de Orbán. Esa coartada se acaba. Y eso, para una Unión Europea que afronta simultáneamente la cuestión ucraniana, el rearme y la negociación del nuevo marco financiero plurianual, vale más que cualquier fotografía en Varsovia.

Guillem Pursals es doctor en Derecho (UAB), máster en Seguridad (UNED) y politólogo (UPF), especialista en conflictos, seguridad pública y Teoría del Estado.