El ex presidente del Gobierno atraviesa horas bajas. Ha pasado, en apenas una semana, de la indignación y las ganas de salir en tromba para defender su inocencia al abatimiento. Aunque, frente a los suyos, sigue defendiendo machaconamente su inocencia.
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En una conversación mantenida el pasado lunes con una persona de su confianza, Rodríguez Zapatero comentó: "Han ido a por mí y lo han conseguido". El interlocutor le vio "tocado", cosa rara en un hombre que suele mostrarse entero incluso en los momentos más difíciles. Ya habían salido a la luz los informes de la UDEF, que le sitúan como vértice de una organización que ha utilizado un entramado de empresas para un posible lavado de dinero a través de Plus Ultra, compañía rescatada por el Gobierno en marzo de 2021 mediante dos créditos que suman 53 millones de euros. Además, la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama apunta a la participación de esa trama de empresas en la venta fraudulenta de petróleo y oro de Venezuela. Pero lo que más le ha dolido a Zapatero, según esta fuente, es ver a sus dos hijas metidas en este embrollo "como si fueran dos delincuentes". Cuando se produjo la conversación, todavía no se había hecho público el contenido completo del sumario, en el que se da cuenta, entre otras cosas, de la aparición en una caja fuerte en el despacho que Zapatero tiene frente a la sede del PSOE de numerosas joyas cuyo valor aún está por determinar.

Zapatero, según las fuentes consultadas, cree que todo lo que está saliendo se debe a una "operación política" tras la que está la derecha política, policial y judicial. El ex presidente está convencido de que él es la pieza clave para derribar a Pedro Sánchez.

Esa tesis es la que mantiene abiertamente su asesor en labores de comunicación, Luis Arroyo, quien ya trabajó en Moncloa a las ordenes del entonces presidente como jefe de gabinete de Miguel Barroso, secretario de Estado de Comunicación con Zapatero. Arroyo es ahora presidente del Ateneo de Madrid, aunque también hace labores como consultor a través de la empresa Asesores de Comunicación Pública.

Arroyo publicó el lunes un artículo en Infolibre (diario con el que colabora) en el que sostiene: "Resulta que por una investigación que se desarrolla principalmente desde 2023, cuando Zapatero sube a los escenarios en la campaña electoral a favor de Pedro Sánchez y del PSOE, se generan informes de la UDEF repletos de conjeturas y suposiciones, bajo las órdenes últimas del fiscal Luzón".

Mientras que su asesor de comunicación avala la tesis de la operación política, su abogado opta por una defensa estrictamente jurídica

Es decir, que establece una relación causa/efecto entre la participación activa de Zapatero en la campaña a favor de Sánchez y la apertura de una investigación de la UDEF impulsada por el Fiscal Anticorrupción.

Además de despreciar la labor de la UDEF ("no hay ni un sólo indicio razonable, por mucho que se empeñen en sugerir lo contrario los agentes de la UDEF", afirma), Arroyo trata de desligar las tareas de consultoría de Zapatero de las operaciones empresariales de su amigo Julio Martínez Martínez. "¿De verdad vamos a imputar al presidente Zapatero las sociedades mercantiles o las veces que usa su nombre el compañero de deporte del presidente?", se pregunta el asesor de Zapatero.

Sin embargo, esa no será la línea que va a seguir el abogado de Zapatero, Víctor Moreno, que ha logrado que Calama retrase la comparecencia de su cliente hasta el próximo 17 de junio, argumentando que quiere estudiarse bien el extenso sumario. Moreno Catena se hizo conocido cuando defendió a dos de las imputadas en el 'caso de los ERE' (Carmen Martínez Aguayo y la ex ministra Magdalena Álvarez). Pese a a su cercanía al PSOE (que él nunca ha ocultado; de hecho, fue subsecretario del Ministerio del Interior), Moreno Catena está considerado como uno de los mejores expertos españoles en derecho penal. Ha sido catedrático de la Universidad Carlos III y de la Universidad de Santiago, en las que dejó buen recuerdo entre sus alumnos.

Moreno Catena se inclina, según las fuentes, por una defensa más profesional, alejada de la contienda política. Tiene tarea por delante y a él no le valdrá argumentar ante Calama que lo que hay detrás de las investigación de la UDEF es una "operación política de la derecha".

Mientras tanto, la decisión del Gobierno es seguir manteniendo la presunción de inocencia de Zapatero y esperar a que se produzca su declaración ante el juez. Hasta que ese día llegue, el argumentario que se difunde desde Moncloa entre los periodistas es que la labor de lobby no está regulada en España y que hacer gestiones para ayudar a una empresa no es delito.

El problema para el Gobierno es que esa línea de defensa apenas sirve para contener el tsunami de información que ha aportado la UDEF y que ha sumido a la militancia y al votante socialista en una duda más que razonable sobre la honestidad del dirigente que presumía de su falta de apego al dinero.

En ese impasse, hasta que Zapatero se explique ante el juez Calama, la sensación de fin de ciclo se extiende. Las declaración que hizo ayer García-Page pidiendo una cuestión de confianza o la convocatoria de elecciones (como reclamó el lunes el ex presidente Felipe González) no ha sido una crítica más de las que suele hacer el presidente de Castilla-La Mancha. Esta vez hay muchos socialistas que coinciden con él, porque piensan que lo mejor sería adelantar los comicios y no esperar hasta 2027. Aunque sólo sea para evitar el desastre total para el PSOE.