Pedro Sánchez aterrizó en Argel el día 20. Aunque era lo agendado hace tiempo, darlo por hecho antes de que ocurriera era mucho pedir. Y es que con el presidente y sus hombres nunca se sabe. Todo puede torcerse en el último minuto, como sucedió con el viaje de Albares en febrero de 2024, truncado bruscamente cuando el titular de Exteriores casi tenía un pie en la escalerilla del avión, simplemente porque el Majzen, que de facto tiene intervenida la política exterior española, prohibió a Madrid cualquier mención al Sáhara en el diálogo con El Mouradia. En esta ocasión, Pedro Sánchez pudo, cruzando los dedos, arribar a la capital argelina.
La visita oficial persigue un doble objetivo: por un lado, apuntalar la normalización entre Madrid y Argel para garantizar que el flujo del gas magrebí, disputado también por Italia y Alemania, recupere los niveles previos a la crisis de 2022; por el otro, el presidente alberga la vana ilusión de que sus irrisorias y estultas alusiones al enviado personal Staffan de Mistura, sumadas al improvisado y súbito apoyo a la concesión de la nacionalidad española a los saharauis, bastarán para eclipsar –como si la memoria colectiva pudiera reiniciarse sin más– su infame traición y la guerra sin cuartel que libra contra el pueblo saharaui dentro y fuera de España.
La urgencia del viaje a Argel no responde a una genuina epifanía diplomática, sino al descarnado realismo de la seguridad energética. Si el cierre del gasoducto Magreb-Europa en octubre de 2021 –fruto de la ruptura entre Argel y Rabat– ya había privado a España de su principal arteria gasista, el viraje unilateral de Moncloa en marzo de 2022 terminó de apuntillar la situación. Argelia castigó a Madrid estrangulando al mínimo técnico el flujo del Medgaz (el único conducto que la une con la península ibérica) y disparando sus tarifas.
España pasó de ser el socio prioritario del gigante argelino a un cliente secundario en la lista de espera, un vacío que Roma no tardó en aprovechar. Mientras los sucesivos gobiernos italianos firmaban contratos milmillonarios en El Mouradia para convertir a su país en el gran nodo del gas del sur de Europa –sirviendo incluso de puente logístico para abastecer a una Alemania necesitada de alternativas post-Rusia–, la industria española sufría las consecuencias de un aislamiento autoinfligido.
Sánchez acude ahora a Argel con la necesidad acuciante de recuperar las cuotas de mercado perdidas, mendigando un caudal energético que España ya tenía garantizado antes de que el presidente decidiera, de espaldas a las Cortes, usar –ilusamente– el Sáhara Occidental como moneda de cambio para complacer al régimen alauí.
El pasado jueves 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el núcleo de la ley de amnistía al dictaminar que no contradice el derecho comunitario. La Corte especificó que la norma es válida bajo el derecho de la UE porque busca un fin lícito: “reducir las tensiones institucionales y políticas” y facilitar la “reconciliación”. Evidentemente, este es el propósito noble y éticamente loable que se le presupone una norma de tal envergadura. Sin embargo, la cruda realidad es que esta ley se negoció con insidia y alevosía con el exclusivo y frío objetivo coyuntural de comprar los siete votos de Junts –la única liana que salva el precipicio que separa a Sánchez de la Moncloa–.
En la misma línea, en junio de 2021, el presidente indultó por puro oportunismo político a los nueve líderes independentistas en prisión desde el otoño de 2017, traicionando lo que él mismo había afirmado con vehemencia en las campañas electorales de 2019. Pese a que en uno de los debates que precedieron a los comicios generales declaró: “Yo me comprometo hoy y aquí a traer de vuelta a España a Carles Puigdemont y que rinda cuentas ante la Justicia española”, el presidente envió en octubre de 2023 a Bruselas a Santos Cerdán, a la sazón secretario de organización y “número tres” de la formación socialista, para que se reuniera con el líder huido y asegurar así el voto favorable de Junts a cambio del impulso de la ley de amnistía.
Aquella negociación, encabezada por un emisario que hoy se halla en libertad provisional tras pasar 142 días en prisión, procesado por cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, fue la que inclinó la balanza en la Cámara Baja y posibilitó la investidura de Sánchez.
Estos días, amparado en la sentencia del TJUE, el Gobierno alza la voz para alegar que la amnistía siempre pretendió la cohesión social y la paz convivencial; un argumento altruista que, entonces, jamás estuvo sobre la mesa. Queda patente, por tanto, que Sánchez instrumentaliza el dictamen de Luxemburgo con la intención exclusiva de blanquear el espurio trueque que le aupó a la presidencia del Gobierno.
El presidente no dudó en extrapolar a la esfera internacional esta maniobra –basada en la manipulación discursiva encaminada a maquillar sus propios peajes políticos– que tan bien le ha funcionado a nivel doméstico. Bajo esta misma táctica amoral, se presentó ante Abdelmajid Tebboune colgándose las medallas de defensor de los derechos humanos en Palestina y azote de la guerra contra Irán; todo ello mientras se muestra sordo y ciego ante la barbarie que asola el Sáhara Occidental ocupado.
España sigue siendo la potencia administradora de iure de dicho territorio; un mandato de la ONU que obliga al Gobierno a tutelar sus espacios marítimo y aéreo. En consecuencia, Sánchez es el primer responsable –por omisión– de la situación de flagrante ilegalidad internacional que acontece en la –otrora– provincia 53.
La hipocresía de Sánchez es el altísimo precio en términos de dignidad y credibilidad internacional que España paga por la mera supervivencia política de su presidente
Su posición actual es la de un líder acorralado por la corrupción en el ocaso de la legislatura, obligado a prorrogar año tras año los presupuestos generales del Estado ante la imposibilidad de aprobar su renovación. De ahí aflora su desesperación por recuperar una cuota del mercado energético que él –creyéndose alfil en el ajedrez geopolítico cuando es un simple peón– no supo retener. Su actitud no puede sino inspirar vergüenza ajena: una humillación manifiesta no solo ante Tebboune, sino ante cualquiera que conserve un mínimo de respeto hacia sí mismo y hacia la solemnidad del cargo que ostenta.
Así es Pedro Sánchez. No se cansa de atribuirse un aura de superioridad moral mientras desdeña los principios más elementales que definen la coherencia y el raciocinio. La contradicción política es un rasgo innato de su personalidad. Mientras respalda sin fisuras la ocupación marroquí del Sáhara y soslaya su confinamiento tras el muro militar más largo del mundo, declaró sin ruborizarse, en vísperas de su viaje a Argel, que con el derribo de la verja de Gibraltar “estamos haciendo historia de la buena”, parafraseando al ministro principal del Peñón, Fabian Picardo.
La hipocresía de Sánchez, envuelta en cosmética institucional, es el altísimo precio en términos de dignidad y credibilidad internacional que España paga por la mera supervivencia política de su presidente.
Abderrahman Buhaia es intérprete y educador saharaui
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