Pedro Sánchez ha vuelto a contradecir sus promesas del pasado al conceder el indulto a Laura Borràs. A pesar de que en sus inicios al frente del PSOE prometió acabar con los indultos a políticos corruptos, llegando incluso a proponer prohibirlos por ley en su sesión de investidura, el presidente ha decidido finalmente aplicar esta medida de gracia. Este movimiento contrasta fuertemente con su propio discurso y recuerda a los indultos del procés, con el agravante de que el caso de Borràs es un delito de corrupción de libro, sin estar directamente vinculado al secesionismo o la desobediencia civil.
La dirigente de Junts per Catalunya y expresidenta del Parlament había sido condenada a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental, delitos cometidos al fraccionar contratos para evadir los controles legales. Para evitar el ingreso en prisión de Borràs, el Ejecutivo escogió una fecha estratégicamente calculada, el 28 de julio, justo después del discurso de balance del año y a última hora del día, buscando esquivar las preguntas de la prensa y silenciar la noticia en los informativos.
Este nuevo giro de guion se suma a un largo historial de promesas incumplidas por parte de Sánchez, como sus contundentes negativas del pasado a pactar con Unidas Podemos y Bildu, o su inicial rechazo absoluto a la amnistía. A diferencia de otros momentos políticos históricos donde los cambios de postura provocaban dimisiones, resulta llamativo que en el actual equipo de gobierno esto no genere ningún problema de conciencia, dejando atrás la premisa de que "lo más importante es sostener la palabra"
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