Quien ha pasado la vida leyendo atestados sabe que una versión rara vez se falsea inventando los hechos. Basta con empezar a contarlos demasiado tarde. El testigo que declara haber recibido un golpe omite el empujón que dio antes, y no miente: solo elige la hora a la que arranca su relato. Todo lo que sigue puede ser exacto y, sin embargo, conducir a una conclusión engañosa.
La información publicada por El País, firmada desde Bruselas por Manuel V. Gómez, cuenta que la Comisión presentará en septiembre un reglamento para dar prioridad a los productos y servicios Made in Europe en las compras públicas. Señala la energía, la salud, el agua, el transporte y las industrias de doble uso, y cifra la palanca en licitaciones equivalentes al quince por ciento del producto interior de la Unión: unos 3,2 billones de euros. Explica además que Europa llega después de Canadá, de una Australia que recarga un diez por ciento las ofertas foráneas, de unos Estados Unidos que exigirán en 2029 un setenta y cinco por ciento de componentes nacionales en las compras de defensa, de la India y de China. Y añade dos hechos decisivos: China no forma parte del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio y, en abril de 2024, Bruselas abrió una investigación por la discriminación de empresas europeas en las licitaciones chinas de material sanitario.
La UE se suma a la ola proteccionista
Los expertos consultados no condenan sin más la medida. Judith Arnal recuerda que las preferencias nacionales pueden encarecer los contratos entre un quince y un cincuenta por ciento y propone pasar del Made in Europe al Made with Europe. Bernard Hoekman teme el coste de las grandes infraestructuras, aunque juzga limitado el efecto real porque la mayoría de los contratos se adjudica ya a empresas nacionales. Ignacio García-Bercero, el más severo, pregunta qué queda del principio de reciprocidad si la Unión Europea da la señal de que está dispuesta a apartarse de sus compromisos internacionales. Es una buena pregunta y merece respuesta.
Los hechos, por tanto, están. El problema es la relación que establece el titular entre ellos. "La UE se suma a la ola proteccionista" coloca dentro de una misma corriente a quien cerró antes su mercado y a quien intenta recuperar reciprocidad casi veinte años después. La fecha importa: China presentó su primera oferta de adhesión al acuerdo sobre contratación pública el 28 de diciembre de 2007 y todavía no forma parte de él. La información contiene los datos que desmienten la simetría y conserva la simetría. No oculta nada. Ordena. Y en el oficio de contar, el orden no es un adorno: también sostiene una tesis.
Volvamos a la pregunta de García-Bercero. Europa ha mantenido abierto un mercado de compras públicas equivalente a ese quince por ciento de su producto interior, mientras China, fuera del acuerdo multilateral que regula la materia, reservaba amplias zonas del suyo. Cabe discutir la proporción de la respuesta europea, su compatibilidad con los compromisos multilaterales y hasta su eficacia. Lo que no resiste el examen es presentar como equivalentes el cierre inicial y la reacción tardía, porque durante demasiado tiempo se llamó libre comercio a la apertura de una sola de las partes.
Hay una razón para que la respuesta llegue tarde y resulte imperfecta. Durante mucho tiempo llamamos competencia a algo que, en determinados sectores, no lo era. La empresa europea no competía solo con otra empresa, sino con un sistema de crédito, subvenciones, contratación reservada y planificación industrial respaldado por el Estado. La propia Comisión lo ha documentado en investigaciones comerciales y de contratación pública, desde los vehículos eléctricos hasta los equipos sanitarios. Eso no convierte a cada fabricante chino en un brazo del Partido ni niega una ventaja tecnológica que en muchos casos es real y ganada. Explica, sencillamente, que el precio final no siempre mide lo que decimos que mide.
El precio europeo incorpora además derechos que cuestan dinero: límites de jornada, protección social, seguridad laboral y negociación colectiva. En China, la única organización sindical legal es la Federación Nacional de Sindicatos de China, vinculada a la estructura del Partido y del Estado. No hace falta afirmar que todos los trabajadores chinos son esclavos, cosa que sería falsa, para admitir que esa diferencia también termina dentro del precio.
Quien quiera verlo tiene una película, y conviene recordar de dónde procede porque este argumento suele despacharse como una manía de la derecha europea. American Factory, producida por Higher Ground, la compañía de Barack y Michelle Obama, y distribuida por Netflix, ganó en 2020 el Oscar al mejor documental. Cuenta cómo el empresario chino Cao Dewang compró en 2014 la planta que General Motors había cerrado en Moraine, Ohio, y devolvió unos dos mil empleos a una población arruinada.
Algunos antiguos trabajadores de General Motors, que habían llegado a cobrar veintinueve dólares por hora, pasan a ganar alrededor de doce. En la inauguración, el senador demócrata Sherrod Brown defiende la presencia de un sindicato; la dirección china deja claro después lo que piensa de esa posibilidad: si el sindicato entra, la fábrica puede cerrar.
Un grupo de supervisores estadounidenses viaja después a la planta matriz de Fuqing, y allí la película alcanza su centro: turnos de doce horas, dos días libres al mes, formaciones casi militares al comienzo de la jornada, obreros que separan vidrio roto sin los guantes anticorte ni la protección ocular que sus colegas americanos consideran indispensables, y trabajadores que ven a sus hijos una o dos veces al año. Sindicato hay, pero lo preside el secretario del comité local del Partido, cuñado del propietario, que explica que la organización y la empresa deben funcionar como dos engranajes del mismo mecanismo. De vuelta en Ohio, Fuyao contrata a una consultora especializada en combatir la sindicación y gana la votación de noviembre de 2017 por 868 votos contra 444. Aquella campaña se desarrolló bajo la legislación estadounidense y no puede imputarse al derecho chino. La película muestra algo distinto: una diferencia de cultura laboral y de poder que no se queda en el país donde nace, sino que viaja con la inversión. No figura en ninguna oferta, pero influye en todas.
La crisis climática
Con el medio ambiente sucede algo parecido, y con una ironía añadida. Europa obliga a producir con costes energéticos y ambientales crecientes y después compra con dinero público bienes cuyo precio no incorpora necesariamente exigencias comparables. Si solo se mira la última cifra, quien cumple las reglas aparece como el ineficiente.
Las cifras del resultado son conocidas. En 2025 la Unión importó de China bienes por 559.400 millones de euros y exportó por 199.600 millones, con un déficit de 359.800 millones. Desde 2015 las importaciones han crecido un ochenta y nueve por ciento y las exportaciones europeas un treinta y siete. Ese desequilibrio no demuestra por sí solo una práctica desleal. Sí mide el resultado acumulado de una relación asimétrica que se dejó correr.
El País cuenta con bastante exactitud un nuevo paso de la defensa europea, y conviene añadir que no es el primero. La investigación abierta en abril de 2024 concluyó el 19 de junio de 2025 con la primera medida adoptada mediante el Instrumento de Contratación Internacional: los operadores chinos quedaron excluidos de las licitaciones europeas de productos sanitarios superiores a cinco millones de euros y se limitó al cincuenta por ciento la proporción de material chino admisible en los contratos afectados. Lo que el titular desdibuja son los años anteriores, desde aquella solicitud de 2007 que nunca llegó a convertirse en adhesión. En un atestado, elegir el comienzo no vuelve falso lo que viene después. Decide, sin embargo, el sentido que tendrá para quien lo lea.
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