He salido del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, con una impresión difícil de ordenar. Yo creía recordar bien aquellos años. Recordaba los atentados, los funerales, las imágenes que se repetían en televisión. Dentro he comprendido que recordaba la actualidad, no las vidas.
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En el antiguo edificio del Banco de España hay una reproducción a escala real del zulo donde ETA mantuvo secuestrado a José Antonio Ortega Lara durante 532 días. La palabra «reproducción» tranquiliza durante un instante. Uno sabe que la puerta se abrirá, que al otro lado hay un museo y después una calle. Ortega Lara no lo sabía. Vivió allí sin conocer la fecha, sin saber si volvería a ver a su familia, reducido por sus secuestradores a un cuerpo que respiraba en seis metros cuadrados.

Luego aparecen los nombres, las fotografías, los testimonios. Las cifras ya las conocíamos: 853 asesinados por ETA según el registro del Ministerio del Interior, 2.632 heridos y al menos 84 secuestrados. Pero una cifra no tiene voz ni llega tarde a cenar. En el Memorial la estadística recupera la edad, la profesión, los hijos. Se entiende algo elemental que los años y la discusión política han ido volviendo confuso: no hubo 853 abstracciones. Hubo 853 veces en que alguien decidió que una idea valía más que una vida.

España no padeció un solo terrorismo. Los GRAPO asesinaron a 93 personas. La extrema derecha dejó, entre otros crímenes, los cinco muertos del despacho laboralista de Atocha. El yihadismo mató a 193 personas el 11 de marzo de 2004 y a otras 16 en Barcelona y Cambrils en 2017. También existieron los GAL, la guerra sucia y los abusos cometidos desde el Estado. Hay que nombrarlos, investigarlos y juzgarlos. Precisamente esa es la diferencia: una democracia reconoce sus delitos como delitos; una organización terrorista presenta los suyos como sentencias.

ETA dejó la huella más larga porque no se limitó a matar. Organizó durante décadas una forma de vivir. Un concejal miraba debajo del coche antes de llevar a sus hijos al colegio. Un empresario recibía una carta y comprendía que debía elegir entre pagar, marcharse o arriesgar la vida. Un periodista escribía con escolta. Un vecino bajaba la voz en el bar. Otro cruzaba de acera para no saludar al amenazado. Hubo familias que se fueron del País Vasco y otras que permanecieron allí aprendiendo a no decir. Al daño privado se añadió el coste público de la seguridad, los atentados contra infraestructuras, los procesos judiciales y las indemnizaciones. Es imposible calcular cuántas carreras, negocios, amistades y vidas cambió el miedo.

Recordaba los atentados, los funerales, las imágenes que se repetían en televisión. Dentro he comprendido que recordaba la actualidad, no las vidas

Esa fue quizá la consecuencia más profunda. El terrorismo cambió el significado de las palabras. La extorsión pasó a llamarse «impuesto revolucionario»; el asesinato, «acción»; el terrorista encarcelado, «preso político»; el que huía, simplemente alguien que se había ido. El lenguaje no mataba, pero preparaba la habitación moral donde el crimen podía ser comprendido, disculpado o recibido con silencio.

La democracia tardó en aprender a defenderse. Cometió errores y también delitos. Después reunió inteligencia policial, cooperación francesa, jueces, pactos entre partidos y una movilización social que fue quitando a ETA el aire que necesitaba. Ajuria Enea, el Pacto por las Libertades, la ilegalización de Batasuna, Gesto por la Paz y las multitudes que salieron a la calle tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco pertenecen a una misma historia. ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y se disolvió en 2018 sin haber impuesto su proyecto. La derrotaron el Estado de Derecho y una sociedad que acabó perdiendo el miedo. La victoria no reparó todo: cerca de 300 asesinatos de ETA siguen sin resolverse judicialmente.

Al salir del Memorial, sin embargo, la palabra que me ha acompañado ha sido otra: normalidad. EH Bildu tiene seis diputados en el Congreso. Sus votos formaron parte de los 179 que invistieron a Pedro Sánchez en noviembre de 2023. ¿Es normal?

En el sentido jurídico y democrático, sí. Bildu es una coalición legal. En 2011 el Tribunal Constitucional anuló, por seis votos frente a cinco, la decisión del Tribunal Supremo que había invalidado sus candidaturas por considerar insuficientemente probada su instrumentalización por ETA y Batasuna. Un año después permitió la inscripción de Sortu. Desde entonces EH Bildu se presenta a elecciones y cientos de miles de ciudadanos la votan. El Congreso es el lugar donde están representados los electores, también cuando su elección nos incomoda.

Conviene decir además algo que a menudo se evita porque estropea los eslóganes: EH Bildu no es ETA. Sus diputados no son una banda armada y sus votantes no pueden ser reducidos a cómplices del terrorismo. La izquierda abertzale asumió las vías exclusivamente políticas y aceptó competir dentro de la ley. Negar esa transformación sería negar una parte de la victoria democrática. El Estado no derrotó a ETA para decidir después qué ciudadanos merecen representación, sino para conseguir que ningún proyecto pudiera volver a imponerse mediante una pistola.

Conviene decir además algo que a menudo se evita porque estropea los eslóganes: EH Bildu no es ETA, pero la organización no ha roto de manera inequívoca con aquel mundo

Pero la otra mitad de la verdad tampoco puede ocultarse. Sortu, principal integrante de la coalición, procede del espacio político que durante demasiado tiempo acompañó, justificó o se negó a condenar a ETA. No todos en EH Bildu tienen esa biografía, pero la organización no ha roto de manera inequívoca con aquel mundo. En 2021 Arnaldo Otegi declaró que sentía el dolor de las víctimas y que aquel sufrimiento «nunca debió haberse producido». Fue un avance y sería mezquino negarlo. También fue una frase cuidadosamente detenida antes de llegar al fondo: que ETA fue injusta desde su origen, que ninguno de sus asesinatos tuvo justificación y que la organización nunca debió existir.

Las palabras importan porque durante años sirvieron para no mirar. En 2024, Pello Otxandiano, candidato de EH Bildu a lehendakari, tuvo delante una pregunta sencilla: si ETA había sido un grupo terrorista. Contestó que había sido un «grupo armado». Después pidió perdón si había herido la sensibilidad de las víctimas, pero no corrigió la definición. No era un tropiezo semántico. Trece años después del final de los atentados, la dificultad para pronunciar la palabra «terrorismo» mostraba que el pasado seguía administrándose.

Lo mismo ocurrió en 2023, cuando EH Bildu incluyó en sus listas municipales a 44 personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA, siete de ellas por delitos de sangre. Habían cumplido sus penas y podían concurrir legalmente. Los siete anunciaron después que no tomarían posesión si resultaban elegidos. De nuevo, la legalidad estaba clara. La pregunta era por qué una coalición que pide que se reconozca su evolución no había comprendido por sí sola lo que aquellas candidaturas significaban para las familias de los asesinados.

Hay, por tanto, tres asuntos distintos. Que Bildu esté en el Congreso es consecuencia de la democracia. Que los demás partidos pacten con Bildu pertenece a su libertad política. Que esos pactos se presenten como si el pasado careciera ya de importancia es una elección moral de la que también hay que responder. Utilizar sus votos no convierte al Gobierno en cómplice de ETA; decirlo sería una falsedad. Pero la aritmética parlamentaria tampoco expide certificados de absolución.

El riesgo ahora no es que ETA vuelva a matar. Es otro: que la paz vuelva perezoso el recuerdo

El riesgo ahora no es que ETA vuelva a matar. Es otro: que la paz vuelva perezoso el recuerdo. Para quienes nacieron después de 2000, el terrorismo puede parecer un episodio remoto, una sucesión de fotografías en blanco y negro y una discusión mantenida por personas que todavía hablan de cosas antiguas. El Memorial existe contra esa comodidad. Explica que la libertad cotidiana —presentarse a unas elecciones, escribir un artículo, dar clase, abrir un negocio, pasear sin escolta— fue durante años una actividad peligrosa para una parte de los españoles.

Bildu es legal, es democrático y es decisivo. Las tres cosas son ciertas a la vez y ninguna cancela la pregunta. Dejará de plantearla el día en que pueda entrar en esa habitación, mirar a las víctimas y decir, sin voz pasiva y sin repartir la culpa, que ETA fue una organización terrorista, que matar estuvo mal y que nunca debió existir.

La visita al zulo dura lo que uno decide. A Ortega Lara le duró 532 días.