Miguel Ángel Blanco: la memoria no puede ser moneda de cambio

Estos días de julio muchos volvemos la vista a 1997. Primero llegó la liberación de José Antonio Ortega Lara tras 532 días secuestrado en un zulo construido para dejarlo morir lentamente. Aquella operación de la Guardia Civil demostró la fortaleza del Estado de Derecho frente al terrorismo.

Pero la alegría apenas duró unos días. ETA secuestró a un joven concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, intentando chantajear al Gobierno de José María Aznar. Todos sabemos cómo terminó aquella barbarie. Lo asesinaron de la forma más cobarde, únicamente porque representaba la libertad y la democracia.

Aquel crimen cambió España. Millones de ciudadanos salimos a la calle dejando a un lado nuestras diferencias políticas para gritar "¡Basta Ya!". Nació el Espíritu de Ermua, un movimiento cívico que unió a nuestro país frente al terror y frente a quienes pretendían imponer sus ideas a golpe de pistola.

Yo tenía 17 años. Como tantos jóvenes de mi generación, aquel asesinato marcó mi vida y reforzó mi compromiso político. Nunca pude entender que alguien pudiera ser asesinado simplemente por defender unas ideas en libertad. Tampoco olvidaré a tantos concejales, jueces, guardias civiles, policías, militares, periodistas o empresarios que vivieron durante años amenazados, escoltados o condenados al silencio por el terrorismo de ETA.

Durante mucho tiempo existió un consenso democrático: a los terroristas se les derrotaba con la ley, con la Justicia y con la unidad de los demócratas. Gracias al extraordinario trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los jueces y de la cooperación internacional, ETA fue derrotada sin conseguir ninguno de sus objetivos políticos.

Por eso resulta tan doloroso contemplar lo ocurrido en los últimos años. En mi opinión, desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a romperse aquel consenso. Y con Pedro Sánchez esa ruptura se ha profundizado mediante los acuerdos parlamentarios con EH Bildu, la formación que lidera Arnaldo Otegi.

Como navarro, me produjo una enorme tristeza comprobar cómo la alcaldía de Pamplona acabó en manos de EH Bildu gracias a un acuerdo impulsado por el Partido Socialista. Una decisión que, para muchos, habría sido impensable en aquellos días en los que toda España salió unida a defender la memoria de Miguel Ángel Blanco.

También considero profundamente injusto que muchos ciudadanos tengamos la sensación de que la política penitenciaria respecto a presos de ETA ha estado condicionada por la necesidad del Gobierno de asegurar apoyos parlamentarios. Esa percepción resulta especialmente dolorosa para quienes perdieron a un familiar, vivieron escoltados o tuvieron que abandonar su tierra por culpa del terrorismo.

Lo más preocupante, sin embargo, es que una parte de los jóvenes ya no conoce lo que fue ETA. Han tenido la suerte de no vivir los coches bomba, los tiros en la nuca, las cartas de extorsión ni el miedo que durante décadas sufrieron miles de españoles. Cuando la memoria se debilita, aparece el riesgo de reescribir la historia y de presentar como normal lo que nunca debió serlo.

Las víctimas del terrorismo no pertenecen a ningún partido político. Son patrimonio moral de toda España. Recordarlas no significa vivir anclados en el pasado; significa defender la verdad frente al olvido y la dignidad frente al oportunismo político.

Miguel Ángel Blanco tenía solo 29 años cuando ETA decidió arrebatarle la vida. Veintinueve años después, el mayor homenaje que podemos rendirle no es únicamente recordarlo cada mes de julio. Es mantener viva la memoria de todas las víctimas y no permitir jamás que su sacrificio se convierta en moneda de cambio de ningún gobierno.

Porque un país que olvida a sus víctimas no solo pierde la memoria. Empieza también a perder su dignidad.