I
El Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, ocupa noventa y seis páginas del Boletín Oficial del Estado. En el quinto párrafo de su exposición de motivos aparece una mujer. Tiene nombre y apellidos, tiene ochenta y siete años y tuvo, durante siete décadas, una casa en el barrio del Retiro. El texto dice de ella que «no es solo un número». Dice también que es víctima «de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz».

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Nadie había escrito así en el Boletín. Es un documento sin voz, y lo es por diseño. Generaciones de funcionarios redactaron sus páginas sabiendo que sobrevivirían a los ministros que las firmaban, y por eso les quitaban todo lo que envejece: el adjetivo, la emoción, la circunstancia. Una exposición de motivos no se escribe para conmover. Se escribe para que el Congreso sepa qué convalida, para que el Tribunal Constitucional pueda comprobar la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución, y para que un juez, dentro de diez años, averigüe qué quiso hacer el legislador.

Durante casi medio siglo leí preámbulos con ese propósito. El juez que abra este dentro de diez años encontrará una octavilla.

II
El preámbulo omite un dato. Mari Carmen Abascal pagaba una renta antigua. El régimen que durante décadas protegió a inquilinos como ella, el de la prórroga forzosa, nació precisamente bajo aquella dictadura. Lo desmontaron por etapas el decreto Boyer de 1985 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobados en democracia y por gobiernos socialistas.
El matiz importa. Un preámbulo que se equivoca de culpable anuncia una norma que se equivocará de remedio.

III
La víspera, el martes, la ministra de Vivienda compareció en la Moncloa tras el Consejo de Ministros para explicar lo aprobado. Los periodistas preguntaron por el alcance de las medidas. Isabel Rodríguez buscó entre los folios que tenía delante. No tenía allí, dijo, la última versión; se había trabajado hasta las últimas horas. En un momento admitió tener «un cacao». Pidió a los periodistas que esperasen a disponer de los textos.

Los textos eran suyos. Procedían de su departamento y acababan de ser aprobados por el órgano del que forma parte.

Los decretos eran dos y no uno, porque el Gobierno necesitaba repartir las medidas entre socios que no votan juntos las mismas cosas. Sobre su contenido, la ministra no acertó a precisar. Sobre el propietario del piso del Retiro sí tuvo una opinión exacta: «una pyme buitre, muy carroñera».

IV
Las dos escenas son una sola. En el Boletín y en la sala de prensa, el texto importa menos que su efecto. Un Gobierno que cierra su norma más ambiciosa de la legislatura tras un lunes de negociaciones, que la parte en dos para sortear a sus aliados, que la presenta sin conocerla y la justifica con un caso televisado, responde a una acampada en la Puerta del Sol con el instrumento que la Constitución reserva a las emergencias.
El método se repite. Cada vez que algo se desborda —la frontera de Ceuta, los sumarios que cercan al partido, una votación perdida—, aparece un decreto-ley con un nombre y unos apellidos dentro. Sirve para ganar una semana. La semana siguiente exige otro.

El coste no se ve en el telediario. Lo pagan los propietarios pequeños que retiran su piso del mercado, los inquilinos que ya no lo encuentran, los jueces obligados a aplicar una norma cuya voluntad declarada es un reproche. Y lo paga la idea misma de ley, la de lo que obliga a todos porque no se escribió contra nadie.

V
Se habla de regeneración. El Gobierno la ha buscado en otra parte: en la amnistía a quienes en 2017 intentaron quebrar el orden constitucional, presentada como un acto de concordia. Una amnistía negociada a cambio de votos no regenera un Estado. Le enseña que sus normas tienen precio y que ese precio lo fija quien necesita los escaños.

La regeneración es más modesta y más difícil. Ministros que conocen lo que firman. Decretos que esperan a estar terminados. Preámbulos que explican en lugar de acusar. Una administración que vuelva a escribir en el idioma de las cosas que duran.

El nombre de Mari Carmen Abascal quedará en el Boletín, en la primera página de una norma de noventa y seis, entre una cita del artículo 9.2 de la Constitución y el régimen de los alquileres por habitaciones. Es el único lugar del Estado del que nadie podrá desahuciarla.