El Tribunal Supremo ha declarado extinguida la responsabilidad penal de Oriol Junqueras y de otros tres ex consejeros de la Generalitat condenados por el procés (Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva).
PUBLICIDAD

La amnistía les permitirá presentarse a las elecciones, ya que sus antecedentes penales quedan borrados y ya no pesa sobre ellos la inhabilitación que les había impuesto el Tribunal Supremo. La duda ahora es qué pasaría si los líderes independentistas, éstos u otros, lo volvieran a intentar.

El Supremo, en su escrito, hace un duro reproche al Tribunal Constitucional, que fue el que falló hace dos semanas que la ley de amnistía también era aplicable al delito de malversación de fondos públicos, por el cual no les había aplicado hasta ahora la ley que fue pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para que los siete votos de Junts le dieran la investidura en 2023.

Dice el Supremo que el Constitucional se ha extralimitado en sus funciones, al actuar, de facto, como un tribunal de casación, una instancia superior, algo que no le reconoce la propia Constitución.

A regañadientes o no, el caso es que Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de la Generalitat que declaró una república independiente de Cataluña y su jefe, Puigdemont, han sido resarcidos por el Tribunal Constitucional, bien es verdad que tras un tránsito de nueve años en los que ha sucedido de todo; entre otras cosas, que el delito de sedición ha desaparecido de nuestro Código Penal.

Puigdemont ha calificado en X la decisión del Supremo como "una capitulación". Salvador Illa lo ve como un paso más en la "desjudicialización de la política", una muestra de la "normalización" que se vive en Cataluña. El ciudadano normal lo ve más bien como el pago del último plazo que Sánchez le debía a Junts por sus siete vitales votos.

Si el PP quiere que en el Constitucional haya una mayoría conservadora, tiene que pactar con Vox para el Senado

Se demuestra así la importancia que tiene el Tribunal Constitucional cuando se trata de amoldar las sentencias del Supremo a los deseos del Gobierno. Esto no es desjudicializar la política, sino politizar la Justicia. En grado sumo.

Esta solución final al procés coincide con la la pugna entre los dos grandes bloques para llegar a acuerdos que les permitan el control del Senado. La Cámara Alta no ha tenido nunca el sex appeal del Congreso; entre otras cosas, porque sus funciones son bastante más limitadas. Algunos, empezando por el presidente, han despreciado al Senado, hasta el punto de no comparecer en esa Cámara en dos años. Puede crear comisiones de investigación, como ha sucedido en estos últimos meses, y puede, esto es importante, decretar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el mismo que se aplicó por primera y última vez en Cataluña tras la declaración fallida de independencia.

Pero no es eso lo que lleva a los partidos a tragarse sapos con tal de llegar a acuerdos que les permitan controlarlo o limitar el control del grupo que consiga la mayoría. La clave está en que el Senado que salga de los comicios del 29-N tiene que nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, en sustitución de otros cuatro que concluyen su mandato de nueve años, entre ellos, su presidente, Cándido Conde- Pumpido.

Desde enero de 2023 hay una mayoría llamada progresista en el Constitucional. De los cuatro a los que se les ha cumplido el mandato, dos son progresistas y dos conservadores. Si el PP (con la colaboración de Vox) alcanzara los 3/5 de la Cámara, los cuatro sustitutos serían designados por esa mayoría de derechas. Y, lo que es más importante, cambiaría el signo político del Constitucional, pasando de progresista a conservador.

Teniendo en cuenta los procesos judiciales que hay en marcha y que afectan tanto al partido del gobierno como a familiares del presidente, tener la mayoría en el Constitucional no es cosa baladí. Por eso, el PSOE y el Frente Amplio llegaron a un acuerdo la semana pasada, lo que obliga al PP y a Vox a pactar, si no quieren que la izquierda mantenga su mayoría en el tribunal de garantías.

Esto es lo que explica ese amor súbito por el Senado que les ha entrado a nuestros políticos. Nada que ver con la revitalización de la Cámara Alta o con el deseo de reforzar sus funciones, sino algo mucho más pedestre: controlar el Constitucional. ¡Y a esto lo llaman desjudicializar la política!