El 14 de diciembre de 1988 una huelga general paralizó España. Más de ocho millones de trabajadores atendieron el llamamiento de CCOO (Marcelino Camacho) y la UGT (Nicolás Redondo). El motivo del paro fue una reforma laboral que contemplaba el abaratamiento del despido y un Plan de Empleo Juvenil que suponía la precariedad para los trabajadores jóvenes. El presidente del Gobierno era Felipe González (líder del PSOE). La huelga consiguió sus objetivos, ya que finalmente el Gobierno retiró su reforma.
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La huelga del 11-N también se hace con un Ejecutivo de izquierdas, también la convocan los dos principales sindicatos, pero, a diferencia de la del 14-D, esta no se hace contra el Gobierno, sino contra la oposición. Es, como afirma ufana la vicepresidenta Yolanda Díaz, una "huelga política". Su objetivo es que la oposición no gane las elecciones.

La izquierda lleva gobernando más de ocho años (hemos tenido a Pablo Iglesias de vicepresidente y a Irene Montero de ministra, no lo olvidemos) y el problema de la vivienda se ha agravado y los salarios han perdido poder adquisitivo. Sin embargo, los sindicatos –de clase– no culpan al Gobierno, que es el que tiene el poder del Boletín Oficial del Estado en sus manos, sino a una oposición que podría ganar las elecciones.

La del 11-N no es sólo una huelga política, sino preventiva. Una huelga por si acaso. Como si no hubiera motivos más que suficientes para protestar contra el Gobierno.

Ni a Camacho ni a Nicolás Redondo les tembló el pulso a la hora de parar una reforma que condenaba a los jóvenes a salarios de miseria, cosa que el Gobierno socialista de entonces creía que podía mitigar el problema del paro. Fue tan radicalmente antigubernamental que González reconoció después que ese día, el 14 de diciembre de 1988, estuvo a punto de presentar la dimisión.

Esta huelga, la del 11-N, es pro gubernamental. Hasta el punto de que la alientan no sólo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, sino el propio presidente, que en un vídeo hecho para la ocasión recuerda las luchas obreras que lograron grandes conquistas. Pero Sánchez no aclara qué reivindicación se pretende conquistar con esta movilización.

CCOO y UGT pretenden que siga en el poder el Gobierno que no ha resuelto el problema de la vivienda y que ha permitido que los salarios pierdan poder adquisitivo

Lo menos que se le puede pedir a los líderes sindicales es que tengan cierta coherencia, un poco de lógica en sus planteamientos. Veamos. Es evidente que este Gobierno no ha conseguido solucionar, sino que ha agravado, problemas como el de la vivienda y el de los salarios bajos. Pues bien, lo que quiere esta huelga es que este Gobierno siga en el poder. ¿Alguien lo entiende?

A Pepe Álvarez y Unai Sordo lo que les preocupa es que un gobierno de derechas recorte de alguna manera los privilegios de la aristocracia sindical que ellos simbolizan. Ese poder que da no una representación masiva de los trabajadores, sino una normativa que establece quienes tienen que ser los interlocutores sociales. Este es un modelo más viejo que el tabaco. Sirvió durante una época. Los sindicatos defendían los intereses de los trabajadores cuando apenas tenían derechos y, además, lucharon por el restablecimiento de la democracia. Colaboraron con la transición y ayudaron al consenso. Sólo hay que recordar una intervención histórica de Marcelino Camacho en el Congreso –él era diputado por el Partido Comunista–, cuando se aprobó la ley de Amnistía, apelando a mirar al futuro, a cerrar de una vez por todas las trincheras.

Camacho y Redondo vivieron la Guerra Civil y el franquismo. Nadie tenía que explicarles lo que era una dictadura. Ni tampoco estaban todo el día dando la murga con lo que penaron durante los años de la posguerra siendo demócratas además de obreros. Ellos no tuvieron empacho en hacerle una huelga general al todo poderoso Felipe.

Estos de ahora son sindicalistas sistémicos. Podrían ser perfectamente funcionarios, con sueldo fijo y horario. A lo mejor así incluso defendían mejor los intereses de los trabajadores.

Como ni los convocantes tienen muy claro el éxito de la convocatoria, ya se han encargado de avanzar que lo importante serán las manifestaciones en la calle. ¡Ay, la calle, que concepto tan difuso y tan poco democrático!

En fin, Pepe y Unai pueden dormir tranquilos. Ya se encargará el Gobierno –y sus medios afines– de dar pábulo al que el 11-N ha sido todo un éxito.