Los herederos de Jaime Ortiz Patiño, fundador del conocido campo de golf de Valderrama y presidente honorario cuando falleció en 2012, reclaman en los tribunales una indemnización de 20 millones de euros al banco de inversión Banif (integrado actualmente en el Banco Santander) por los «graves perjuicios» que consideran causó a la familia la «manifiesta negligencia» de la entidad en la labor de asesoramiento e intermediación en la venta del patrimonio inmobiliario y deportivo del hoy difunto.

Felipe y Carlos Ortiz Patiño, hijos del empresario nacido en Bolivia y ejecutores testamentarios de la herencia, interpusieron un procedimiento civil a principios de febrero de 2014 que este martes quedará previsiblemente visto para sentencia en el juicio ordinario que celebrará el Juzgado de Primera Instancia 45 de Madrid. Los demandantes tratan de demostrar que el banco «se valió de forma inhumana y torticera» de la falta de capacidad cognitiva de su padre para vender el grupo empresarial a un comprador (MGI) «carente de recursos» en lugar de atender ofertas económicas mucho más favorables para sus intereses.

El pleito tiene su origen en la operación de venta -meses antes de la muerte de Ortiz Patiño, ocurrida el 3 de enero de 2013- de las sociedades que integraban el grupo Valderrama a un fondo domiciliado en un paraíso fiscal de las islas del Canal (Guernsey), según exponen los demandantes. El grupo comprador tenía como cabeza visible al ciudadano australiano con domicilio en Tailandia David Spencer, ascendiendo el montante de la operación a una cantidad equivalente a las deudas que arrastraba el vendedor (unos 30 millones).

El campo de golf de Valderrama ha acogido la Ryder Cup y dos campeonatos del Mundo

El grupo Valderrama tenía como sociedad matriz a la sociedad suiza Soto Properties SA, de la que colgaban las compañías españolas Valderrama SA -propietaria del prestigioso campo de golf ubicado en la localidad gaditana de San Roque, que acogió la Ryder Cup en 1997 y dos campeonatos del Mundo- y Valderrama Estate SA, promotora inmobiliaria dueña de un conjunto de parcelas situadas en las inmediaciones del complejo deportivo. El conglomerado se completaba con la sociedad suiza Campo Alto SA, tenedora a su vez de las acciones de una empresa española (Valderrama 07 SL) titular de una finca de 229 hectáreas en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz) que cuenta con autorización de la Junta de Andalucía para construir un campo de golf de interés turístico con aprovechamientos residencial y hotelero.

A mediados de 2009, Ortiz Patiño mandató a Banif para la venta de todo su patrimonio en España, debido a las dificultades de tesorería que tenía y a las deudas que acumulaba. Sus activos estaban formados básicamente por las propiedades que tenía a través del Grupo Valderrama y por las acciones de las que era titular en otras compañías.

La relación entre ambas partes se había iniciado en marzo de 2009, cuando el banco concedió a Jaime Ortiz préstamos por 12 millones -ampliados posteriormente hasta los 18- después de que el empresario se lo hubiera solicitado a Emilio Botín, presidente del Santander ya fallecido y socio del club de golf Valderrama como su hermano Jaime. Como garantía de devolución de dichos créditos, se señaló el patrimonio personal y se pignoraron las acciones que aquél tenía en las sociedades Valderrama SA y Valderrama 07 SL.

Cuando se formalizó el encargo para que la entidad financiera colocara su patrimonio, Banif pasó a adquirir una triple condición: financiador, gestor del patrimonio inmobiliario y broker o mediador. Por ello, los herederos entienden que el banco actuó «con una manifiesta contradicción de intereses» que produjo «graves daños» a la familia, al tiempo que sostienen que los estatutos sociales de Banif no contemplaban la realización de actividades de intermediación en la gestión de ventas de patrimonios.

Los demandantes dicen que Banif amenazó con ejecutar los préstamos para forzar la venta

Los hermanos Ortiz Patiño denuncian que Banif forzó la venta a favor del grupo representado por Spencer iniciando el procedimientos de ejecución de los préstamos que le habían concedido a su padre, en lo que interpretan como una estrategia para debilitar la posición del vendedor en la negociación y «favorecer a dicho comprador en claro perjuicio de su propio cliente».

«No nos cabe la menor duda de que Banif utilizó la presión de la ejecución pignoraticia de las acciones y participaciones sociales mencionadas para presionar de manera abusiva a una persona octogenaria y con una capacidad física muy limitada pero especialmente con un gravísimo deterioro cognitivo que, a nuestro juicio, le hacía prácticamente incapaz», razona la demanda, que llama la atención sobre el hecho de que aquel procedimiento se suspendiera finalmente. «Lo que evidencia que fue arteramente utilizado por Banif para llevar a cabo la abusiva presión sobre una persona con más de 82 años, extremadamente debilitada en el aspecto físico y prácticamente incapaz mentalmente», añade.

En un dictamen pericial a petición del juzgado, el especialista en medicina general Enrique Félix Pérez Cid detalla que el fallecido padecía atrofia cerebral global, infartos lacunares, leucoaraiosis, microangiopatía, rabdomiolisis, valvulopatía aórtica e insuficiencia renal crónica agudizada, entre otras patologías. Según el facultativo, existen «signos objetivos» para determinar que «Jaime Ortiz Patiño no se encontraba en condiciones físicas, mentales o psiquiátricas de poder obrar de forma autónoma en la última etapa de su vida y por consiguiente no estuvo capacitado psicológicamente para defender sus propios intereses».

Presión «torticera»

La delicada salud del progenitor es uno de los principales argumentos que defienden en la demanda los herederos, quienes consideran que su padre «en modo alguno estaba en condiciones de comprender de forma adecuada» y mucho menos «entender los complejos contratos que fueron firmados» por él «aunque dispusiera de asesores de alto nivel». «Banif se valió de forma inhumana y torticera de la falta de capacidad cognitiva y de la grave enfermedad que padecía el Sr. Ortiz Patiño para conseguir su resultado, es decir, que su protegido Sr. Spencer se hiciera con todo el grupo Valderrama, influyendo en el difunto para que rechazara ofertas de compras de la finca de Castellar que hubiera resultado suficiente para resolver el problema financiero», agregan.

Los demandantes censuran que el banco no cumpliera correctamente con sus obligaciones como intermediario y no hubiera convencido al cliente pasar que aceptara ofertas que habrían permitido ingresar 52 millones de euros, cantidad con la que Ortiz Patiño habría podido resolver sus problemas económicos. Aportando una copia de la tasación realizada por un arquitecto a instancias de Banif, los hijos recuerdan que solamente la finca de Castellar en la que se proyecta el campo de golf se valoró en 26.575.620 euros.

Perjuicio económico

En opinión de los herederos, el perjuicio económico incluye también los 2,4 millones de euros en intereses y comisiones que Banif cargó a su padre por la financiación que le concedió y los 3,5 millones a que ascendió la minusvalía que sufrió aquél por la venta de las acciones del Santander que hubo de suscribir a cambio de obtener el préstamo inicial.

«El cúmulo de circunstancias que se han puesto de manifiesto implica la responsabilidad de Banif por acción y omisión en los graves perjuicios que se han producido para los herederos de Don Jaime Ortiz Patiño y de los cuales debe responder la entidad que le ha sucedido: Banco de Santander SA», concluye la demanda.

Este periódico ha intentado conocer la versión del Banco Santander ante las acusaciones de los herederos del fundador del campo de golf de Valderrama por la gestión de Banif, pero no ha obtenido respuesta.