El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido ha acordado la declaración «voluntaria» de la dirigente del PP Rita Barberá por un delito de blanqueo de capitales cometido presuntamente cuando era alcaldesa de Valencia para el próximo 21 de noviembre. El togado también ha impuesto una fianza de 3.000 euros al PSOE para que esté presente en este acto tras cuestionar la decisión de este partido porque «transforma el área del debate procesal en un terreno de confrontación política».

La sala penal del Tribunal Supremo aceptó el pasado mes de septiembre investigar la causa que le remitió un jugado de Valencia para averiguar la participación de la ex alcaldesa de esta ciudad en un delito de blanqueo de capitales cometido en el grupo municipal de este consistorio y por personas afines al partido conservador.

Ingresos por importe de 1.000 euros

Los hechos que están bajo sospecha son los ingresos en efectivo en una cuenta bancaria por importes de 1.000 euros de Barberá, y otras personas del grupo municipal que parece que «ocultan el afloramiento de un dinero » que estaba en poder «de algún responsable o responsables del grupo municipal», así como el origen de este dinero.

El juez aprovecha esta citación para cargar contra el PSOE, que le nombró fiscal general del Estado en el 2004, por querer estar presente en este proceso. El magistrado alerta que esta presencia supone «un serio riesgo de judicialización de la política» porque permite, lo que no ocurre en los países de nuestro entorno, que un partido político «pueda ejercer la acción penal contra una persona relevante de un partido del signo contrario».

Críticas al PSOE

Conde-Pumpido recuerda que dos reformas procesales del 2011 y del 2013, que se han quedado en un cajón, impiden a los partidos políticos ejercer la acción popular. No obstante, como ahora está permitida, fija una fianza al PSOE de 3.000 euros. El magistrado justifica la imposición de esta cantidad porque «no se puede privilegiar este tipo de acciones».