Mariano Rajoy ha dejado claro que el principal reto de esta legislatura es el desafío secesionista catalán; y en su toma de posesión como nueva responsable de Administraciones Públicas -y, por tanto, de la carpeta catalana- Soraya Sáenz de Santamaría ofreció diálogo e imaginación para encontrar una salida política al bloqueo en el que se encuentran las relaciones entre Gobierno y Generalitat. Los independentistas catalanes esperan, efectivamente, que esas promesas se concreten en una oferta del Gobierno durante la primera mitad de 2017.

En el entorno del gobierno catalán se extiende el convencimiento de que el Ejecutivo del PP no puede mantenerse en el «inmobilismo» que ha caracterizado los primeros cuatro años de Rajoy en la Moncloa. Y confían en que la oferta, que esperan que sea de ámbito económico y asociada a la reforma de la financiación autonómica, llegue en los primeros meses del próximo año. Ese calendario les permitiría negociar con las manos más libres -con los presupuestos ya aprobados se relaja la dependencia de la CUP- y tomar una decisión entre la negociación o la ruptura antes de la fecha límite del próximo julio, cuando Carles Puigdemont se comprometió a tener preparadas las estructuras de estado y las “leyes de desconexión” en las que debe basarse la convocatoria de un referéndum unilateral.

En este escenario se inscribe la manifestación convocada ayer por Òmnium, la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y la Associació de Municipis de Catalunya (ANC) que se convirtió en una exhibición de fuerza un año después de la resolución aprobada por el Parlament sobre el proceso independentista y dos después de la consulta del 9-N. Demostración de músculo con autocares fletados de nuevo por la ANC desde diversas ciudades catalanas para conseguir la imagen de las fuentes de Montjuïc repletas de esteladas, a la que esta vez se unió el partido de Ada Colau, CSQP, representado por el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello.

La concentración tenía como eje la defensa de los cargos electos imputados por actos de desobediencia. Un grupo en crecimiento entre la clase política catalana, que incluye desde a los responsables de la consulta del 9-N de 2014 -Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs- a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, o los alcaldes querellados por diversos actos de “desobediencia” ante la Justicia. Y la elección de este argumento tampoco parece ajena al dibujo de las nuevas relaciones Gobierno-Generalitat, puesto que los independentistas insisten en que la presión judicial es obra del ejecutivo, no una reacción espontánea del sistema judicial al incumplimiento de las leyes.

Así, la designación del conservador José Manuel Maza como próximo Fiscal General del Estado ha sido leída con pesimismo en ámbitos independentistas, convencidos de que el deshielo de las relaciones debe pasar por la relajación de la presión judicial sobre los cargos electos declarados en diversos grados de rebeldía.

Muy claro ha sido, en este sentido el tuit del portavoz de JxS, Jordi Turull «Hola TC, hola TSJC, hola TS, hola Audiencia. ¿Lo habéis visto? Si tocáis a uno, nos tocáis a todos. Somos ciudadanos, no súbditos».