El Parlamento andaluz ha renovado los terminales móviles de los diputados y a partir de ahora sus señorías dispondrán de un iPhone 7, el último modelo lanzado al mercado por la multinacional estadounidense Apple. El teléfono es uno de los elementos que integran la «oficina móvil» que se facilita a los parlamentarios andaluces para que puedan ejercer sus funciones junto a un ordenador portátil o una tableta digital.

Según ha podido conocer Elindependiente.com, el proveedor que ganó el concurso convocado por el Parlamento y la Cámara de Cuentas de Andalucía para contratar sus servicios de telefonía fija y móvil y de datos en movilidad -una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Telefónica de España SAU y Telefónica Móviles España SAU- procedió a finales de la pasada semana a la renovación de los terminales, sustituyendo el iPhone 5 por un iPhone 7. En medio de una enorme expectación, este modelo se lanzó al mercado a principios del pasado mes de septiembre.

El pliego de cláusulas administrativas que reguló el citado procedimiendo de licitación obligaba al adjudicatario a renovar los teléfonos móviles como muy tarde cada 24 meses, plazo que ya se había sobrepasado. Los parlamentarios andaluces (109), que han tenido que entregar el terminal antiguo, estrenaron el nuevo móvil la semana pasada coincidiendo con el último pleno.

El contrato obliga al proveedor a sustituir cada dos años los terminales móviles a sus señorías

Sonido estéreo, resistencia al agua, una cámara de 12 megapíxeles, conexión 4G LTE que ofrece el triple de velocidad que el iPhone 6 y dotado del chip más potente utilizado hasta ahora en un smartphone, el iPhone 7 es uno de los teléfonos más avanzados que existen actualmente en el mercado. También de los de mayor coste. Dependiendo de la capacidad de almacenamiento interno, el precio de este terminal en las tiendas de Apple se sitúa a partir de los 769 euros.

El suministro de celulares y la asistencia técnica formaba parte del contrato relativo a los servicios de telefonía fija y móvil y de datos en movilidad que la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz acordó adjudicar el 16 de julio de 2014 a la citada UTE por ser la «propuesta más ventajosa» para las instituciones licitadoras. La secretaría general de la Cámara autonómica anunció la formalización el 11 de septiembre de 2014, publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) 11 días después.

La oferta de Telefónica de España y Telefónica Móviles España se impuso a la presentada por Vodafone España SAU por casi 16 puntos de diferencia en la valoración global (93,0950 frente a 77,3920 puntos). Fueron dos de los grupos a los que el Parlamento invitó a participar en este procedimiento negociado sin publicidad. Jazztel y Orange España no llegaron a presentar oferta.

El servicio de telefonía tiene un coste anual para la Cámara autonómica de unos 245.000 euros

Con una duración inicial de dos años, el contrato se adjudicó por 630.562,46 euros (IVA incluido), presupuesto calculado en función del consumo estimado. De esa cantidad, un 77,6% correspondía al Parlamento y el resto (141.216,68 euros) a la Cámara de Cuentas, fijándose el siguiente calendario de pagos: 289.007,79 euros en 2014, 315.281,23 euros en 2015 y 26.273,44 euros en 2016.

Contrato prorrogado

El pliego de condiciones contemplaba la posibilidad de prórroga, como así ha sucedido. El contrato se prolongará finalmente hasta el 31 de enero de 2017, lo que ha obligado a revisar el precio para repercutirle la variación que ha experimentado el Índice de Precios al Consumo (IPC) desde que se formalizó el 4 de septiembre de 2014.

El régimen económico establece que, además del sueldo básico, el complemento por razón del cargo y las dietas semanales para manutención y alojamiento, el Parlamento pondrá a disposición de los diputados una ‘oficina móvil’ -integrada por ordenador portátil o tableta digital, teléfono móvil y conectividad de datos- a fin de «facilitar las convocatorias a las sesiones de la Cámara, que se efectúan por correo electrónico y mensajes SMS, y también para poder contar con conexión permanente que facilite el ejercicio de sus funciones».

En el caso de los ordenadores, el plazo de renovación es de cuatro años y, según las fuentes consultadas por este diario, los equipos deberían haberse sustituido el pasado mes de marzo.