“Comparto mesa de gobierno metropolitano con Alfred Bosch sin problemas, no entiendo por qué después en Barcelona no podemos llegar a acuerdos”. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado este miércoles el decreto de tramitación de los Presupuestos Municipales para 2017 con la cuestión de confianza en el horizonte y señalando al Grupo de Esquerra como los responsables del bloqueo en la gestión de la capital catalana.

El decreto firmado hoy permite fijar, de forma extraordinaria, el debate de las cuentas municipales en el pleno del próximo 23 de diciembre. Hasta entonces, la alcaldesa ha asegurado que su gobierno sigue abierto a las aportaciones de cualquier grupo de la oposición, con el objetivo de mantener abiertas las negociaciones hasta el último momento.

En caso de que esa negociación no fructifique, como parece más que probable ante el rechazo expresado por todos los líderes municipales, el presupuesto elaborado por el gobierno de Barcelona En Comú y el PSC se aprobará asociado a una cuestión de confianza a la alcaldesa, que se resolverá a favor de la misma si la oposición no consigue ligar un gobierno alternativo en el plazo de 30 días. Colau ha asegurado en su comparecencia que ésta no era su primera opción y que hubiera preferido convocar elecciones para someter las cuentas a la ciudadanía, pero ha recordado que eso es imposible en el caso de los ayuntamientos.

Rechazo unánime de la oposición

Las apelaciones de Colau al diálogo no han convencido a ningún grupo municipal, más allá de sus socios del PSC. Tanto CiU, como ERC, Ciudadanos y PP han destacado la nula predisposición al diálogo del gobierno local que preside y el bloqueo institucional en el que vive el Ayuntamiento de Barcelona. El principal interpelado, el republicano Alfred Bosch, ha insistido en que su grupo no se sentará a negociar si Colau no cumple primero con los compromisos contraídos en la negociación de las ordenanzas fiscales de 2016 y fuerza el apoyo de los comunes a los presupuestos de la Generalitat en el Parlamento catalán. Una condición que ha permitido a Colau acusarle de imponer los intereses políticos de su formación a los de la ciudad de Barcelona.

Mucho más duros han sido los líderes de CiU, C’s y PP, excluidos prácticamente hasta la última semana de la negociación de las cuentas municioples, aunque hoy Colau se ha declarado dispuesta a dialogar con todos para sacar adelante sus cuentas. El nacionalista Joaquim Forn ha expresado su preocupación por la situación del ayuntamiento y ha reclamado “un gobierno que gobierne para todos” en la ciudad.

CiU intentó articular una mayoría alternativa tras el rechazo de las ordenanzas fiscales y el PAM, que de momento no parece posible por el rechazo de C’s y el PSC, ya integrado en el gobierno actual. Hoy Forn ha vuelto a apelar a la responsabilidad de todos los grupos ante la “incapacidad y la prepotencia” del gobierno de Colau.

Carina Mejías, presidenta del grupo de C’s, ha exigido a la alcaldesa que cambie al negociador de los presupuestos, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, si quiere llegar a acuerdos con la oposición. Mejías ha lamentado las "formas broncas" de Pisarello y ha reclamado a Colau que demuestre su voluntad de consenso poniendo al frente de la negociación presupuestaria a “alguien con capacidad de dialogar” y que no excluya a la mitad del consistorio. Sin embargo, se ha mostrado dispuesta a explorar las posibilidades de pactos que ayer apuntó el tercer teniente de alcalde, el socialista Jaume Collboni, quien reclamó a sus socios abrir la búsqueda de consensos más allá de ERC, decidida a ligar los presupuestos municipales a los autonómicos.

También el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, ha puesto en cuestión la voluntad de diálogo del gobierno municipal. Ha acusado a Colau de pretender aprobar los presupuestos en la Comisión de Gobierno –una opción que permitía la nueva Ley de gobierno local, pero que fue suspendida en verano por el Tribunal Constitucional- y de liderar el gobierno “más autoritario” al frente del Ayuntamiento de Barcelona.