Gas Natural será sancionada por la muerte de una anciana víctima del incendio de su vivienda en Reus (Tarragona) después de que la compañía le cortara el suministro de luz. Así lo ha confirmado hoy el secretario de Empresa de la Generalitat, Joan Areggio coincidiendo con la Mesa de Emergencia de la Vivienda y la Pobreza Energética en Cataluña que ha reunido a responsables autonómicos y locales, entidades sociales y compañías energéticas para analizar esta muerte y, en general, la aplicación de la normativa autonómica en la materia.

Areggio ha afirmado que las alegaciones presentadas ayer por Gas Natural no son suficientes para justificar un caso con unas consecuencias «muy graves» y ha señalado que el expediente podría suponer una multa para la compañía que oscila entre los 10.000 y el millón de euros.

El anuncio, sin embargo, no ha servido para ocultar la decepción de las entidades sociales implicadas  -entre ellas Cáritas Diocesana o la Mesa de Entidades del Tercer Sector-, muy críticas con la aplicación de las medidas contra la pobreza energética que la Generalitat publicita con tanto esmero. Su portavoz, María Campuzano, ha lamentado que «todas las compañías incumplen» la normativa aprobada para evitar los cortes de suministros básicos a personas vulnerables, y ha señalado especialmente a Gas Natura, Endesa, Iberdrola y EDP, las principales suministradoras energéticas de Cataluña.

118 expedientes a suministradoras de energía

La Generalitat ha abierto en el último año 118 expedientes a esta compañías por incumplir la normativa sobre pobreza energética y ha impuesto 25 sanciones, según los datos ofrecidos por las propias entidades, que han lamentado que la Generalitat no sea más dura con las compañías en la exigencia del cumplimiento de la ley. Aún así, calculan que se han evitado unos 39.000 cortes de suministro en esta comunidad.

Gas Natural ha aducido desde el primer momento que la ley 24/15 de pobreza energética contempla un protocolo de actuación que lleva meses encallado y que el Ayuntamiento de Reus no le comunicó que la anciana se encontraba en una situación vulnerable, aunque Areggio recrimina a la compañía que «estaba clara la obligación de informar al Ayuntamiento antes de cortar el suministro», condición que la compañía incumplió.

En la anterior reunión de la Mesa de Emergencia, el pasado junio, ya se concluyó que la Generalitat debía aprobar el protocolo «que permita desarrollar el artículo 6 de la ley, a los efectos de evitar las dudas en la aplicación» y garantizar la protección de las personas más vulnerables antes de que llegara el invierno y, por tanto, el periodo de mayor riesgo. Pese a ese mandato y a posteriores resoluciones parlamentarias en el mismo sentido, el protocolo continúa encallado en manos del Gobierno catalán.