El ministerio de Educación ha acordado con las Comunidades Autónomas eliminar los efectos académicos de las controvertidas reválidas, tal y como se comprometió Mariano Rajoy en el debate de investidura. Es un paso definitivo hacia el desmantelamiento de los principales puntos de la Lomce, la ley educativa de José Ignacio Wert, carente de consensos, que no terminó de implementarse y que ahora queda en suspenso. De hecho, la enmienda a la totalidad la ha asumido el propio PP al acordar con PSOE y Ciudadanos el pasado viernes la elaboración, en un plazo de seis meses, de un informe sobre el que construir una nueva legislación educativa bajo el paraguas de un Pacto que el Gobierno quiere rubricar esta legislatura. Para ello, se va a poner en marcha una subcomisión parlamentaria.

Tras el acuerdo de este lunes, las reválidas de finales de sexto de Primaria y de cuarto de la ESO servirán para diagnosticar el nivel de conocimiento sin influir en la nota y sin que sean obligatorias para todos los alumnos. Por su lado, la de bachillerato, sin la cual el alumno no podía conseguir el título de bachiller, será similar a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), es decir, la antigua Selectividad y se negociará con las universidades. Sólo tendrán que hacerla aquellos estudiantes que quieran ir a la Universidad, a los que se examinará de los contenidos de segundo de Bachillerato en exclusiva. Además, los que cursen FP tendrán su título de la ESO aunque no hagan la prueba.

No habrá tampoco prueba oral en inglés para los bachilleres

Íñigo Méndez deVigo ha reunido este lunes a la conferencia Sectorial de Educación donde ha conseguido una extraña unanimidad, tanto con las Comunidades gobernadas por su partido como por otras formaciones políticas. Por ejemplo, el gobierno de Castilla y León siempre fue muy crítico con los planes de Wert considerando «discutibles» las tan traídas y llevadas reválidas. Su consejero de Educación, Fernando Rey, calificó de «sensata y razonable» la propuesta del ministro y se ha felicitado de la eliminación de una prueba oral en inglés para los alumnos de Bachiller, asimismo reveló la disposición de Educación para quitar los recursos presentados a aquellas comunidades que incumplieron las instrucciones del ministerio para ejecutar la reválida de sexto de Primaria. Cabe recordar que Castilla y León suele salir bastante bien parada en la evaluación Pisa.

El consejero de Madrid, Rafael van Grieken, ha destacado el «buen ambiente» de la cita, quizá conscientes todos de que «existe un mandato de la ciudadanía que exige un pacto educativo y éste es el primer paso de un camino largo», que debería consagrar un modelo para los próximos 10 ó 15 años. Van Grieken ofrece su propia experiencia del pacto que se está negociando en la Comunidad de Madrid, la mejor parada de los informes Pisa y por encima de la media europea. Méndez de Vigo, subraya el consejero, «ha hecho un esfuerzo por intentar acercar posturas» y anunciado su intención de hablar con toda la comunidad educativa, algo que se criticó a su antecesor, incapaz, siquiera, de pactar con los suyos. En la agenda de Méndez de Vigo están los padres, profesores, alumnos, inspectores educativos, enseñanza privada y pública, sindicatos y partidos.

«Del éxito sin precedentes» que ha proclamado Asturias, socialista, al contrapunto de la consejera catalana

De «éxito sin precedentes» ha calificado la cita el consejero de Educación de una de las comunidades gobernadas por el PSOE: Asturias. Genaro Alonso, que ha sido uno de los primeros en comparecer al término de la reunión -una de las más cortas que se recuerdan- salía con la sensación de objetivo cumplido tras años de arremetida contra Wert, que ve como tiran abajo su principal herencia desde el destino dorado de embajador de España en la OCDE, con sede en París.

Ha puesto el contrapunto la consejera catalana, Meritxell Ruiz, que si bien entiende que lo de hoy «es un paso», la voluntad de diálogo «se ha quedado corta». Se refiere a su propuesta para que se eliminara la disposición 38ª de la ley, que obliga a la Generalitat a pagar una plaza privada al alumno que no se le garantice el castellano como lengua vehicular en la red pública, y «la respuesta ha sido que no». «Las comunidades autónomas que no son del PP nos han dado su apoyo en esta posición, pero la respuesta del Gobierno ha sido no», ha detallado, informa Europa Press.