La primera Constitución considerada democrática de la Historia de España surgió a partir de una revolución, un golpe de Estado promovido por los generales Serrano y Prim y el almirante Topete, que depuso a la reina Isabel II. El texto que surgió tras las elecciones a las Cortes estableció, sin embargo, que la forma de gobierno fuera una Monarquía y contempló, por primera vez, un mecanismo para su reforma.

Nunca se ejecutó. Apenas tres años después se planteó un nuevo proyecto, el fallido intento de la República federal de 1873: un modelo de ruptura con el texto de 1869, que pretendía establecer la República y el Estado Federal inspirada en parte en la Constitución de Estados Unidos. No llegó a aprobarse: los pronunciamientos regionalistas que se declararon por toda España instando a las repúblicas independientes, las insurrecciones constantes y la Tercera Guerra Civil Carlista lo abocaron al caos. Entre medias, un presidente del Gobierno asesinado: Juan Prim y Prats, un Rey extranjero que abdicó apenas a los tres años, Amadeo I de Saboya, y una República fallida.

La ruptura, antes que la reforma, marcó el llamado Sexenio Revolucionario (1868-1974), que comenzó con un golpe militar y terminó con otro, el del general Manuel Pavía en 1874, que daría lugar a la Restauración borbónica de Alfonso XII y a la Constitución de 1876, la quinta de las constituciones.

Si durante la actual legislatura se aborda un proceso de reforma, sería el primero de nuestra Historia

Si durante la actual legislatura se aborda un proceso de reforma, según el mecanismo que establece la Constitución vigente, tal y como demandan PSOE, Ciudadanos y PP, sería el primero de nuestra Historia. Si se planteara una ruptura con el modelo actual para elaborar una Constitución desde cero, como en el caso de la fallida República Federal de 1873, tal y como propone Unidos Podemos, estaríamos de lleno en nuestra tradición.

Lo ocurrido entre el texto de 1868 y el de 1876 y el fallido intento de 1873, ha sido el común denominador de todas las Constituciones: la abolición y sustitución del modelo anterior; la fricción constante en torno a Monarquía o República, y Federalismo frente a Autonomía. Debates más o menos perennes de la vida política española hasta hoy y que tuvieron sus mayores precedentes en los periodos del Sexenio (1868-1874), la Segunda República (1931-1939) y la Transición (1975-1978).

Entre 1812 y 1978 ha habido siete Constituciones. La más estable, la vigente; la más efímera, la de 1869

Basta seguir un breve recorrido por la Historia para constatar la inestabilidad como tónica. Entre 1812 y 1978 hubo cuatro golpes de estado, cuatro guerras civiles, dos dictaduras, dos intentos revolucionarios, tres restauraciones monárquicas y dos repúblicas. En total, siete Constituciones. La más estable, la vigente: 38 años. La más efímera, la de 1869, seguida de la surgida en 1931, durante la Segunda República.

Las Cortes de Cádiz de 1812 promulgaron la primera Constitución liberal de España, que fue abolida por la Restauración absolutista de Fernando VII en 1813, y reinstaurada por el golpe del general Riego en 1820. Sólo duró tres años, cuando fue abortada, de nuevo, por las fuerzas absolutistas de Fernando VIII. La segunda Constitución, la de 1837, estuvo marcada por la Primera Guerra Civil Carlista (1833-1840) y la de 1845, por la segunda de las guerras civiles (1846-1849).

El reinado de Isabel II y la Constitución de 1845 se fulminó con la Revolución de la Gloriosa en 1868 a partir del golpe de Estado liderado por los generales Serrano, Prim y Topete. No sería el último. Entre medias, estallaría la Tercera Guerra Civil Carlista (1873-1876). Tras el nuevo golpe del general Pavía y la Restauración borbónica de 1874, el general Primo de Rivera ejecutaría el cuarto golpe en 1923, y suspendería la Constitución aunque mantendría la fórmula de la monarquía con Alfonso XIII. Guerras civiles, pronunciamientos, revoluciones, golpes de Estado.

Karl Marx consideró la Constitución liberal de 1812 «la más avanzada» entonces de Europa

El debate en torno al constitucionalismo español ha estado dominado por la idea de un péndulo que oscilaría entre las Constituciones conservadoras-monárquicas (1845 y 1876) y las progresistas-republicanas (1869 y 1931). Antes de todas ellas, la liberal de 1812, la primera que el propio Karl Marx consideró “la más avanzada» entonces de Europa. Tras la muerte de Fernando VII, una tímida apertura se plasmó con la Constitución de 1837, que tuvo su “contrarreforma” en la de 1845.

La más longeva de las Constituciones, la de 1876, que sustentó la Restauración, convirtió sus defectos en alguna virtud: “La flexibilidad y el escueto trazado del texto dan ocasión a una evolución interpretativa progresista durante un buen trecho”, según el profesor Marino García Canales. Sin embargo, las misma interpretaciones hicieron que convivieran varios fórmulas de gobierno sobre un mismo texto: una ausencia de reglas claras y una arbitraria interpretación que hizo imposible una evolución al no estar claras las reglas del juego.

Durante el periodo de 1876 y 1923, resucitaron los problemas del modelo territorial que ya se habían planteado durante la Primera República, que careció de Constitución propia, por su brevedad. Durante la Restauración es cuando surgió el movimiento catalanista de la Renaixença, que vira del tradicionalismo, con Cambó y la Lliga, “hacia pretensiones autonomistas de tono moderado y contenido conservador, monárquico y burgués, para radicalizarse en los últimos años con el nacionalismo de Maciá”.

Somos una República de trasnochadores», escribió Azaña sobre los interminables debates artículo por artículo

La crisis del directorio del general Dámaso Berenguer, y posteriormente del almirante Aznar, que habían continuado la dictadura instaurada por Miguel Primo de Rivera, unida al creciente descrédito del rey, propició que tras las elecciones municipales de 1931 se proclamase la Segunda República. Tras las elecciones para la asamblea constituyente, una comisión que integraba todos los partidos de la cámara elaboró una constitución que se debatió en Cortes artículo por artículo, entre el 27 de agosto y el  9 de diciembre, haciéndola interminable.

Manuel Azaña lo definiría en sus diarios: “Últimamente se ponen a discusión los dos artículos del título preliminar que fueron aplazados. Se trata de saber si somos una República de trabajadores o qué. Lo más oportuno sería decir que somos una República de trasnochadores”. (Diarios completos, Manuel Azaña)

La elaboración del texto y las posteriores enmiendas no estuvieron exentas, sin embargo, de los problemas con los nacionalistas que ya habían asomado durante la Primera República y la Restauración. El mismo Manuel Azaña recogía en sus Diarios la intervención de Rafael Guerra del Río que reabría la cuestión del federalismo:

“Y teníamos convertida la República en Federal, sin comerlo ni beberlo, ausente el jefe de Gobierno y los más de los ministros (…) no pudiendo aprobar semejante maniobra, y siendo mi deber votar por el proyecto de la Constitución elaborado por la Comisión -compuesta por gente de los partidos, incluso del Radical que nunca propusieron un texto federal- tenía que desautorizar a Guerra del Río, romper allí mismo la Alianza, y aguantar por añadidura el griterío de los federales”.

Clara Campoamor y Victoria Kent defendieron visiones opuestas sobre el derecho al sufragio femenino

Entre lo más destacable estuvo la inclusión del sufragio femenino que defendió Clara Campoamor brillantemente frente a las tesis de Victoria Kent, que pretendió frenar el derecho al voto femenino argumentando que éstas votarían según lo que les dijera la Iglesia y sus maridos. La Constitución más progresista hasta ese momento de la Historia de España no escapó de la dinámica acción-reacción que había surgido durante el siglo anterior.

El texto constitucional de la Segunda República era la segunda revolución después de la Gloriosa de 1868: “Contiene formulaciones tan profundamente innovadoras que no resulta exagerado afirmar que lo que se produce en la España de la II República es un movimiento ciertamente revolucionario”, según las tesis de Santiago Roura Gómez, profesor de Derecho Constitucional (Revista de Estudios Políticos). El equilibrio se vino abajo con otro golpe militar, el de los militares rebeldes del 18 de julio de 1936, que abocaría a España a la cuarta y última de sus guerras civiles.

La victoria del bando nacional del general Francisco Franco, instaurado ya como jefe del Estado por el bando que se había sublevado en 1936, abolió de nuevo la Constitución de 1931, articulando una dictadura que careció de texto constitucional propiamente dicho.

Tras la muerte del dictador, la Monarquía Parlamentaria se asentó sobre el periodo de la Transición que se inició con la Ley para la Reforma Política y culminó con la Constitución vigente de 1978, la única aprobada por medio de un referéndum. La segunda más longeva de nuestra historia, la más estable, aunó por primera vez el espíritu progresista y la Monarquía. Si el devenir histórico siguiera su curso, el ciclo dicta que lo siguiente sería una ruptura, tal y como ocurrió durante más de un siglo y medio. Cabe, también, la posibilidad de reforma. La primera que habría existido.