Los letrados del Parlamento de Cataluña han advertido a la Mesa de la Cámara de sus reservas sobre la inconstitucionalidad de la partida presupuestaria destinada a la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña, que Oriol Junqueras ha incluido en la disposición adicional 31 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2017.

En una adenda al Boletin Oficial (BOPC) que este miércoles ha publicado la Cámara, y que recoge las enmiendas al proyecto de presupuestos admitido a trámite por el pleno la semana pasada, los técnicos señalan que la disposición adicional 31 puede tener «conexión y una línea de continuidad con las resoluciones» del debate de política general suspendidas por el Tribunal Constitucional, en las que se defendía la celebración de un referéndum unilateral en Cataluña.

Por ello, reclaman que se tengan en cuenta las advertencias del alto tribunal. Y señalan que los miembros de la mesa de la Comisión de Economía que debatirá los presupuestos, presidida por el ex dirigente de Unió Antoni Castellà, no ha considerado relevantes esos pronunciamientos del Constitucional pese a haber sido advertidos por los letrados.

Además, recuerdan que el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del TC «impone a todos los poderes públicos la obligación de cumplir las resoluciones» y que el Alto Tribunal ha dictado ya incidentes de ejecución sobre sus sentencias.

Conflictos previos

En resumidas cuentas, con la introducción de su advertencia en el BOPC los letrados piden que se tengan en consideración sus observaciones durante el debate y la votación sobre las enmiendas de los presupuestos que se celebrará próximamente en la Comisión de Economía del Parlament de Cataluña. No es la primera vez que la mayoría independentista en el Parlament hace oídos sordos a los avisos de los técnicos, algo que ya sucedió en la votación de las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente, que está en el origen del proceso contra Carme Forcadell por prevaricación y desobediencia al TC.

Tanto el que fuera secretario general de la Mesa del Parlament, Pere Sol, como el letrado mayor de la Cámara, Albert Bayona, tuvieron que declarar como testigos ante la jueza que instruye la causa contra Forcadell, ante la que confirmaron que en su día advirtieron a la presidenta de las posibles consecuencias de admitir la votación en el orden del día del pleno.

Ambos elaboraron por iniciativa propia un informe jurídico que fue leído -a petición de la oposición- en el Pleno del 26 de julio, antes de la votación de las conclusiones que abren la puerta a la hoja de ruta independentista. El texto recordaba la advertencia «expresa» del Tribunal Constitucional de que la Mesa tenía la obligación de impedir cualquier iniciativa que desoyera las resoluciones del alto tribunal y su deber de velar para que no se vulnerara la Carta Magna.

El informe no evitó que Forcadell avalara la votación, y Pere Sol renunció al cargo de secretario general de la Mesa al día siguiente de que Carles Puigdemont anunciara en el Parlament su propuesta de un referéndum acordado o no con el Estado. El letrado argumentó motivos familiares para explicar su renuncia.