En estos más de 1.000 días de soledad y silencio en su celda la habrá repasado innumerables veces. La suya no es una trayectoria cualquiera. Comenzó como defensora de etarras y de destacados miembros de la izquierda abertzale. Su imagen con toga y semblante duro y desafiante se hizo habitual en la Audiencia Nacional. Continuó como mediadora y férrea garante de la unanimidad de pensamiento entre el colectivo de presos de ETA. Quienes la han investigado aseguran que siempre se postuló en el bando de los más inflexibles del entorno de la organización. Su última etapa vital la vive ahora entre rejas, aislada y sin contacto con nadie. Arantza Zulueta evitó la cárcel en las dos ocasiones anteriores en las que fue detenida (2010 y 2011). Entonces sobre ella pesaba la acusación de ocultar información de ‘zulos’ de la banda o de estar detrás de estructuras para la captación de militantes, acusaciones sobre las que aún no ha sido juzgada y por las que fue puesta en libertad con cargos poco después. En aquel tiempo aún contaba con el calor de los suyos, los mismos que hoy parecen haberla casi olvidado y que, pese a haber mostrado su adhesión formal no se han movilizado de cara a la marcha que esta tarde en Bilbao ha reclamado el final de su régimen de aislamiento y su puesta en libertad.

Zulueta, abogada desde 1991, ha desarrollado la mayor parte de su labor en la Audiencia Nacional defendiendo a miembros de ETA o altos dirigentes de la izquierda abertzale, como Arnaldo Otegi. Las posiciones del dirigente abertzale han avanzado hacia una apuesta por las vías únicamente políticas y con un desmarque cada vez mayor del pasado. Un viraje al que no se sumó con la misma intensidad la abogada y que se ha dejado sentir en ese mundo que, al contrario que en otros tiempos, ha relevado a un segundo plano la situación de Zulueta. Esta vez la izquierda abertzale apenas se ha movilizado para reclamar una solución a la situación carcelaria de la abogada. Tan sólo cuenta con el impulso procedente de su entorno profesional y de sus amigos –promotores de la plataforma Arantza Askatu!– en localidades como Lekeitio, donde tiene una casa y pasa los veranos desde niña, que se han volcado en su caso. Estos días no ha trascendido un respaldo de formaciones como Sortu o EH Bildu. La izquierda abertzale ha preferido mostrar un perfil bajo ante esta cuestión, conscientes de que vincularse con figuras identificadas con las posiciones más duras del pasado no contribuye a reforzar el mensaje de nuevo tiempo, político e institucional en el que trabajan.

Tras su primera detención en 2010 Zulueta abandonó su labor como abogada defensora para centrarse en otra tarea, la de mediación impulsada desde el entorno de ETA en 2012. Se convertiría, según el auto de instrucción, en la cabeza visible del equipo de abogados que debía ser la conexión entre la dirección de la banda y el colectivo de presos de la organización, que por aquel entonces superaba los 550. Una función por la que iría a la cárcel dos años más tarde. La abogada vizcaína acumula ahora tres años en prisión provisional acusada de integración en organización terrorista, además de dos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Lo hace en solitario, al habérsele aplicado el régimen de aislamiento, con apenas cuatro horas de patio al día, sin relación con otras reclusas, y a casi mil kilómetros del País Vasco, en la prisión de Puerto III en Santa María de Cádiz.

Zulueta fue detenida junto con otros ocho compañeros de la abogacía. Todos, excepto ella, están hoy en libertad con cargos. Se le acusa de ser la pieza clave en la denominada Operación Jaque llevada a cabo por la Guardia Civil en enero de hace tres años y en la que se descabezó el Koordinazio Taldea (KT)  o Grupo de mediadores al que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acusa de actuar como nexo de unión entre la organización ETA y el colectivo de presos, el EPPK, con el fin de mantener la unidad y homogeneidad de pensamiento dentro de las cárceles.

El eslabón con la cárcel

Zulueta conoce perfectamente el entorno carcelario, no en vano ha sido uno de los eslabones de comunicación cuando se encontraba en libertad. La abogada, de 53 años, había sido detenida con anterioridad, el 14 de abril de 2010 y 14 de julio de 2011, y en los dos casos se le imputó pertenencia a organización armada pero fue puesta en libertad con cargos. Ahora en cambio, el juez Velasco se mantiene firme en su decisión de privarla de libertad y hacerlo además imponiendo las condiciones de encarcelamiento más duras, el aislamiento, que se prolonga ya tres años. Una circunstancia que lleva al abogado Alfonso Zenón a cuestionar el modo en el que se está aplicando la legislación en este caso. Recuerda que pese a que sobre Zulueta pesan dos procedimientos judiciales “por hechos idénticos” -en ambos se le acusa por pertenencia a organización terrorista- en uno se le puso en libertad bajo fianza y en el otro continúa, tres años después, en prisión “está abocado al sobreseimiento”, señala en un informe sobre la situación de Zulueta.

La abogada bilbaína acumula tres años en prisión provisional y en régimen de aislamiento

Recuerda cómo la sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de apelación presentados en este tiempo para reclamar la libertad de Zulueta, la última ocasión el 23 de septiembre de 2016, y que fue rechazada por dos de los tres magistrados y con el voto particular del juez José Ricardo de Prada. Zenón subraya que De Prada no ve justificado que Zulueta continúe ingresada en un módulo de aislamiento y que es partidario de su excarcelamiento, al igual que el resto de los detenidos en este proceso.

En el auto de 12 de enero de 2015 el juez le imputa un delito, junto a los otros siete arrestados en la operación Jaque, de integración en organización terrorista además de dos delitos de fraude fiscal y de blanqueo de capitales. Así, además del papel como dirigente del KT o Grupo de Mediadores con los presos de ETA que le imputa el juez instructor, Velasco también cree que los citados abogados recibieron financiación procedente de la plataforma Herrira, para la defensa de presos de ETA, por un valor de 766.112 euros en 2012 y de 792.200 euros en 2013. Importes que habrían eludido del pago del IVA por un total de 270.336 euros. Una acusación que su defensa, asegura Zenón, niega al afirmar que todos los abogados pagaron a través de sus respectivos despachos particulares.

Una influencia entre los presos aislada

Desde que fue arrestada el 8 de enero de 2014 la realidad de la izquierda abertzale y del colectivo de presos de la organización se ha transformado de modo sustancial. Las posiciones más inflexibles y radicales en las que se la situaba han ido perdiendo peso en favor de una ‘institucionalización’ del entorno de EH Bildu y Sortu, en especial impulsada tras la salida de la cárcel de Arnaldo Otegi. Junto a ello, entre los presos se ha extendido la necesidad de dar pasos para acelerar la salida de la cárcel de los alrededor de 350 etarras que aún cumplen condena. Para ello, se ha abierto una nueva fase que deja atrás la consigna de mantenerse firmes como un colectivo pétreo en contra de las leyes penitenciarias del ‘enemigo’. Ahora la mayoría acepta dar pasos de modo individualizado y acogerse a beneficios penitenciarios. Un cambio de posición que ha provocado la discrepancia de los sectores más duros del colectivo que consideran una traición en proceso de “normalización” y que defienden avanzar por otros caminos como la reclamación de la amnistía y el resurgimiento de la reclamación revolucionaria que enarboló ETA cuando practicaba la “la lucha armada”.

Zulueta está acusada de ejercer como mediadora entre la dirección de ETA y los presos de la banda

Zulueta conocía bien el colectivo de presos, no en vano mantenía reuniones con sus miembros más significados en las distintas cárceles para coordinar la posición común que debía mantener el grupo. Durante mucho tiempo se la ha situado en las posiciones más rígidas, como las que ahora reclaman algunos sectores del entorno radical partidarios de apostar por demandar la amnistía y reivindicar el legado de “lucha” de ETA, sin mostrar arrepentimiento o perdón, y dilatar la disolución de la banda. Sin embargo, el viraje en el colectivo del EPPK en el que mediaba es evidente. La incógnita radica en poder descifrar el impacto que pueda tener su figura en este proceso tras permanecer en régimen de aislamiento.

Según fuentes de la lucha antiterrorista Zulueta siempre habría buscado mantener sólida la unidad dentro del colectivo como un medio de presión y negociación futura. A ella se le achacan la mayor parte de los pasos dados por el Colectivo de Presos Políticos vascos (el EPPK), que actualmente agrupa a la mayoría de los 350 etarras que continúan en prisión, casi 200 menos que lo que lo hacían cuando ella fue arrestada. Entre ellos, se incluiría el producido apenas cuatro días antes de que fuera arrestada en su despacho en Bilbao, cuando en una comparecencia pública en el antiguo matadero de Durango decenas de ex presos de ETA -entre ellos, José Antonio López Ruiz, alias Kubati, condenado a 1.210 años por 13 asesinatos- respaldaron un manifiesto del EPPK. Entonces los servicios de lucha antiterrorista vieron la mano de Zulueta en el manifiesto que fijaba una renuncia a utilizar en el futuro medios violentos, además de asumir la legalidad penitenciaria, pero sin cruzar la línea de condenar la violencia, pedir perdón o exigir a ETA el desarme y su disolución. Tres años más tarde el EPPK, con Zulueta en prisión, ha dado un nuevo paso, esta vez más en sintonía con la izquierda abertzale ‘oficial’, ­-como ya la matizan los sectores más radicales del MLNV-, pero que no llega a romper del todo con las premisas más ortodoxas en las que siempre se ha situado Zulueta. Así, la “delación” y el “arrepentimiento” continúan siendo líneas rojas prohibidas para los presos de ETA que quieran seguir la línea marcada por la dirección de la banda, que en cambio sí les permite acogerse a beneficios penitenciarios de manera individualizada.

La izquierda abertzale apenas se ha movilizado para reclamar su excarcelación

Desde el pasado 10 de diciembre cientos de ex presos de la banda mantienen un encierro en Usurbil (Guipúzcoa) para reclamar un cambio de la política penitenciaria y el acercamiento de los presos de ETA a cárceles de Euskadi. Admiten incluso que estos pasos se puedan dar de manera “parcial” y que se pueda actuar de modo “individualizado” dentro del colectivo. Apelan a dejar atrás la fase de “resistencia” que mientras Zulueta estuvo en libertad” aún tenía gran vigencia y que en estos años se ha ido debilitando. Las posiciones más ortodoxas mostradas tiempo atrás por Zulueta contrastan con las que se han venido defendiendo desde la izquierda abertzale, cada vez más proclive a que ETA se disuelva cuanto antes y se pueda iniciar una nueva fase para “vaciar” las cárceles.