El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se lucró con la privatización de empresas públicas como Endesa, Tabacalera o Retevisión durante su etapa en el cargo. Lo hizo mediante contratos de publicidad suscritos con dichas sociedades a través de la empresa opaca COR Comunicación, que había fundado poco antes con sus hermanos.

Así se refleja en el informe de 664 páginas remitido por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) al Juzgado nº 31 de Madrid, en el que se le asigna una deuda tributaria de 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015.

El documento recuerda que Rodrigo Rato Figaredo fue nombrado vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda el 4 de mayo de 1996, antes de ocupar desde abril del año 2000 la vicepresidencia del Gobierno y la cartera de Economía hasta abril de 2004.

A partir de ahí, relata que «a los meses de llegar a la vicepresidencia», Rato, junto a sus hermanos Ramón y Mª Ángeles, constituyó la sociedad de publicidad COR Comunicación S.L. Desde el inicio se trató de una sociedad opaca, ya que, aunque ninguno de los tres hermanos compareció en el acto fundacional, la ONIF acredita que la mayor parte del accionariado «y los beneficios que de ello derivan» ha correspondido a éstos. Solo en 2013, Rato adquirió formalmente el completo control de la sociedad desde finales de 2013, tras la muerte de su hermano Ramón.

Nacida para contratar con empresas públicas

La ONIF asegura que COR Comunicación «contrata en sus primeros años servicios de publicidad con relevantes empresas del país». Entre ellas se encuentran entidades públicas como Endesa, Aldeasa, Paradores de Turismo, Retevisión o Logista. También estaban en sus planes Telefónica, Tabacalera y Repsol, además de La Caixa, Prosegur o Banco Santander. En el informe se explicita que la opacidad de la empresa controlada por la familia Rato se debía precisamente a que su intención era establecer esta red de contratos.

«COR Comunicación nace de forma opaca, esto es, ocultándose a su más relevante accionariado real, dado que su plan de negocio era contratar servicios de publicidad con algunas de las empresas del país», señala, para añadir que estas compañías eran «empresas gordas, según la terminología de ellos mismos».

En este punto, se hace especial hincapié en la intención de Rato de no aparecer entre el accionariado dado que, en el caso de Paradores de Turismo, se trataba de una sociedad cuyo capital era y es de titularidad pública cuyo accionista único es la Dirección General de Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda. Es decir, que COR Comunciación suscribió un contrato con una sociedad pública «representada en última instancia por don Rodrigo Rato».

Contratos con empresas privatizadas

Sin embargo, el informe introduce una acotación más relevante aún si cabe. Recuerda que «algunas de estas empresas han participado en proceso de privatización». Esto se traduce en que algunas de las empresas que, siendo Rato vicepresidente del Gobierno, firmaron contratos de publicidad se encuadraron en la oleada de privatizaciones que tuvo lugar durante el Gobierno de José María Aznar.

Así, en esos años se privatizaron precisamente Telefónica (1997), Retevisión (1996), Repsol (1997), Endesa (1997) o Tabacalera (1998).