El valle de Cuelgamuros lleva décadas siendo el centro de la polémica. En él, en 1940, se comenzó a construir lo que, a día de hoy, para unos llama a la reconciliación y para otros representa la masacre: el Valle de los Caídos. Fue un proyecto de Francisco Franco que al acabar la guerra lo visualizó como “un monumento conmemorativo” y que casi 80 años más tarde es objeto de discordia, siendo llevado ante lo tribunales en numerosas ocasiones.

Este martes se reúne el Tribunal Supremo para decidir si la última demanda, interpuesta por Baltasar Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz, alcanza su propósito y, fundamentalmente, se exhuman los cuerpos de Franco y Primo de Rivera del monumento. Una petición que el pasado 9 de febrero fue llevada al Congreso por el Partido Socialista, y que posteriormente va a necesitar el consentimiento adicional de la Iglesia católica.

Fuentes del Supremo aseguran que lo que ellos tienen entre manos es la forma no el fondo. “Se decide sobre el derecho a una contestación por parte del Gobierno ante estos temas, no sobre los temas. Nosotros hablamos del fondo no de la forma y no esta en nuestras manos los otros términos de la demanda”.

Tal y como consta en el documento fundacional del Valle de los Caídos, que data del 1 de abril del 40, se construía “con objeto de perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”. En él yacen más de 30.000 personas, entre nacionales y republicanos, y muchos de los cadáveres permanecen, décadas más tarde, sin identificar. El primer caso en llegar a los tribunales fue el de Baltasar Garzón, en 2009, alegando lo mismo que la investigación de Joan Pinyol, que aseguraba que al menos 500 cadáveres fueron trasladados hasta este mausoleo sin consentimiento por parte de sus familiares. (El caso más llamativo el de Purificación Lapeña que se pasó años llevando flores a un fosa común en la que ya no se encontraba su padre)

Desde 2012 hasta 2015 ha recibido 340.000 euros anuales”, aseguró Garzón

La solicitud no llegó a ningún puerto y ahora, ocho años después, el jurista y los dos abogados esperan la sentencia ante un nuevo requerimiento que presentaron en marzo del año pasado. En él se leen varias peticiones. En primer lugar que el dinero público invertido en este lugar sea transparente, que este desglosado. “Desde 2012 hasta 2015 ha recibido 340.000 euros anuales”, aseguró Garzón hace meses en una rueda de prensa. Además de los 9 euros que cuesta la entrada y del que se desconoce su uso posterior.

Francisco Franco durante la construcción del Valle de los Caídos.

Francisco Franco, durante la construcción del Valle de los Caídos. EFE E.I.

Además, solicitan que los cuerpos de Francisco Franco y el de José Antonio Primo de Rivera sean trasladados a otro lugar, evitando que este sea “un espacio de una facción que masacró, no de reconciliación”, tal y como aseguró Garzón. Además, piden medidas para la identificación de los cuerpos y que el monumento pase a ser un lugar conmemorativo de las víctimas del franquismo.

En la demanda, tanto el jurista como los abogados alegan que “no existe mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas (más de 33.000), en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar, ni honrar su memoria”.

En palabras de Ranz, “lo que queremos es dotar al Valle de los Caídos de un estatus democrático. Como todas las normas que lo rigen son de los 40 y escritas en un preámbulo que es la exaltación de la Guerra Civil, consideramos que tienen que derogarse y redactar unas nuevas acordes a nuestras Constitución”. “Lo más importante es que se transforme en un lugar para la memoria de las víctimas y que se eliminen los símbolos franquistas, como los escudos preconstitucionales”, añade.

Que les devuelvan a sus familias los cuerpos y que ellos los entierren donde consideren”

La demanda ha sido bien acogida por la Asociación de Memoria Histórica, desde la que su presidente, Emilio Silva, asegura que “lo mínimo sería tener un censo de las personas que se encuentran enterradas allí. Nos parece tristísimo que tenga que ser un juzgado el que se haga cargo de esto cuando con una decisión política sería muchísimo más simple”.

Además, hace hincapié en el papel de Patrimonio Nacional. “Es incomprensible que, más allá de la presencia católica en la basílica, desde Patrimonio no hayan hecho público los nombres de los restos que se encuentran allí. Se trasladaron muchos sin que se informase a las familias”, alega. También coincide con Garzón, Ollé y Ranz en la importancia de exhumar a Franco y Primo de Rivera. “Que les devuelvan a sus familias los cuerpos y que ellos los entierren donde consideren”.

El Supremo tendrá que darle una nueva lección a Garzón”, dicen en la Fundación Franco

En cambio, la otra cara de la moneda la encontramos en la Fundación Francisco Franco. Desde ella, uno de sus vicepresidentes, Francisco Franco, cree que “el Tribunal Supremo tendrá que darle una nueva lección al señor Garzón, que tiene que leerse mejor las leyes”. También hay que mandarle a estudiar Historia. Todo el mundo sabe qué personas se encuentran allí y que los familiares accedieron a trasladar los cuerpos al Valle de los Caídos”, asegura. Además espera que el Supremo deniegue las solicitudes del jurista y los dos abogados. “Les recomiendo que estudien”, sentencia.

Tanto Garzón como los abogados parecen conscientes de que no es una lucha fácil y piden al Supremo que en caso de desestimar su demanda se explique, “por lo menos”, a los visitantes la verdad sobre este lugar. Aunque Ranz asegura que “es prácticamente imposible que se mantenga la legalidad del Valle de los Caídos bajo las normas actuales que van contra nuestra ley más importante: la Constitución”.