La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha notificado hoy la condena de dos años de inhabilitación para Artur Mas y 36.500 euros de multa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por el 9-N. La sala presidida por el magistrado Jesús Barrientos ha dictado además por unanimidad una condena de inhabilitación de un año y nueve meses y multa de 30.000 euros para Joana Ortega y un año y medio de inhabilitación para cargo público y multa de 24.000 euros para Irene Rigau. El TSJC ha absuelto a los tres acusados del delito de prevaricación administrativa y les ha condenado al pago de la mitad de las costas del juicio.

La Sala inhabilita dos años a Artur Mas, un año y nueve meses a Joana Ortega y año y medio a Irene Rigau

En su sentencia, la Sala condena a Artur Mas a la máxima pena por el delito de desobediencia, medio año más de lo que pedía el fiscal por ese delito, tras considerar que con su actuación el president sometió a la «máxima tensión valores constitucionales tan esenciales de un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley». La Sala insiste además en que no se juzga la consulta sino la desobediencia a un dictamen del Tribunal Constitucional. Por contra absuelve a Mas, Ortega y Rigau del delito de prevaricación administrativa al señalar que ninguno de ellos dio ninguna orden pública para mantener la celebración de la consulta, tras recibir el 4 de noviembre la providencia del Constitucional.

La sentencia del 9-N ha provocado reacciones prácticamente inmediatas en las sedes de todos los partidos catalanes. El portavoz de C’s, Carlos Carrizosa, ha destacado que la decisión del TSJC “cierra todas las dudas” sobre la legalidad de la consulta y ha pedido al actual Gobierno catalán que no cometa el mismo error porque “Cataluña no necesita salvapatrias ni mártires, sino gobernantes que piensen en sus ciudadanos”. En términos similares se ha expresado el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien ha pedido a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont que “tomen nota”. Albiol ha destacado que “el estado de derecho acaba poniendo a cada uno en su lugar” y se ha felicitado por una sentencia que a su juicio “demuestra que el estado de derecho y la democracia funcionan en nuestro país”.

El PSC destaca que es la menor pena posible

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha pedido por su parte al Gobierno catalán que acate la sentencia tras señalar que la Sala presidida por Barrientos ha impuesto a los acusados “la menor pena posible”, al condenarlos sólo por desobediencia y absolverlos del delito de prevaricación. El portavoz de Esquerra, Salvador Sabrià, ha denunciado la decisión del TSJC como “una sentencia indigna y antidemocrática” y ha acusado una vez más al Gobierno de “utilizar la Justicia, con un Tribunal Constitucional a medida o fabricando pruebas desde las cloacas del Estado para frenar las urnas”.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled imputaba los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia al Tribunal Constitucional al ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los miembros de su gobierno que fueron considerados partícipes necesarios del 9-N. No se les imputó el delito de malversación de fondos públicos que solicitaba la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias, que hubiera implicado la petición de penas de cárcel.

La Fiscalía pidió diez años de inhabilitación

La Fiscalía pedía para Artur Mas diez años de inhabilitación y una multa de 36.000€ como máximo responsable de la organización e impulso de la celebración de la consulta del 9 de noviembre de 2014, contraviniendo la providencia del Tribunal Constitucional que la anulaba. Para las ex conselleras Irene Rigau, entonces responsable de Enseñanza, y Joana Ortega, titular de Gobernación, el Ministerio Público pidió sendas condenas de 9 años inhabilitación y 30.000€ de multa. La misma petición de penas a la que se enfrenta Francesc Homs, cuya causa examina el Tribunal Supremo porque es aforado, dada su condición de diputado en el Congreso.

El juicio quedó visto para sentencia el 10 de febrero tras una semana de vista oral y dos años de instrucción. Sin embargo, en medios políticos se daba por seguro que el TSJC esperaría a conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre la causa seguida contra Francesc Homs por los mismos hechos para dictar sentencia. No ha sido así.

Durante el jucio Mas, Rigau y Ortega se escudaron en que el Tribunal Constitucional no atendió a su recurso de súplica para aclarar el alcance de la providencia del TC. El president llegó a afirmar, en su declaración, que al recibir la segunda providencia del TC “contrapongo dos deberes: por un lado, mandatos parlamentarios explícitos y reiterados y un movimiento que iba más allá del gobierno, con mucha gente comprometida; por otro lado, el deber de atender al Constitucional, que entendimos que ya habíamos atendido, un mandato impreciso, no reiterado, pendiente de aclaraciones”. Mas ha repetido desde entonces que no suspendieron el 9N porque ni el Gobierno ni la Fiscalía actuaron para obligarles a ello, después de haber afirmado en su alegato final qe no desobedecieron al Constitucional con la consulta sobre la independencia, sino que “plantaron cara” al Gobierno español.