La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado hoy la "utilización política de una menor en el vídeo que desde el entorno de los familiares de los presos de ETA se ha presentado" para pedir el acercamiento de éstos al País Vasco. En un comunicado la AEGC explica que el vídeo, titulado "Mochilaren umea (La niña de la mochila)", es el "penúltimo intento del mundo abertzale, encabezado por EH Bildu, para exigir el acercamiento a Euskadi de los presos etarras".
Advierte de que se trata de "una petición política para la que no han dudado en utilizar como ejemplo la imagen de una menor que para ver a su padre o madre presos por pertenecer a ETA tiene que salir de su comunidad". Para la AEGC este vídeo "es un claro ejemplo de la bajeza moral del entorno etarra" y considera que el Defensor del Pueblo debería estudiar si vulnera los derechos de la menor que aparece en el mismo.
Recuerda a sus autores que "los padres de esos niños que utilizan para remover las conciencias de los políticos y de la sociedad no están en prisión por robar una gallina, sino que están privados de libertad por asesinar a otros padres y privar a otros niños del derecho a vivir y disfrutar de la compañía de su progenitor". "Porque mientras que la niña de la mochila, después de hacer unos cientos de kilómetros, puede abrazar y besar a su padre o madre, centenares de niños de hijos de guardias civiles lo único que pueden besar es una lápida fría de mármol", subraya la AEGC.
La AEGC lamenta que esos niños tengan que pagar por las culpas de sus padres, lo que "puede resultar injusto" pero añade que "más injusto ha sido el asesinato, perpetrado por alguno de esos padres a los que van a ver a prisión, de 23 menores, muchos de ellos hijos de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuyo único delito fue ser hijo de guardia civil o policía nacional".
Por ello insiste en que "no puede haber concesiones porque ni se ha pedido perdón a las víctimas ni se ha anunciado la disolución de la banda terrorista". "Que empiecen por hacer justicia con esos cientos de niños a cuyos padres han asesinado, que colaboren con la justicia para que se esclarezcan los más de 300 crímenes sin resolver, que respeten los derechos de los menores y que no se sirvan políticamente de ellos para saltarse la ley", concluye.
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