La Guardia Civil está registrando este miércoles la sede de la constructora OHL, en la segunda jornada de la operación Lezo, que condujo ayer a la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) buscan en las oficinas de la empresa documentos de una presunta comisión abonada desde Suiza en 2007 y que asciende a 1,4 millones de euros. Se trata de parte del contrato del tren de Navalcarnero, que obtuvo la empresa de Juan Miguel Villar Mir del ejecutivo regional.

Después de trascender el registro en OHL, trascendieron igualmente inspecciones policiales de la misma unidad en las sedes de Indra, Saerco y, a primera hora de la tarde, la auditora PwC.

Los registros de esta operación anticorrupción ascienden a más de 40 y se han extendido este jueves a las mencionadas Indra y Saerco, compañía especializada en navegación aérea fundada por Ildefonso de Miguel, imputado en la operación Lezo por su etapa como director gerente del Canal. Entre los registros se encontró el domicilio y el despacho de Ignacio González en el distrito madrileño de Aravaca, donde los agentes permanecieron diez horas en busca de pruebas.

En el registro de la sede de Indra, según informa El Español, la Guardia Civil trata de acreditar que la compañía abonó 700.000 euros para financiar ilegalmente la campaña del PP madrileño en el año 2011.

El registro en PwC -cuyo rascacielos se halla en el complejo de las Cuatro Torres al norte de la capital madrileña, a escasos metros de la sede de OHL- se habría producido simultáneamente al de la constructora que tutela la familia Villar Mir, según ha informado Vozpópuli.

La llamada operación Lezo puesta en marcha por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra la gestión del Canal de Isabel II a primera hora deleste miércoles tiene su origen en una denuncia de la Comunidad de Madrid por el desvío de fondos por la compra de una filial en Brasil. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha obrado de esta manera tras advertir irregularidades en la compra de sociedades en el extranjero, como puso de manifiesto la auditoría encargada por el Ejecutivo autonómico.

Ya hubo registros antes

Ya en febrero de 2016 y a raíz de la Operación Púnica, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró el domicilio del número dos de OHL, Javier López Madrid -condenado a seis meses por las tarjetas black de Caja Madrid-. Los agentes también se personaron en dos despachos profesionales del empresario.

López Madrid, además de estar salpicado por el caso Bankia, está presente en los papeles de Bárcenas como socio de su testaferro y yerno de Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL y del Grupo Villar Mir.  Según los papeles de Bárcenas,Villar Mir donó 530.000 euros al PP.

El pasado mes de marzo, un juzgado de lo mercantil de Madrid declaró la liquidación de Cemonasa, la sociedad del Cercanías Móstoles-Navalcarnero a través de la cual OHL debía construir y explotar esta línea que nunca se ha llegado a construir, dejando un enorme socavón en Navalcarnero. Es por las supuestas comisiones entregadas por esta obra por las que se ha producido el registo en OHL.

El contrato fue obtenido en 2008 e incluyó una Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que OHL reclama ahora a la Comunidad de Madrid. En 2015, Cemonasa presentó una reclamación administrativa y un año después se declaró en concurso de acreedores. Ahora está por ver si la empresa de Villar Mir pagó comisiones a dirigentes políticos para lograr este contrato.