La Guardia Civil ha pedido investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por adjudicaciones al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. Los agentes de la UCO acusan también a la presidenta de la Comunidad  de Madrid de haber desempeñado un papel clave en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al ex presidente de la patronal madrileña, dueño del grupo Cantoblanco.

En un informe de la UCO del pasado 1 de marzo que analiza exclusivamente estas adjudicaciones, al que ha tenido acceso Efe, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Los contratos de adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011 a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».

La presencia de Cifuentes en la mesa de contratación «vulnera la imparcialidad»

Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) y que está sujeta a aforamiento actualmente.  El hecho de que Cifuentes fuera miembro del comité de expertos y que ejerciera como presidenta de la mesa de contratación es, dice el informe, una «circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la presidenta de la mesa de contratación».

Cifuentes, interviniente en las valoraciones arbitrarias

«La sitúa además como interviniente en las valoraciones arbitrarias y en la aprobación de esas mismas valoraciones efectuadas por la mesa de contratación en una decisión con potestad resolutoria», añade. De esta manera, Cifuentes presidía las mesas de contratación a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores, resume la UCO.

Resalta además la UCO que la empresa de Arturo Fernández también optó al servicio de cafetería de la Asamblea en el año 2006, pero no resultó ser adjudicataria.

Arturo Fernández es una de las personas que están acusadas de financiar de forma irregular el PP mediante donativos de dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), un asunto por el que le preguntó el juez cuando le citó a declarar como imputado. Dichos donativos (la UCO los cifra en 160.000 euros y el propio Fernández, ante el juez, los situó en 60.000) se produjeron en fechas próximas a la campaña electoral de 2007, concretamente en marzo de ese año.

Cuando se produjeron esas aportaciones de Fernández, Cifuentes era patrono de esa fundación, como destaca la UCO en otro informe del sumario, en el que resalta la «coincidencia» de ese cargo con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de campaña de esa formación cuando se efectuaron las aportaciones económicas.

Según la Guardia Civil, hay indicios por tanto de que se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos «importantes» donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación «directamente vinculada con el Partido Popular de Madrid» que sirvió para» financiar de manera encubierta» al mismo «para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización».

Las noticias sobre Cifuentes ha propiciado que Ciudadanos, socio del Partido Popular en el Gobierno regional, ha convocado a los medios de comunicación esta tarde.

Fernández: ‘El contrato fue perjudicial’

El ex presidente de la patronal madrileña y dueño del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández declaró a la Guardia Civil que desconocía que Cristina Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación que decidió la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a su empresa en 2009 y 2011. Así lo admitió Fernández el pasado mes de marzo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Púnica, en el que los investigadores ven indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería.

Preguntado sobre esta licitación, el empresario Fernández reconoce a los agentes que su relación con Cifuentes (en 2007 es miembro del patronato de la fundación madrileña Fundescam, del comité regional de campaña, así como presidente de la mesa de contratación de la Asamblea) era «protocolaria», informa Efe.

De hecho, en su declaración ante los agentes dice que no sabía ni que ella ni que ninguno de los patronos de Fundescam formasen parte del comité de expertos o de la mesa de contratación que finalmente concedió la licitación al Grupo Cantoblanco del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011.

«Este contrato lo único que ha hecho es causarme pérdidas. Ha sido perjudicial para mi empresa», lamentó a los agentes el empresario que apuntó al entonces director de los concursos de la Asamblea Juan Pita como la persona que abrió los sobres relativos a a la ofertas económicas de las concursantes al contrato.