La mayor patronal catalana, Fomento del Trabajo, considera la Ley del Referéndum de Autodeterminación con la que el Gobierno catalán quiere celebrar el referéndum de independencia un «golpe de estado jurídico». Así lo asegura la comisión jurídica de la patronal que preside Joaquim Gay de Montellà en un documento aprobado este jueves.

El texto asegura que el proyecto de ley del referéndum que pretende aprobar el Govern “supondría de hecho un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional”, porque “impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos”. Fomento afirma además que el texto “se sitúa completamente al margen y en contra del marco constitucional, de la doctrina del Tribunal Constitucional y de los principios de democracia y del Estado de Derecho”.

La patronal señala que llevar a cabo un referéndum unilateral es “un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles”, porque a su juicio “las reivindicaciones soberanistas solo pueden ejercerse dentro del respeto de la Constitución y de la ley”. Y advierte de que el proyecto de ley del referéndum que JxS pretende entrar en el registro del Parlament entre hoy y el lunes “no está legitimado ni por el derecho internacional ni por el mandato democrático de las elecciones al Parlamento del 27 de septiembre de 2015”.

La patrona catalana, que desde que en 2012 se abrió el proceso soberanista con la ruptura entre Artur Mas y Mariano Rajoy ha evitado posicionarse abiertamente en contra del proyecto soberanista rompe ahora esa neutralidad y reclama al gobierno de Carles Puigdemont que reconsidere su proyecto.

La comisión jurídica de Fomento ha argumentado que el derecho internacional “no ampara el referéndum” porque “sólo reconoce el derecho de secesión en los procesos de descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos”. Además, la patronal denuncia que el proyecto de ley “apela a una inexistente soberanía del pueblo de Catalunya para organizar un referéndum contrario a la Constitución” y “enfrenta frontalmente con el Código de Buenas prácticas de la Comisión de Venecia”.

La entidad que preside Joaquim Gay de Montellà, por otra parte, defiende que “la legítima reivindicación catalana del reconocimiento de su singularidad dentro del Estado español tiene que encontrar su solución por la vía de la negociación y dentro del respeto de los principios de democracia y legalidad”. “Una negociación a la que se debe acudir con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes”, concluye Fomento del Trabajo.