Agosto es mes inhábil para la Administración judicial, pero el camino hasta el descanso ha sido tortuoso durante los últimos días a consecuencia del fiasco tecnológico de LexNet, la plataforma de comunicación entre juzgados, abogados y procuradores utilizada por primera vez en el año 2004, pero cuya implantación se convirtió en obligatoria en enero de 2016. La crisis tecnológica ha quedado ahora en standby, salvada por la campana estival, pero en septiembre volverán a aflorar las dudas que ha generado durante la última semana la debilidad del sistema.

  • ¿Dónde ha estado el agujero de seguridad?

El pasado jueves, el abogado José Muelas anunció a través de las redes sociales un descubrimiento: cambiando una simple identificación en la barra de la URL, cualquier usuario del sistema podía acceder a las notificaciones del resto de profesionales. Es decir, cualquier abogado, procurador o empleado de juzgado tenía acceso a la documentación de cualquier otro caso abierto en España, sólo conociendo la identificación de algún profesional con acceso. LexNet reaccionó cerrando la plataforma durante 30 minutos y aseguró posteriormente que la vulnerabilidad había sido resuelta «en menos de cinco horas».

  • ¿Ha existido esta vulnerabilidad desde el inicio?

Es una de las preguntas registradas en el Congreso sobre el tema por el Grupo Parlamentario Socialista. El Ministerio de Justicia asegura que no, y que el error tiene su origen en la última actualización de la plataforma. «Con la puesta en marcha de esta nueva versión se ha identificado un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código», admitió horas después de la detección del fallo a través de un comunicado. No obstante, numerosos expertos en ciberseguridad valoraron que el fallo era tan grave y tan básico que no podía hacer otra cosa sino generar desconfianza en la solidez global del sistema.

  • ¿Está ya arreglado?

Tras un fin de semana caótico, el funcionamiento de LexNet continúa siendo intermitente. Pese al comunicado inicial en el que Justicia aseguraba haber resuelto la incidencia, la plataforma permaneció cerrada por labores de «mantenimiento» entre el viernes a las 16:30 y el lunes a las 8 de la mañana. Aún así, cuando el servicio fue restablecido, los usuarios comenzaron a reportar caídas temporales y notificaciones cruzadas, que llegaban a los profesionales equivocados. La única explicación a estos nuevos errores ha sido la sobrecarga de demanda en el servicio, tras días de inactividad, en último día de mes y antes de un período inhábil.

  • ¿Ha habido problemas anteriormente con LexNet?

Sí. Especialmente de sincronización con la multitud de sistemas propios que utilizaban y siguen utilizando las Comunidades Autónomas, generando problemas adicionales a una operativa en teoría diseñada para agilizar los procesos judiciales. Además, los usuarios se quejan del mínimo espacio de almacenaje que permite la plataforma, que impide cargar archivos de tamaño superior a los 10 megas, así como de errores de diseño presentes desde el inicio del desarrollo.

  • ¿Quién ha desarrollado LexNet?

Como informa este martes El Confidencial, es complicado rastrear el dinero público invertido en LexNet. Y lo es debido a un truco administrativo utilizado por Justicia a la hora de realizar las adjudicaciones. En lugar de hacerlas directamente, lo que obligaría a su publicación en los canales de transparencia habituales, el desarrollo de la plataforma se encargó a través de una encomienda de gestión, consistente en subcontratar estos procesos a otro organismo público, en este caso, ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A.), que durante los últimos años habría recibido más de 7 millones de euros destinados a desarrollar el sistema digital de la Administración judicial. Desde ISDEFE, el dinero se ha repartido entre numerosas empresas, desde Informática El Corte Inglés en los primeros años, a principios de siglo, hasta las que han desarrollado los últimos procesos, como Avalon, Indra, Satec, Sermicro o Novasoft.

  • ¿Quién lo gestiona?

Ésta ha sido una de las principales polémicas en relación a la plataforma desde el primer momento de su desarrollo. La gestión y el control de LexNet le corresponde al Ministerio de Justicia, es decir, al Gobierno, y no al Consejo General del Poder Judicial, como reclaman diversos activistas y asociaciones de abogados. Éstas denuncian que la propiedad gubernamental del sistema vulnera la separación de poderes y permite al Ejecutivo establecer dossieres detallados sobre el perfil profesional y la cartera de clientes de cualquier juez, abogado o procurador en activo.