Último plazo del Gobierno al PP para renovar el CGPJ: o pacta justo después de las europeas o activará un 'plan b'

Pedro Sánchez tiene claro, clarísimo, que no aguantará toda la legislatura sin renovar del Consejo General del Poder Judicial, que ya acumula casi cinco años y medio con el mandato caducado. Esperará al PP para pactar el relevo pocas semanas más, hasta que pasen las elecciones europeas del 9 de junio, pero si no se aviene a cerrar la negociación, entonces sí activará un plan b aún por definir. El Gobierno no descarta una rebaja de las mayorías para nombrar a los vocales jueces, pero ya desliza que espera que la Comisión Europea oriente sobre el camino a seguir si se constata que los populares no tienen ninguna voluntad de pactar.

Tras su parón de cinco días, el presidente insistió en que su vuelta debía ser, iba a ser, un "punto y aparte". Y señaló dos ejes prioritarios de actuación en los que, sin embargo, no hubo concreciones. Uno, la Justicia, y dos, el combate contra los bulos y la desinformación y los "pseudomedios". Sánchez apuntó, por primera vez, que estaba dispuesto a emprender una renovación del CGPJ sin consenso con el PP. Lo aseguró en la entrevista en el Telediario 2 de Televisión Española del lunes 29 de abril, en la de la SER del martes 30, y fue algo más claro en la publicada el pasado domingo, 5 de mayo, en El País. Si el PP persiste en el bloqueo, habrá una reforma legal para forzar el relevo en el órgano de gobierno de los jueces, venía a expresar, pero no adelantaba ni la fórmula ni cuándo la pondría en marcha.

Reynders tuvo que abandonar su labor de mediación el pasado 15 de abril, pero le sustituyó la vicepresidenta Jourová. Los socialistas han pedido una nueva reunión a tres, sin éxito

Ahora ya sí hay un marco temporal. Y son las europeas del 9-J. Así lo confirmaban este martes fuentes de primer nivel del Ejecutivo. "Tendremos que tomar una decisión, en esos plazos. Es decir, cuando termina el propio mandato de la Comisión Europea. O sea, junio", explicaban.

En el Gobierno recordaban que fue Alberto Núñez Feijóo quien, en su reunión con el presidente el pasado 22 de diciembre en el Congreso, propuso la mediación del Ejecutivo comunitario para abordar la renovación del CGPJ. Bruselas contestó un mes más tarde y a quien situó al frente de las negociaciones fue al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders. Este dio a las partes, Gobierno y PP, dos meses para culminar las conversaciones, pero llegó el final de marzo y no hubo conclusión, aunque sí, teóricamente, avances.

La cuarta reunión a tres bandas que se iba a celebrar en Madrid en plena Semana Santa fue finalmente suspendida porque el PP no veía mimbres para el acuerdo. Reynders se prestó a estirar las negociaciones un mes más, pero finalmente comenzó su excedencia —para poder hacer campaña para el puesto de secretario general del Consejo de Europa— el 15 de abril. Su labor de mediación fue heredada por la vicepresidenta de Valores y Transparencia, la checa Věra Jourová, que conoce perfectamente el expediente español. Pero no se conoce que se haya producido ningún nuevo encuentro entre la Comisión y los interlocutores de Gobierno —el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños— y PP —el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons—, pese a que los socialistas lo han pedido y han mostrado su "disponibilidad". Los populares adujeron que no tendría sentido reanudar los contactos con tres procesos electorales en marcha: las vascas del 21 de abril, las catalanas del próximo 12 de mayo y las europeas del 9 de junio.

"Insostenible" no hacer nada

El Ejecutivo de Sánchez está dispuesto a dar ese margen temporal al PP. Es decir, se aviene a esperar a que pasen los últimos comicios del calendario. Pero no habrá más tiempo. Fuentes del Gobierno razonaban que si Feijóo, una vez pasadas las europeas, no opta por acordar la renovación del CGPJ la señal evidente es que "no lo hará en toda la legislatura", dado que no hay más elecciones previstas hasta febrero de 2026 —las autonómicas de Castilla y León—. Dicho de otro modo, que el PP no podrá echar mano del argumento de que hay urnas para aplazar una vez más el relevo en el órgano de gobierno de los jueces.

Habría que ver qué planteamiento tiene Europa, pero esta situación es insostenible. Si ahora no lo hacen, no lo harán durante la legislatura. ¿Dejamos que se deteriore el CGPJ tres años más?", se preguntan en el Ejecutivo

Junio, además, coincide con el final del mandato efectivo de la actual Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula von der Leyen. Pasados los comicios del 9-J, se espera que arranque la negociación de los líderes de los Veintisiete para el reparto de cargos del nuevo quinquenio. Un encaje que se empezará a abordar a finales de junio y que puede llevar varias jornadas. Acordados los top jobs, cada país miembro propondrá el nombre de un comisario, y cada uno de ellos tendrá que superar el examen (hearing) del Parlamento Europeo, de tal modo que el nuevo Ejecutivo comunitario tome posesión el 1 de noviembre de 2024 o, si hay algún retraso, un mes más tarde.

Lo que espera el Gobierno es una indicación de Bruselas para actuar si se constata que, pasadas las europeas, el bloqueo sigue. "Habría que ver qué planteamiento tiene Europa, pero mantener esta situación nos parece insostenible. Es que si ahora no lo hacen, no lo harán durante la legislatura. ¿Y qué hacemos, dejar que se deteriore el CGPJ tres años más? No se sostiene".

En el Ejecutivo incluso piensan que al PP se le puede acabar "volviendo en contra" su petición de que la Unión Europea mediara. "Ha sido evidente para ellos [para Bruselas] que nosotros estábamos por la labor de renovar, y ellos no", apuntaron las mismas fuentes. Dicho de otro modo, el Gobierno desliza que espera una señal de la UE para que le oriente cómo forzar el relevo en el Poder Judicial. La Moncloa, al menos por ahora, sí proyecta el mensaje de que quiere ir de la mano de Bruselas en un cambio de la ley. Espera que la Comisión sea comprensiva tras comprobar que quien bloquea es el PP.

Una fórmula, un posible plan b, es la rebaja de mayorías. El CGPJ se compone de 20 vocales. Ocho de ellos, entre juristas y magistrados de reconocido prestigio, elegidos, según prescribe el artículo 122.3 de la Constitución, por mayoría de tres quintos, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Los otros 12 son jueces y magistrados, y aquí la Carta Magna reserva a la ley orgánica la forma de nombramiento, y desde 1985 el Congreso vota a seis de ellos y el Senado, a los otros seis, en ambos casos también por mayoría de tres quintos. Una mayoría cualificada que exige el acuerdo de PP y PSOE. Los socialistas y Unidas Podemos presentaron en 2020 una iniciativa para hacer que bastase la mayoría absoluta para designar a los 12 vocales jueces, pero fue finalmente retirada tras recibir el Ejecutivo el toque de atención de Bruselas, ya que se ponía en cuestión la pluralidad del órgano.

En el Gobierno creen que a Bruselas no le ha gustado tampoco la actitud del PP, porque ha sido "evidente" que no quiere el relevo

La Comisión ha reiterado en estos años de bloqueo que lo urgente, lo prioritario, era proceder a la renovación del Consejo, para a continuación acometer una reforma de la ley que suponga que los miembros del turno judicial sean elegidos por sus pares, por jueces y magistrados. El PP quiere que relevo y modificación legal vayan a la par, mientras que el Gobierno se aferra a las tesis de Bruselas: primero, renovar el órgano, sin excusas ni condiciones, y luego, estudiar una reforma del sistema. Pero los socialistas insisten en que los vocales han de ser también elegidos por las Cámaras, porque todos los poderes del Estado "dimanan de la soberanía popular", todos, y recuerdan que ya la actual ley impone a los partidos que nombren a los miembros del CGPJ a partir de una lista de candidatos elevados por sus compañeros jueces. "¿Por qué quiere el PP que los jueces elijan a los jueces? Ellos entienden que en el mundo de la judicatura ellos tienen mayoría. Punto", recalcaban fuentes muy próximas a Sánchez.

Situación "absolutamente inédita"

En sus declaraciones públicas, el Gobierno no especifica los plazos que maneja, pero sí advierte de que no esperará eternamente a que el PP se avenga a pactar. Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Pilar Alegría, insistió en que si continúa "en el tiempo" el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, entonces "el Parlamento tendrá que encontrar una salida" a una situación "absolutamente inédita" en democracia.

Feijóo reconoció avances en las negociaciones y prometió no levantarse de la mesa, pero culpó a Sánchez de que no cuaje el acuerdo

Alegría no especificó cuál sería el camino por el que optaría el Ejecutivo ni si los socialistas aceptarán la rebaja de las mayorías por la que también les empuja Sumar. La ministra recalcó que el Gobierno siempre ha apostado por el pacto con el PP, que ya se estuvo a punto de cerrar tres acuerdos con ellos —dos con Pablo Casado y otro más, el último, en octubre de 2022, con Alberto Núñez Feijóo ya en Génova—, que los populares rompieron unilateralmente. Recordó que Sánchez aceptó "de buen grado" la mediación europea. "El PP, siempre que ha estado en la oposición, ha puesto constantes palos en la rueda para imposibilitar la renovación", recalcó Alegría.

Al Ejecutivo le ha indignado especialmente lo que aseguró Feijóo este lunes en esRadio. El líder del PP reconoció que hay avances en la negociación y prometió que su partido no se levantará de la mesa. Pero acto seguido culpó al propio jefe del Ejecutivo del bloqueo: "¿Pero por qué la culpa la tiene el PP, que siempre la ha hecho [la renovación]? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 40 años? Ha cambiado que Sánchez es el presidente del Gobierno". Para los socialistas, esta se trata de una excusa más, de un argumento inadmisible. "Enigma resuelto", ironizaba Bolaños en X, "el CGPJ no se renueva porque Sánchez es el presidente. Ahora todo está claro".

Resta poco más de un mes para ver si las negociaciones se reemprenden y cuajan. Y si no es así, el Gobierno dará un paso definitivo para renovar el Poder Judicial. Con el Parlamento y, confía, con el amparo de Bruselas.