Con las heridas del atentado de Barcelona todavía abiertas y mientras se van conociendo datos que ponen de manifiesto los  errores cometidos por la dirección de los Mossos, la Generalitat está lista para poner en marcha esta misma semana una operación política de alto riesgo que tiene como fin nada más y nada menos que la ruptura de Cataluña con el reino de España.

Carles Puigdemont lo ha dicho en repetidas ocasiones, está dispuesto a inmolarse con tal de cumplir su hoja de ruta. “Sólo espero volver a casa, mirarme al espejo y reconocerme en él con el convencimiento de que he hecho lo que he podido para conseguir algo a lo que me comprometí”, le dijo en la entrevista publicada ayer al director de La Vanguardia, Marius Carol.

El próximo miércoles, el Parlament de Cataluña, echando mano de un resquicio reglamentario, alterará su orden del día y aprobará la ley del referéndum y, probablemente, al día siguiente dará también luz verde a la llamada ley de transitoriedad. Un torpedo a la línea de flotación de la legalidad que será refrendado mediante un decreto que no sólo firmará Puigdemont, sino todo su equipo de gobierno.

El choque de trenes está apunto de producirse desde el punto de vista jurídico y a tan sólo una semana de una Diada que seguramente no batirá el récord de participación alcanzado en 2014, pero que los independentistas quieren convertir en la antesala del 1-O.

A diferencia de otras ocasiones, el Gobierno no se conformará tan sólo con recurrir las leyes que considera ilegales ante el Tribunal Constitucional, sino que dará un paso más: echará mano de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), lo que permitirá que el delegado del gobierno en Cataluña asuma las competencias de Interior en la comunidad autónoma, con el objetivo de impedir la celebración del referéndum por la independencia que Puigdemont se ha comprometido a celebrar el próximo 1 de octubre. Para ello, el Gobierno ya tiene diseñadas las líneas maestras del decreto que será necesario aprobar para aplicar lo dispuesto en la LSN.

Todo está listo para el choque de trenes. El miércoles, el Parlament aprobará la ley del referéndum y la pondrá en marcha mediante un decreto que firmarán todos los miembros del Govern

Al igual que Puigdemont está convencido de que “esta vez va la vencida”, Rajoy sabe que ahora no puede mirar para otro lado como hizo el 9-N de 2014.

Aunque en el seno del Gobierno hay un grupo de ministros más tibios en la cuestión catalana, la mayoría es partidaria de actuar aplicando la LSN o incluso el artículo 155 de la Constitución. “Nadie replicará a lo que disponga Rajoy sobre lo que hacer si se produce una ruptura de la legalidad. El presidente ha dicho que no habrá referéndum y no lo habrá. De eso, a nadie en el gobierno le cabe ninguna duda”, afirma una fuente del Ejecutivo.

La tensión va a ir en aumento en las próximas semanas. Pero Rajoy no quiere entrar en provocaciones. Explicará cada paso que de a sus socios europeos, que, naturalmente, ya le han mostrado su apoyo respecto al proceso separatista que quiere poner en marcha la Generalitat. “El Gobierno tiene que mostrarse firme, porque no le puede pedir contundencia a los países centrales de la UE si éstos no ven que Madrid responde con la capacidad que le otorgan la legitimidad y las leyes”, asegura un alto funcionario con responsabilidades en una importante institución europea.

¿Logrará Puigdemont su propósito de colocar urnas y obtener un resultado claro a favor de la independencia el 1-O? La respuesta casi unánime de distintos miembros del gobierno es la misma: “El presidente de la Generalitat sabe que ni en sueños conseguirá una participación y un resultado como el del 9-N”. “Lo que persigue”, añaden las mismas fuentes, “es la imagen de los Mossos o de la Policía retirando las urnas, poder decir que España no respeta la democracia en Cataluña”.

El mismo día 1 de octubre habrá una gran manifestación convocada por los colectivos que han animado el proceso independentista (la ANC, Òmnium,..) y la CUP, y respaldada por la Generalitat, para mostrar su repulsa a la actitud del Gobierno español.

A partir de ahí, la política catalana entrará en una nueva fase que tendrá como meta unas nuevas elecciones a celebrar, probablemente, en el próximo mes de enero.

El Gobierno no sólo responderá con un recurso ante el TC, sino con un decreto que se aprobará antes del 1-O,  y cuyas líneas maestras están ya redactadas, para aplicar en Cataluña la ley de Seguridad Nacional

Puigdemont es consciente de que el experimento de Junts pel Sí tiene los días contados. Si en algún sitio ha provocado nervios la reunión de Oriol Junqueras y Pablo Iglesias en casa del empresario Jaume Roures, ha sido precisamente en el Palau de la Generalitat.

Con el fracaso del 1-O como telón de fondo, Junqueras, al frente de ERC, se ve como el político llamado a asumir la responsabilidad de gestionar una nueva e intensa etapa de la política catalana. Pero, esta vez, no de la mano de la burguesía que sigue creyendo en el PDeCAT, sino al lado de la izquierda agrupada en torno a los llamados comunes.

Esa es la operación política más importante que se dibuja en el horizonte. No sólo porque creará una nueva mayoría en Cataluña, liderada por un independentista de pura cepa, sino porque ese pacto puede tener su traslación al tablero nacional, con un acuerdo que incluya al PSOE y que contemple una moción de censura liderada por Pedro Sánchez al filo de la próxima primavera y, en todo caso, tras las elecciones autonómicas en Cataluña.

El 1-O puede resultar un fracaso para Puigdemont, pero puede ser la vía para que España entierre la etapa del postfranquismo que se inició con las elecciones de 1977 y con la Constitución de 1978.