El ministro de Justicia, Rafael Catalá, llevará el próximo viernes a Bruselas a una reunión de homólogos europeos la propuesta, en principio informal, de replantear la llamada Orden de Detención y Entrega por considerar que el “caso Puigdemont” ha puesto de manifiesto que “no es ágil, no funciona”, según ha indicado el titular de Justicia este miércoles.

Un día después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiera anular la orden contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdfemont, ante el temor de que la justicia belga solo lo entregara para ser juzgado por un delito de malversación, el Gobierno admite su insatisfacción con un mecanismo nacido en 2001 para agilizar las dificultosas extradiciones de etarras, que usaban países como Francia o Bélgica de santuarios donde ocultarse.

La Orden Europea de Detención y Entrega “no es ágil, no funciona”, afirma Catalá

La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) es insatisfactoria, según ha admitido el titular de Justicia, Rafael Catalá, en una conversación con periodistas en el Congreso, donde se ha celebrado este miércoles el Día de la Constitución. El Gobierno ya llevaba tiempo temiendo que los jueces belgas no atendieran a los delitos de rebelión y sedición, entre otras cosas, porque éstos no están armonizados en el conjunto de la Unión europea y en Bélgica no tiene la misma titpificación que en España. Así lo había manifestado Rajoy en conversaciones privadas, lo que puede ser indiciario de que el Ejecutivo llevara semanas sopesando la posibilidad de abrir el debate en el seno de la UE.

Es por eso que Catalá se ha felicitado de la decisión de Llarena, que considera “inteligente y razonable”, para evitar que personas imputadas en España por los mismos delitos no pudieran ser, en cambio, juzgadas y condenadas de igual manera, que era el gran riesgo que se corría si se dejaba la entrega en manos de la justicia belga.

La reforma puede pasar por incrementar el listado de delitos de la OEDE

Aunque los procesos legislativos en la Unión “son largos”, lamentan fuentes gubernamentales, creen que es necesario incrementar el listado de delitos de la OEDE para agilizar los mecanismos de cooperación jurídica, basados en la confianza mutua entre países miembros. De hecho, la orden europea se cumplimenta siguiendo un formulario y no debe acompañarse de documentación adicional. Del listado de delitos, el de malversación de fondos públicos podía inscribirse en el genérico de “corrupción”, pero rebelión y sedición no tenían encaje en dicho índice.

Este viernes tiene lugar en Bruselas un Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, llamado JAI, de la UE. Está formado por los ministros de Justicia y Asuntos de Interior de todos los Estados miembros de la Unión. Y aunque no está previsto en la orden del día hablar de este asunto, Catalá lo quiere suscitar como primer paso para replantear una orden que se ha demostrado fallida para traer a España a Puigdemont y a los otros cuatro ex consejeros autonómicos fugados.

De hecho, señalan en el Gobierno que la decisión de Llarena, con ser judicial, ha “desactivado políticamente” a Puigdemont, que no puede pisar España sin ser detenido para que comparezca ante el juez. Curiosamente, creen que es el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, el que puede sacar más réditos de su actual situación. Todavía en prisión, Justicia cree que el dirigente independentista “juega a no pasar por el aro como ha hecho Carme Forcadell”, que también va en su lista. Se trata de usar la cárcel como argumento de campaña, por lo que creen que su estrategia de defensa pasa, precisamente, por no ser excarcelado.