El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado retirar las órdenes europeas de detención que había dictado la Audiencia Nacional contra el ex president de la Generalitat Carles Puigdemont y los ex consellers que permanecen con él en Bélgica (Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí), ante el riesgo de que las autoridades judiciales belgas entreguen a los fugados para que respondan sólo por alguno de los delitos por los que han sido reclamados y aquéllos no puedan ser investigados por todos. Ello dejaría en “peor derecho” al resto de consejeros imputados en la causa por rebelión que no han eludido la acción de la Justicia.

Por el momento, el ex jefe del Ejecutivo catalán descarta regresar a España, al entender que sería detenido a su vuelta, según han informado a Europa Press fuente de su defensa.

En un auto dictado este martes, el magistrado comunica la decisión tras conocer que la Fiscalía belga ha cerrado la posibilidad a que Puigdemont y los antiguos miembros de su gabinete que le acompañan en la huida sean investigados en España por alguno de los delitos que les imputaba la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando tramitó la euroorden, como el de prevaricación. Tras la comparecencia de este lunes, el tribunal belga tiene previsto comunicar el próximo 14 de diciembre si accede a la petición -la entrega por rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos- y por la comisión de qué delitos concretos tan sólo pueden ser perseguidos en España.

Las defensas del ex president y de los ex consellers han tratado de hacer ver ante el tribunal belga que el delito de rebelión que la juez Lamela imputaba a sus representados no tiene equiparación directa en el Código Penal belga y que, de ser aquéllos entregados, no tendrían para un  proceso justo en España.

Pablo Llarena da marcha atrás después de que los investigados “parecen haber mostrado su intención de retornar a España” para tomar posesión eventualmente de sus actas como diputados, dado que los cinco concurren a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y ocupan puestos de salida en las listas (Puigdemont y Ponsatí, números uno y tres de Junts per Catalunya (JxC) por Barcelona; Puig, número dos de JxC por Girona, y Serret, cabeza de cartel de ERC por Lleida). Ello conllevaría automáticamente su detención y puesta a disposición judicial.

El instructor considera que los hechos que se investigan son de “naturaleza plurisubjetiva” y que la depuración de las responsabilidades penales ha de llevarse a cabo “de manera unificada”, a fin de evitar la ruptura de la continencia de la causa y conjurar el riesgo de respuestas “contradictorias y divergentes”. Es por ello por lo que el magistrado del Tribunal Supremo pidió a la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional que se inhibiera en su favor del conocimiento de los hechos contra los miembros del Govern.

“El actual mantenimiento de las órdenes de detención, lejos de facilitar un adecuado desarrollo del proceso, puede introducir una restricción de efectos sustanciales, pues al ser posible que el Estado requerido deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se está posibilitando una restricción del título de imputación para los investigados que se encuentran fugados, lo que -de acontecer- dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este Tribunal”, argumenta Llarena.

El juez Llarena trata de evitar que los ex ‘consellers’ que no han eludido la acción de la Justicia sean investigados por más delitos que los que sí se han fugado

En opinión del juez, de no corregirse esta situación podría generarse una “distorsión sustantiva” a las defensas de los encausados que sí han respondido a la citación de los tribunales y que serían investigados y eventualmente enjuiciados por todos los delitos pese a tener menos responsabilidad en los hechos que el ex presidente de la Generalitat. Expresado en otras palabras, les dejaría en “peor derecho” que a los fugados.

El Tribunal Supremo anuncia su decisión de comunicar “inmediatamente” esta decisión a las autoridades policiales y judiciales belgas, a fin de que devuelvan el formulario cursado por la juez de la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre. Ello hará que el juzgado de Bruselas no tenga ya que pronunciarse.

Casi 40 días fuera de España

Puigdemont y sus cuatro ex consellers suman ya casi 40 días fuera de España. Tras viajar en coche hasta Marsella y allí tomar un vuelo a la capital belga, el ex presidente de la Generalitat y cuatro de sus antiguos consejeros se fugaron el pasado 30 de octubre, días después de que el Parlament declarara la independencia de Cataluña y de que el Gobierno comenzara a aplicar el paquete de medidas autorizado por el Senado en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Igualmente, la marcha se producía horas antes de que la Fiscalía General del Estado interpusiera sendas querellas contra los integrantes del Govern -ante la Audiencia Nacional- y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán -ante el Tribunal Supremo al gozar de aforamiento los denunciados- que permitieron la tramitación de la iniciativa que dio pie a la declaración de independencia por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Esas acciones del Ministerio Público se han acumulado en un único procedimiento que instruye el alto tribunal.