El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha salido del guión al anunciar la disolución del Parlament para convocar elecciones catalanas el próximo jueves 21 de diciembre. No se salta, en puridad, su primera propuesta de convocar a los catalanes ante las urnas en un periodo no superior a seis meses, pero eran muchos en su partido y en su Gobierno los que entendían que no se daban las condiciones para ir a unos comicios tan pronto, en plena intervención del 155 y con los independentistas celebrando en las calles el advenimiento de la república catalana.

La verdad es que ha debido sorprender a los propios secesionistas, con un Carles Puigdemont y un Oriol Junqueras cesados de su cargo y a punto de ser acusados del delito de rebelión por la Fiscalía, que tienen muy difícil volver a encabezar una candidatura en esas condiciones, todo ello en el caso de que acepten la convocatoria por parte del Gobierno central y decidan no presentarse a las elecciones. Entra así Cataluña en campaña electoral sin que se haya normalizado ni de lejos la situación política, aunque se limita sin duda la interinidad a la que obligaba la aplicación del 155.

Serán “unas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia” en Cataluña

Rajoy ha defendido en una declaración tras la reunión del Consejo de Ministros  que se tratará de unas “elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la Comunidad Autónoma. Cataluña debe conciliarse con la ley” para agregar que “nunca hemos querido llegar a esta situación ni prolongar esta excepcionalidad”. De hecho, ha admitido lo que todos sabían, esto es, que “nunca hemos querido suspender la autonomía, sino devolverla a la legalidad y a la concordia”.

 

Con el adelanto electoral da además satisfacción a los líderes de PSOE y, sobre todo, de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, respectivamente, que habían reclamado comicios en un corto periodo. Se habló de finales de enero, lo que fue rechazado por el mismo Ejecutivo que este  viernes, de manera sorpresiva, los ha convocado para un jueves de diciembre. Rajoy ha estado en contacto con ambos para pactar la propuesta. De hecho lo ha reconocido públicamente: “Quiero dar las gracias al PSOE y a Ciudadanos, a Pedro Sánchez y a Albert Rivera. Estas medidas han sido apoyadas por todos y algunas propuestas por ellos”.

Por lo demás, se ha mantenido fiel al guión con algunos añadidos nada desdeñables. Ha anunciado cinco decretos leyes, dos de ellos, de destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otro que afecta al resto de los miembros de Govern con Oriol Junqueras a la cabeza, que dejarán de tener cargo y firma. Sus funciones, desde hoy mismo, las asumirá cada uno de los ministerios, según establece un tercer decreto.

Con el cese de los cargos políticos de la Consejería de Interior la continuidad de Trapero era cuestión de horas

Se dan por extinguidas las oficinas del presidente y vicepresidente, el Consejo de Transición Nacional, así como las delegaciones en el extranjero, esto es, las famosas “embajadas” y el Diplocat. También se cesa a los delegados de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, y Madrid, Ferrán Mascarrell, además del secretario general del Departamento de Interior, Cèsar Puig, y el director general de la policía autonómica, Pere Soler. Con estas destituciones se abría la puerta a la salida del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, en cuestión de horas, como así ha sido. Pero no solo, hay otro decreto de sustitución de personal que puede afectar a más de 150 cargos de confianza de los dirigentes cesados.

“Estamos viviendo una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley”, ha lamentado Rajoy para pasar a defender que el Estado “dispone de medios suficientes para, con el respaldo de la ley y la razón, de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad legal y disolver las amenazas”. Esas amenazas son, entre otras, “el secuestro inadmisible de la mayoría de los catalanes y el hurto de una parte de su territorio al conjunto de los españoles”

Asimismo, el Gobierno recurrirá  el lunes ante el Tribunal Constitucional, en incidente de ejecución, el acuerdo tomado este viernes por el Parlamento catalán de proclamar una república que los países de la Unión Europea además de Estados Unidos se han apresurado en aclarar que no van a reconocer. La declaración de independencia se ha aprobado con 70 votos a favor, 10 en contra, 2 en blanco y la ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PP.

El Gobierno presentará este lunes ante el TC recurso contra el último acuerdo del Parlament

Las medidas tomadas tienen como objetivo “restituir un autogobierno que ha sido liquidado por un cadena de arbitrariedades. Son pasos necesarios e indispensables para devolver la legitimidad democrática”, ha afirmado Rajoy, para agregar que “se han impuesto los partidarios de cuanto peor y mejor” liquidando el tradiconal catalanismo pactista.

La independencia es para Rajoy “desgarradora, triste y angustiosa. Es lo que sienten muchos catalanes incluso independentistas demócratas”, todo ellos, marcado por la “mentira y el fraude”. No se trata, ha insistido de suspender el autogobierno, “ni de intervenirlo ni de recortarlo sino de devolverlo a la normalidad”.

TV3 estará bajo control de la Junta Electoral Central

La aplicación del artículo 155 ha sido aprobada esta misma tarde por el Senado, que ha introducido algunas matizaciones al texto original aprobado el pasado sábado por el consejo de ministros. Entre otras cosas, se ha caído del redactado final el control editorial sobre los medios públicos como TV3 y Catalunya Radio.  Pero la convocatoria de comicios las pone bajo el control de la Junta Electoral Central. También tiró abajo el control sobre el Parlament, cuya Mesa no estará obligado a remitir al Gobierno las iniciativas a tramitar, ni deberá esperar a la aprobación del Estado para proceder a su discusión. Decisión esta última que se entiende a la luz de la convocatoria electoral. De hecho, el Parlament está disuelto y será su diputación permanente la que lleve las tareas del día a día, con competencias limitadas hasta que se se conforme la nueva Cámara resultante de las elecciones del 21 de diciembre. El último giro de guión de una jornada histórica.