El control de la radiotelevisión pública catalana (TV3) quedará finalmente fuera del ámbito de aplicación del artículo 155 de la Constitución, según el acuerdo adoptado este viernes por el pleno del Senado en relación con las medidas que había solicitado el Gobierno para restituir el orden constitucional y garantizar el interés general en Cataluña ante el desafío independentista.

En la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros el pasado sábado como paso previo a su envío a la Cámara Alta para su preceptiva autorización, el Ejecutivo de Rajoy planteaba asumir la gestión de los canales de radio y de televisión de la Generalitat de Cataluña a fin de transmitir una “información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial”. La medida iba encaminada también a asegurar el respeto de los “valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña”.

Era una de las propuestas más controvertidas, como demuestra la contestación que recibió tanto de formaciones políticas como de organizaciones profesionales de periodistas. En el acuerdo del Senado publicado en la tarde de este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), queda eliminado ese párrafo en el apartado de medidas relativas al ‘Área de Telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales’.

La Cámara Alta también tumba la pretensión de limitar la actividad del ‘Parlament’ por considerarla “contraria a la Constitución”

“Se excluyen de la aprobación del Senado las previsiones del último párrafo de este apartado respecto al ejercicio de las facultades de la Generalitat en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual”, se lee en la resolución enviada por el presidente del Senado, Pío García-Escudero, al BOE.

El paquete de medidas diseñado por la Moncloa ante la negativa del Govern a renunciar a la declaración de la independencia, y que en gran medida ha sido respaldado este viernes por el 80% de los senadores, persiguen cuatro objetivos: “Recuperar la legalidad, volver a la normalidad, continuar con el crecimiento económico y celebrar elecciones”.

La iniciativa de más calado es la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de integrantes del Ejecutivo autonómico. El ejercicio de las funciones que venían desempeñando estos altos cargos pasa a corresponder al “Gobierno de la nación o a los órganos o las autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la nación”.

Autoridad gubernativa estatal

En cuanto a funciones al Parlament, el Senado poda alguna de las limitaciones que Rajoy pretendía aplicar a la Cámara autonómica. El Gobierno pretendía que, cuando se presentaran proposiciones de ley, propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía o del Reglamento del Parlamento o enmiendas a las iniciativas legislativas, la Mesa ordenara su remisión a la autoridad que a tal efecto designara el Ejecutivo de la nación. También pretendía bloquear el debate y votación de dichas iniciativas hasta que éstas no recibieran la conformidad por parte de la citada autoridad gubernativa estatal. La Cámara Alta tumba ambas propuestas por considerarlas “contrarias a la Constitución”.

En relación la con la propuesta inicial, el acuerdo que ha salido del Senado también incluye la obligación del Ejecutivo a “hacer una utilización proporcionada y responsable” de las medidas y a modular su aplicación en caso de producirse en la situación provocada por el órdago del Govern y el Parlament “u otras circunstancias que así lo aconsejen”.