El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió hacer caso omiso a la petición de la Fiscalía y acordó que la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pueda eludir la prisión depositando una fianza de 150.000 euros. El Gobierno respira tranquilo porque la libertad de la ex presidenta de la ANC y del los cinco ex miembros de la Mesa que propiciaron la votación de la declaración unilateral de independencia (DUI) relaja la tensión política y social de cara a las elecciones del 21 de diciembre.

Sin embargo, la Fiscalía, que había solicitado prisión incondicional para ella y tres ex miembros más de la Mesa (Luis Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó), queda desairada, ya que el juez ha dado por buena la argumentación de los encausados en el sentido de aceptar la aplicación del artículo 155 y, al mismo tiempo, de considerar que la declaración de independencia fue tan sólo un gesto “simbólico”.

Tras la vistilla, en el turno de última palabra, los ex miembros de la Mesa reiteraron al magistrado su disposición a desvincularse de dicha declaración.

La decisión del Supremo plantea un conflicto con la Audiencia Nacional: ¿Es justo que Junqueras y los ex miembros del Govern sigan en prisión?

Llanera ha reclamado también la causa que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Forcadell por desobediencia y prevaricación y es muy probable que reclame en los próximos días la causa que ahora instruye la Audiencia Nacional contra los ex miembros del Govern, siete de los cuales, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, se encuentran en prisión desde el pasado 2 de noviembre.

La decisión adoptada pasadas las 22 horas del día 9 (se cumplían tres años de la consulta del 9-N) va a generar gran polémica. La Fiscalía había insinuado que estaría muy atenta a los argumentos de los encausados y que tendría en cuenta su disposición a acatar la Constitución para acordar las medidas cautelares. Pero Forcadell no ha llegado a tanto. Sencillamente ha constatado su acatamiento del 155, dado que no se resistió a aplicarlo y disolvió el Parlament, y que la DUI era una declaración más formal que efectiva, ya que sólo figuraba en el preámbulo del texto que fue aprobado el pasado 27 de septiembre.

La Fiscalía entendió, por tanto, que ese giro en su estrategia de defensa no era suficiente como para rebajar su petición de prisión incondicional. No le faltaban argumentos. El pasado miércoles, el Tribunal Constitucional acordó por cuarta vez deducir testimonio contra Forcadell por su decisión de tramitar la DUI, lo que demuestra, según el Pleno del TC, “la contumaz voluntad de esa Cámara” en la vulneración del orden constitucional.

En el plano jurídico, por tanto, hay una diferencia esencial entre la posición de la Fiscalía y la del Supremo. Pero es más, hay una cierta contradicción entre la situación de los encausados protegidos por el aforamiento y los que no lo están y que están siendo juzgados por la Audiencia Nacional. Horas antes de que se conociese la decisión del Supremo, la Sala Penal de la Audiencia Nacional había decidido rechazar el recurso de los Jordis para salir de prisión esgrimiendo el riesgo de fuga en base a la huida de Carles Puigdemont a Bruselas.

La decisión de Llanera va a poner en bandeja al independentismo la campaña para que se ponga en libertad a los ex miembros del Govern: ¿Tiene sentido que sigan en prisión cuando, por los mismos hechos, los ex miembros de la Mesa del Parlament pueden eludir esa dura medida cautelar?

A diferencia de Lamela, el magistrado Llarena concedió una semana más a los abogados de los imputados para que pudieran preparar su defensa. Ahora, permite su puesta en libertad. Dos tribunales juzgan sobre los mismos hechos y, sin embargo, adoptan decisiones distintas. La juez de la Audiencia concuerda con la opinión de la Fiscalía, mientras que Llanera sigue un criterio distinto.

Mientras Forcadell dice que la declaración de independencia fue sólo simbólica, sus colegas de ANC y Òmnium convocan una manifestación bajo el lema: “Somos República”

Esa diferencia va a actuar no sólo a favor de la liberación de los ex miembros del Govern, sino que va a acrecentar la sensación de que la Justicia es distinta depende de quien la administre. Es verdad que Forcadell y los ex miembros de la Mesa han respondido a todas las preguntas y han seguido una estrategia que les sitúa dentro de los límites de la ley. Pero ¿qué crédito tiene ese cambio de posición?

Forcadell no sólo ha sido una de las históricas promotoras de la DUI (desde la ANC y desde el Parlament), sino que hace tan sólo un par de semanas se comprometió a “no dar un paso atrás”.

Mientras que la dirigente independentista modera su lenguaje ante el juez y trata de hacernos creer que el 27 de octubre no pasó nada, sus compañeros de la ANC y de Òmnium han convocado una gran manifestación el próximo sábado en Barcelona bajo el lema: “Libertad presos políticos. Somos República”.

¿A quién engaña Forcadell?: ¿A sus colegas del movimiento independentista o al juez del Tribunal Supremo?