El ingreso en prisión de Oriol Junqueras y de siete ex consellers de la Generalitat acordado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y la orden de detención contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro consellers que le acompañan en su huida a Bélgica, supone un salto cualitativo en la respuesta del Estado de Derecho al desafío independentista.

Hay que distinguir entre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es una decisión del gobierno, refrendada por el Senado y que cuenta con un amplio apoyo político (PSOE y Ciudadanos); y otra, la que le corresponde a la Justicia en respuesta a la comisión de posibles graves delitos. En este segundo plano se enmarcan los procesos que instruyen la Audiencia Nacional (para los imputados que no están aforados), y el Tribunal Supremo (contra Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlament que dieron vía libre a la votación del texto que declaró la república independiente de Cataluña). Lo más probable es que ambos procesos judiciales terminen confluyendo en el Supremo, ya que se trata de los mismos hechos.

Aunque parece una afirmación de perogrullo, hay que insistir en que las decisiones adoptadas por la Audiencia o las que en su día determine el Supremo no tienen nada que ver con la aplicación del 155, ni, por supuesto, con una decisión del gobierno.

Y es importante hacerlo porque el independentismo las ha situado en el mismo plano, como si Mariano Rajoy tuviera la capacidad de decidir lo que han de hacer los jueces de la Audiencia y del Supremo. No sólo el independentismo, también Podemos se ha situado en ese mismo nivel de estulticia  al considerar a los detenidos como “presos políticos”. No se juzgan ideas, perfectamente legítimas, sino el reiterado incumplimiento de la ley de los encausados.

La dificultad para entenderse con los independentistas no proviene sólo de que sus tesis contravienen la legalidad, sino de que no conciben un Estado en el que funciona la separación de poderes. Lo vimos claramente en la rueda de prensa de Puigdemont el pasado martes en Bruselas cuando reclamó garantías al gobierno sobre “un juicio justo”.

La eventual victoria de los partidos independentistas en las elecciones autonómicas del 21-D no les da derecho a vulnerar la Constitución.

El independentismo, noqueado tras la aplicación del 155, encuentra ahora una causa potente a la que agarrarse para movilizar a los ciudadanos contra el gobierno. Lo que se pone en marcha, a partir de ahora, es un auténtico pulso en el que se va a comprobar no sólo la fuerza de las organizaciones de masas (ANC y Òmnium), sino su disposición a mantener el movimiento en los cauces del pacifismo.

A pocas semanas de las elecciones, ERC, el PDCat y la CUP disponen de un argumento contundente para mantener la mayoría en el Parlament. “Madrid ya no sólo rechaza de plano la independencia, sino que suprime las instituciones de la autonomía catalana y detiene a sus legítimos gobernantes”: ya tienen hecha la campaña.

Ciudadanos, el PSC y el PP van a tener que aplicarse a fondo en la pedagogía. Casi la mitad de la población en Cataluña va a estar dispuesta a tragarse esa papilla argumental, aunque los promotores de la DUI le hayan engañado, hayan provocado una enorme fractura social y, además, la salida de más de 2.000 empresas.

La labor tiene que comenzar por algo tan sencillo como explicar para qué sirven unas elecciones autonómicas. El independentismo ha planteado el 21-D claramente como un plebiscito sobre la independencia y la aplicación del 155. Es decir, como una oportunidad para lograr la república por otros medios.

Cuando Puigdemont retó en Bruselas a Rajoy a aceptar el resultado de las elecciones se estaba refiriendo justo a eso. Si ganan los independentistas, ya no habrá duda de que la mayoría quiere la independencia y al Estado no le quedará más remedio que aceptarla.

Pero, la posible victoria de los partidos independentistas el 21-D no les da derecho a saltarse la Constitución. Podrán gobernar y, desde la legalidad, promover la proclamación de la República impulsando la modificación de la Carta Magna. Pero nada más.

La aplicación del 155 concluye, en efecto, el 21 de diciembre, pero si el gobierno de la Generalitat repite la jugada, el gobierno estará obligado a defender la unidad de España y la Constitución. No le quedará otra opción.